El sigilo de la FGR
La detención de Mario Alberto Oliva Ruiz, quien fuera director de administración de la Secretaría de Salud en el sexenio 20062012, tiene dos significados: el primero es que la compra de medicamentos es un excelente negocio que hace caer en la tentación de la corrupción a muchos, y el segundo es que la justicia es lenta, pero finalmente llega, de ahí que no se pierdan las esperanzas de que en algunos años caigan los que encabezaron el sector salud del 2012 al 2018.
De acuerdo a nuestras fuentes, Oliva Ruiz estaba confiadísimo en que ya había logrado zanjar ese problema al obtener una resolución favorable en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Y es que de acuerdo a una nota publicada en La Unión de Morelos y firmada por nuestra compañera Maciel Calvo, por unanimidad, el Pleno del TFJA declaró la nulidad lisa y llana a la resolución emitida el 6 de octubre de 2020 por la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF, por la prescripción de la responsabilidad atribuida a Oliva Ruiz, quien ocupó el cargo en los SSM durante los últimos meses de la gestión del gobernador panista Marco Antonio Adame Castillo.
De acuerdo con la resolución, el ex funcionario fue acusado de omitir la vigilancia y el cumplimiento de las disposiciones aplicables en los asuntos de su competencia y no resguardar los registros e información comprobatoria de operaciones financieras del organismo, ya que autorizó el pago a los proveedores NADRO S.A. de C.V. y Carlos Arnoldo Rodríguez Navarro con recursos del Seguro Popular, para la adquisición de medicamentos e insumos médicos sin contar con documentación comprobatoria y justificadora del gasto por más de 148 millones de pesos cuando fungió como director de Administración de los SSM, del de 10 de julio al 1 de octubre de 2012.
El magistrado ponente Carlos Chaurand Arzate expuso en la resolución que el plazo de prescripción corrió del 2 de octubre del 2012 (fecha en que Oliva Ruiz dejó de ejercer el cargo) y feneció el 2 de octubre de 2017, cuando culminó el plazo máximo de cinco años previsto en la legislación entonces vigente para imponer la sanción.
Además, no existieron actos de autoridad que interrumpieran el plazo de prescripción, ya que aun cuando la autoridad notificó el inicio de procedimiento el 20 de junio de 2017, el acto fue declarado ilegal por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la sentencia del juicio de amparo 692/2019.
Es por eso que Oliva Ruiz celebraba ya el triunfo de la impunidad, sin saber que por la vía administrativa el asunto había concluido satisfactoriamente para él, con la única desventaja de que parte de las ganancias se le habían escurrido como agua entre las manos en el pago a los mejores abogados.
Sin embargo, desconocía que con el sigilo que el caso amerita, la Fiscalía General de la República (antes PGR), le estaba armando una carpeta de investigación por el delito de peculado, es decir, lo mismo de lo que lo acusaba la Auditoría Superior de la Federación, pero ahora por la vía penal.
Así, el pasado martes el director de Administración de los Servicios de Salud de Morelos en el gobierno del panista Marco Antonio Adame Castillo (20062012), fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del República (FGR), “por su probable responsabilidad en el delito de peculado”, por más de 700 millones de pesos.
El ex funcionario fue aprehendido en un domicilio de Cuernavaca y trasladado al Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, en Xochitepec, “donde quedó interno y a disposición del órgano jurisdiccional”, refirió un comunicado de la FGR.
El lunes 27 de septiembre de 2010 trascendió que la empresa Nacional de Drogas (Nadro) se adjudicaría el contrato 039 derivado de la licitación pública nacional multianual 4600100810 y firmado el 28 de octubre del mismo año, referente a la adquisición de medicamentos y materiales de curación para unidades médicas de los Servicios de Salud en Morelos (SSM) mediante el Sistema Integral de Abasto.
El mismo día se supo que la firma del contrato con Nadro se efectuaría el día siguiente, aunque ya estaba pactada de antemano mediante una licitación amañada. A toda costa, el gobierno estatal, encabezado por Marco Adame Castillo, buscó la forma para que Nacional de Drogas ganara el concurso. Así ocurrió y la empresa obtuvo un lucrativo negocio superior a los 700 millones de pesos. El secretario de Salud era, allá y entonces, el ex diputado local panista Víctor Manuel Caballero Solano y candidato a la gubernatura en 2018.
El entonces director de Administración de los SSM, Mario Alberto Oliva Ruiz, emitió el 3 de junio de 2010 la convocatoria para dicha licitación pública “a tiempos recortados”; y él mismo recibiría las propuestas de los participantes. La apertura se llevó a cabo el 12 de octubre de 2010 y el contrato se firmó el 28 del mismo mes. Nadro dejó en el camino a los grupos Disur, Maypo y Savi, según consta en los archivos de la misma Secretaría de Salud y las actas emitidas durante la licitación.
Se suponía que Nadro había ganado por “presentar una mejor solución técnica, demostrar su capacidad real de abasto sobre todo el Estado y representar también la mejor oferta económica”, pero en realidad ganó porque dio “el moche” más alto a los funcionarios encargados de firmar el contrato.
Desde mi particular punto de vista, la detención de Oliva Ruiz también tiene un ingrediente político. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, necesita reivindicarse después del escándalo generado por las declaraciones del ex consejero jurídico federal, Julio Scherer Ibarra, y el caso del funcionario panista es una excelente oportunidad, de ahí que encontraron la forma de revivir un caso que estaba aparente mente cerrado.
Es un secreto a voces que la venta de medicamentos al mayoreo fue un excelente negocio durante el sexenio de Graco Ramírez Garrido, y que los encargados de operarlo eran Andrik Ruiz de Chávez y Sergio Beltrán Toto (quien buscó infructuosamente ser diputado federal buscando el fuero constitucional).
Si la Auditoria Superior de Fiscalización (la federal, porque la local es un auténtico elefante blanco) se tardó 10 años en detener a Mario Alberto Oliva, es de suponer que a los funcionarios graquistas los detendrán por ahí del 2025 a 2028.
En ese sentido, también es cuestión de tiempo para que la FGR “le eche el guante” al ex rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, quien logró librarla de las imputaciones que le hizo la Fiscalía local, no así de las carpetas de investígación derivadas de las auditorías de la ASF por la llamada “estafa maestra”.