II. No me ayudes, compadre. Alberto Mojica Toledo, diputado local de Morelos, intentó ayudar a Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca. Aseguró que si van a hacer acusaciones en contra del edil, deben de presentarse pruebas o, de lo contrario, todo quedará como un simple caso de revanchismo. El legislador afirmó que la ruptura entre Blanco y la familia Yáñez ha detonado acusaciones que, hasta ahora, sólo generan incertidumbre. Señaló que el control del ayuntamiento no se encuentra, realmente, en manos del exfutbolista, sino de Julio y Roberto Yáñez. Dicen en el PSD que se arrepienten de haber apoyado a Blanco. ¿Y qué esperaban? ¿Al estadista del siglo?
I. Rarezas. A pesar de que judicialmente el caso del exvocero de Guillermo Padrés está bastante claro y no quedan dudas en la acusación de extorsión que hicieron algunos medios sonorenses, no falta el que pretenda llevar agua a su molino. Resulta que al parecer, como dicen los abogados, el intenso activismo de la esposa del exvocero sí tiene padrino y lo usan desde el centro del país. Habría que averiguar más detalles, para saber desde qué oficina de la Oficialía Mayor están usando el dolor de la esposa de Jorge Morales de ver a su marido preso y qué intenciones se asoman. La historia es sobre los más corruptos de Sonora. ¿Por qué protegerlos?
III. Otro cuento sin final. Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, se comprometió ante diputados y senadores a que serán llevados a la justicia los responsables de los hechos violentos de Nochixtlán, Oaxaca, ocurridos el 19 de junio que derivaron en la muerte de ocho personas. Junto con Enrique Francisco Galindo, comisionado de la Policía Federal, comparecieron ante la Comisión Permanente del Congreso; señalaron que los 574 uniformados que participaron en los hechos están a disposición de la PGR para su investigación, al igual que los civiles involucrados. Los muertos no son responsabilidad de los policías. Los primeros disparos se originaron del lado de los pobladores. Justicia pronta y expedita o el tema se eternizará.
IV. Hartazgo. En Oaxaca por no haber actuado en contra de las manifestaciones de los maestros disidentes, quienes desde hace 13 semanas mantienen ocupado el Zócalo de la ciudad, organizaciones de empresarios y habitantes afectados protestaron afuera de la casa oficial del gobernador Gabino Cué, donde pegaron cartulinas con mensajes de inconformidad. Los afectados exigieron al gobierno federal que acuda a Oaxaca para comprobar la crisis económica provocada por la disidencia magisterial. Es claro que una vez más Cué fue rebasado por las circunstancias. Dicen que los empresarios del estado aún creen que el gobernador podrá solucionarlo, otros sugieren unirse e ir a desalojar a los vándalos. El dilema está en el aire. ¿Y la ley? De vacaciones.
V. La burla. Sorpresa. A pesar de que, presumiblemente, se estableció en la averiguación previa, que Roberto Francisco Ávila Quiroga, exdirector de Auditoría Fiscal del SAT en Sonora, generó un daño patrimonial al erario, superior a mil 700 millones de pesos, el juez de Distrito lo dejó en libertad con una fianza de 20 mil pesos. Ridícula cantidad, para este efecto. Darío Figueroa Navarro, delegado de la PGR en Sonora, anunció que esta fiscalía y el MP federal interpusieron un recurso de apelación a la decisión del juez, al considerar que la multa es mínima en relación con el monto defraudado a la Secretaría de Hacienda a través de los llamados moches fiscales del exmandatario panista Guillermo Padrés. Otro caso de la impunidad de los jueces mexicanos. ¿Para quién trabajan?