Ayer, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos presentó tres solicitudes de formación de causa a fin de que Blanco sea procesado en relación con varias carpetas de investigación que se iniciaron a raíz de denuncias presentadas por Gerardo Becerra, exasesor en temas de corrupción del propio Cuauhtémoc Blanco, y el abogado Enrique Paredes, presidente del Colegio de Abogados de Morelos.

Se acusa a Blanco de fraude procesal, falsificación de documentos y —el cargo más fuerte— de enriquecimiento ilícito.

La denuncia por este último delito se presentó hace seis meses. Finalmente, con información de la Comisión Nacional Bancaria, se constataron una serie de operaciones sospechosas e injustificadas que no concuerdan con los ingresos reportados por el hoy gobernador y expresidente municipal de Cuernavaca.

Según la acusación presentada al Congreso, no hay indicios de que estas operaciones se hayan originado en actos de comercio o de negocios lícitos; por el contrario, existen indicios de que fueron realizadas de manera ilícita, algunas veces a través de empresas fantasma.

En esas operaciones figuran de manera relevante Jaime “T”, amigo íntimo del exfutbolista, así como Edgar “R”, su primo y secretario particular. Ambos expidieron y recibieron cheques y realizaron, según la acusación, transferencias interbancarias que, por sus características y las de las personas que se vieron beneficiadas, podrían revelar el manejo de activos de origen ilícito.

La mayor parte de los movimientos fueron realizados entre 2015 y 2018, cuando Blanco fue presidente municipal de Cuernavaca.

Entre las personas presuntamente involucradas en estas operaciones están también los medio hermanos del gobernador Blanco: Ulises “B” y Ricardo “B”, el primero de los cuales preside el Partido Encuentro Solidario en Morelos y quien ha sido acusado de tener injerencia en la toma de decisiones del gobierno, así como de intervenir en la vida interna del Poder Legislativo.

Hace unos días el medio hermano del gobernador fue denunciado por haber movilizado personal del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos para promover la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además de los personajes ya mencionados, se presentaron acusaciones en contra de Jonathan “B”, otro de los involucrados en el cruce de depósitos, cheques y transferencias.

Según declaraciones hechas ayer por el vicefiscal anticorrupción de Morelos, Edgar Núñez Urquiza, el proceso por enriquecimiento ilícito gira alrededor del desajuste entre lo que Blanco ha ganado como presidente municipal, y luego como gobernador, y lo que ha presentado en sus declaraciones patrimoniales.

Una segunda acusación tiene que ver con “los papeles chuecos del Cuauh”: la falsificación de la constancia de domicilio que Blanco presentó en 2015 para acreditarse como vecino —desde hacía diez años— del fraccionamiento Lomas de Cortés, y poder contender a la presidencia municipal de Cuernavaca.

El domicilio contenido en esa constancia, Coyotepec 10, era, en realidad, el de uno de los dueños del Partido Social Demócrata morelense, Roberto Yáñez Moreno. Nadie en ese fraccionamiento conocía a Blanco, que por esos días jugaba sus últimos partidos en Puebla.

La tercera denuncia tiene que ver con la presentación de un documento que él no había firmado —contenía una firma falsa del gobernador—, a fin de gestionar que el secretario de Gobierno supliera su ausencia, en los días del año pasado cuando el mandatario vacacionó en Brasil.

Si el Congreso verifica los datos de esta petición, y autoriza que se formule una imputación, el gobernador será citado a una audiencia. El más grave de los cargos conlleva una pena de hasta 15 años de prisión. ¿Habrá llegado la noche para el gobierno de Cuauhtémoc Blanco?