Hay presencia de más de 100 elementos de la Marina, el Ejército y policía Morelos
El municipio cedió el control de su seguridad al estado para que la CES se haga cargo
En el municipio de Puente de Ixtla los negocios recortaron sus horarios de servicios por miedo a los tiroteos, reconoció la alcaldesa Claudia Mazari Torres. Aunque mencionó que más de 100 elementos de la Secretaría de la Marina, del Ejército Mexicano y de la policía Morelos realizan operativos de seguridad en la localidad.
En entrevista, aceptó que derivado de los enfrentamientos entre bandas criminales disminuyó la movilidad poblacional en las calles y se redujeron horarios de negocios, pero aseguró que Puente de Ixtla cedió el control de su policía al estado para que la Comisión Estatal de Seguridad se haga cargo de las tareas de prevención del delito.
“Es un tema muy delicado, estamos trabajando con la Marina y con la CES para que los ciudadanos puedan hacer sus denuncias anónimas y se brinde toda la seguridad a la ciudadanía, estamos trabajando con detenciones importantes en Puente de Ixtla interviene todas las agrupaciones de seguridad para bajar los índices de delincuencia”, dijo la alcaldesa.
En la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Morelos, la semana pasada, el gobierno federal ofreció incrementar el apoyo en materia de seguridad, a fin de abatir delitos de alto impacto que asuelan a Morelos.
En esa ocasión, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, recordó que en Morelos se instalaron dos cuarteles de la Guardia Nacional el año pasado, mientras que en el actual, la previsión es que aquí se llegue a la cifra de 15. Esto, para atacar principalmente actividad criminal ligada con el narcotráfico, como los homicidios dolosos, el robo de vehículo y el narcomenudeo.
Deudas
En otro tema también preocupante para Puente de Ixtla y su gobierno, la alcaldesa informó que las deudas de municipio en pago de laudos laborales ante al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (Teca) y sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) es superior a los 300 millones de pesos.
Aceptó que varias estas sentencias la ponen en riesgo de destitución, pero comentó que “se está atendiendo con el equipo jurídico”.