La paranoia del Fiscal Anticorrupción
El trastorno de personalidad paranoica (PPD, por sus siglas en inglés) es una afección mental en la cual una persona tiene un patrón de desconfianza y recelos de los demás en forma prolongada.
Así define la enciclopedia médica a la paranoia, en tanto que otro diccionario digital dice que es “un trastorno mental por el cual las personas tiene un profundo miedo y desconfían de las otras personas. Una persona paranoide puede creer sin motivo que la gente está tratando de dañarla”.
Sin ser psiquiatra ni psicólogo, advertimos rasgos paranoicos en el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Juan Salazar Núñez desconfía hasta de su propia sombra.
Así lo han constatado los abogados y servidores públicos que han tenido la necesidad de acudir a las instalaciones de la FECC en la calle Tepozteco de la colonia Reforma.
Si usted, estimado lector, ha pasado por ese lugar, verá que siempre hay dos o más hombres armados afuera y que la puerta siempre está cerrada.
Actuarios tanto estatales como federales se quejan de que aún ellos como servidores públicos son obligados a esperar en la banqueta bajo el rayo del sol mientras el personal de seguridad privada informa a sus superiores que hay un notificador, y después de varios minutos ya los dejan pasar para hacer su labor. De los denunciantes ni hablamos, pues ellos tienen que esperar más tiempo para ver si hay algún agente del Ministerio Público que los pueda atender.
Pero eso es lo de menos. Realmente nos resulta intrascendente que el fiscal Salazar llegue a los restaurantes viendo para todos lados y que se retire rápidamente cuando advierte la presencia de un periodista –por ejemplo-.
A lo que nos referimos es que la paranoia del Fiscal Salazar Núñez no solamente es de forma, sino de fondo.
Hace un par de semanas, el fiscal se aventó la puntada de “retener” a una funcionaria del Órgano Interno de Control de la Fisca-lía General de Justicia. Sólo sabemos que la abogada se llama Lilian, y que la privó de su libertad para obligarla a que su jefe, Felipe Velarde, acudiera en su auxilio y detenerlo también a él.
Inferimos que el delito de Felipe Velarde fue haberse atrevido a hacerle alguna revisión a los gastos del fiscal anticorrupción, en cumplimiento a alguna de las facultades que establece el artículo 130 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado: Planear, programar y efectuar auditorías, inspecciones o visitas a las diversas áreas administrativas que integran la Fiscalía y coadyuvar con la Entidad de Auditoría y Fiscalización en los casos que le indique respecto de la Fiscalía; II. Presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente por la presunción de actos constitutivos de delito imputables a los servidores públicos de la Fiscalía; III. Requerir a las unidades administrativas de la Fiscalía, la información necesaria para cumplir con sus atribuciones; IV. Intervenir en la elaboración de actas entrega – recepción en términos de la normativa, y V. Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Lo que al parecer ignoraba Juan Salazar Núñez es que la abogada a la que intentó sujetar a un proceso penal es esposa nada menos que del director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso Local, el doctor en Derecho Francisco Rubén Sandoval Vázquez, quien tiene el reconocimiento y la estima de la mayor parte de los diputados.
El fiscal anticorrupción debería pedirle una disculpa al doctor Sandoval y a su esposa por las horas que la mantuvo retenida en las instalaciones de la FECC cuando ella sólo cumplía con su deber, so pena de que cuando lo vea le aplique un correctivo al estilo Will Smith en la entrega de los premios Oscar.
¿A quién buscará meter a la cárcel ahora el ex consejero jurídico de Graco Ramírez? Ya intentó hacerlo con la encargada de despacho de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, América López Rodríguez que también se atrevió a intentar fiscalizar los manejos financieros de la Fiscalía General de Justicia.
Luego, pretendió poner bajo proceso al presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, Roberto Coranguez Esquivel, y a su secretario técnico, Alejandro González Chevez; detuvo al abogado de la titular de la ESAF y últimamente judicializó una carpeta de investigación en contra del ex secretario de Obras Públicas de este gobierno, Fidel Giménez-Valdez por presunta falsificación de documento (mismo que estaba siendo utilizado para imputarle delitos a los funcionarios de Graco Ramírez).
En los últimos meses Juan Salazar Núñez ha pretendido dar muestras de que no es cierto que está protegiendo a su ex jefe, sin embargo, como lo hemos mencionado en este espacio, no hay elementos de peso para que el secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, ni el ex tesorero Armando Sanders, pudieran pisar la cárcel. Sólo estarán yendo a firmar por meses, o años.
Sólo hay dos ex servidores públicos de la anterior administración que han pisado la cárcel: un ex funcionario menor de la Secretaría de Movilidad y Transportes y la que fuera secretaria de Obras Públicas en el gobierno de Graco Ramírez, la arquitecta Patricia Izquierdo.
De ella, quienes la conocen aseguran que es una víctima de las circunstancias, o de su exceso de confianza, pues su nivel de vida ni siquiera es ostentoso, por lo que consideran que “el hilo se cortó por lo más delgado” y que los que realmente se hicieron millonarios en la pasada administración ni siquiera han sido molestados y hoy disfrutan de lo que se robaron.
Volviendo al tema del fiscal anticorrupción, veremos a quién quiere intimidar ahora con la amenaza de iniciarle una carpeta de investigación, y mandarle a sus agentes con armas largas para dejar una notificación como acostumbra. Y todavía le faltan cinco años en el cargo.
HASTA EL LUNES