Hay una cargada mediática en contra del sector privado por exigir al gobierno que cumpla con su papel de restablecer el estado de derecho en una parte del país, como si estuviera pidiendo un privilegio.

De la noche a la mañana se esparce por medios de comunicación y actores políticos un lenguaje persecutorio hacia los empresarios como no lo veíamos desde las épocas de Luis Echeverría y López Portillo.

Linchan a la IP porque está siendo afectada por las acciones delictivas de la CNTE. Una locura.

A los empresarios les bloquean el transporte de sus productos que en condiciones adversas fabrican, y resulta que los culpables son ellos por decir que necesitan garantías legales para hacer su trabajo, crear actividad económica y dar empleos.

Vivimos el mundo al revés: cerrar carreteras y vías de ferrocarril está bien visto, y pedir certeza jurídica es una blasfemia contra la democracia.

En la primera plana de medios nacionales hemos visto que la CNTE reprende a los empresarios porque “le echan leña al fuego”. Agregan: “deben ser más conscientes y propositivos en lo que dicen” (Enrique Enríquez, dirigente de la sección 9).

Mundo al revés: la CNTE le pide al sector privado ser “conscientes y propositivos”.

Para el líder del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, cumplir con el fisco está en la Constitución, por lo que “el punto de vista del sector productivo es jurídicamente inviable”.

¿Y robar camiones está en la Constitución?

Daños y bloqueos a las vías de comunicación, ¿no violan la Carta Magna?

Secuestrar personas (policías y funcionarios) ¿lo permite la Constitución?

El libre tránsito de personas, ¿no está garantizado por la Constitución?

La dirigencia del sector privado nunca ha llamado a no pagar impuestos, sino que ante la falta de condiciones para producir y transportar, algunos empresarios podrían declarar en ceros. ¿Dónde está el delito?

Ahí subyace, eso sí, un fuerte reproche, pero asistido por la razón.

¿Cómo es posible que tan sólo en Michoacán los normalistas tengan 180 vehículos en su poder, robados?

Que en Oaxaca una turba de la CNTE asalte una agencia Nissan y se roben coches con cero kilómetros.

O que en Chiapas incendien camiones de pasajeros, nuevecitos, porque los maestros no quieren ser evaluados.

En las casetas de cobro tomadas por la Coordinadora no dejan pasar a los camiones que transportan mercancías de empresas trasnacionales.

¿Quién delinque?

Los delitos los comete la CNTE y les instalan mesas de diálogo, y negocian mientras ellos siguen delinquiendo.

Está bien, que dialoguen para resolver el conflicto.

Pero todos sabemos que la crisis está construida de manera intencional y sobre bases falsas: con la reforma educativa no hay tal privatización de la educación pública ni está en riesgo la estabilidad laboral de los maestros que no pasen los exámenes de evaluación.

El SAT está en su papel al decir que declarar en ceros es delito, pero así como instalan mesas de diálogo para los vándalos, ¿no podrían responder con un mecanismo similar para atender a comerciantes, hoteleros y empresarios en general, ahorcados por las ilegalidades de la CNTE?

Vivimos, desde hace años, urgencia de crecimiento económico y para ello no hay recetas mágicas: para que haya empleo tiene que haber inversión. Y para que haya inversión se necesita certeza jurídica, no linchamientos por exigirla.

Twitter: @PabloHiriart