Enésima defensa presidencial al gobernador; ahora faltan las decisiones locales

 

El respaldo que una vez más brindó la presidencia de México a Cuauhtémoc Blanco la semana pasada dejó claro que no ha cambiado el sentimiento de Andrés Manuel López Obrador hacia el gobernador de Morelos, como lo aseguran quienes solicitan que el ejecutivo sea enjuiciado; los denunciantes del mandatario sostienen que “de buena fuente” saben que el ejecutivo federal dejará de proteger al exfutbolista e impulsará las querellas en su contra, pero desde la mañanera el mensaje fue contundente: son politiquerías y no lo dejan gobernar. Sin aval del presidente no va a pasar nada.

Denunciar a un gobernador es sencillo, cualquiera puede hacerlo; que las denuncias procedan es cosa distinta, para que eso suceda se requiere dos cosas en concreto: que los expedientes estén perfectamente sustentados y que la queja tenga el visto bueno del presidente. Es más importante lo segundo que lo primero.

Muchas veces hemos visto en Morelos a lo largo de los últimos años que ciudadanos, agrupaciones o partidos políticos demandan al jefe del ejecutivo por distintas causas; las denuncias se interponen en instancias locales y federales, se presentan de diferentes maneras o se ingresan en el congreso para que se inicie un juicio político o de procedencia. Pocas veces hemos visto que este tipo de acciones avancen y hasta ahora ninguna denuncia ha llegado a buen puerto.

No quiero decir con ello que quienes han demandado a los últimos cinco gobernadores, incluyendo el actual, acusen falsamente o no prueben sus dichos, lo que sostengo es que hasta este momento ninguna queja formal ha logrado combinar los dos aspectos claves para que los procesos concluyan como los denunciantes quieren, es decir, que se documenten bien los expedientes y que exista visto bueno del gobierno federal.

Sergio Estrada Cajigal fue el gobernador que más cerca estuvo de ser procesado en el congreso morelense, pero de último momento logró comprar los votos de algunos diputados locales a través de la priísta Marisela Sánchez. Después de él todas las denuncias han quedado en escándalo, en procesos que inician pero nunca terminan, historias que desatan debate mediático, pero no le quitan el sueño a quien gobierna.

Las imputaciones que hace unos días presentaron en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco podrían quedar en anécdota si no combinan los dos elementos indispensables que requiere un proceso de este tipo. Personalmente desconozco el contenido de las denuncias y la solidez de los expedientes, pero vista la relación del presidente de México con el gobernador de Morelos y el respaldo que le brindó desde la conferencia de prensa mañanera me queda claro que no hay interés federal de investigar a Cuauhtémoc Blanco.

Item más: la misma denuncia tiene aspectos políticos que llaman la atención: lo primero es que uno de los denunciantes es un exfuncionario del gobierno de Cuauhtémoc Blanco y hombre de todas las confianzas del jefe de la oficina de la gubernatura. Un segundo elemento de análisis es que entre los nombres que aparecen en el expediente no está el de José Manuel Sanz, ni el del secretario de gobierno Pablo Ojeda, a pesar de que en otras quejas por el mismo tema sí los habían mencionado.

Lo que en el gobierno estatal no pueden perder de vista es que a pesar de que en lo federal el gobernador tiene todo el apoyo del presidente y no existe ánimo de investigarlo, localmente la historia puede generarle serios dolores de cabeza si lo descuidan. Explico: Gerardo Becerra tiene una extraordinaria relación con el fiscal anticorrupción Juan Salazar y conoce por donde se tiene que caminar para que un juicio político proceda. Presentar las denuncias en la Fiscalía Anticorrupción y replicar la acción en el congreso local no es una decisión inocente, conlleva un alto grado de perversidad porque sabe que en ambos espacios existe el ánimo de atacar al gobernador.

El ejecutivo estatal debe atender estas denuncias en paralelo al apoyo presidencial, es indispensable que la consejería jurídica del gobierno de Cuauhtémoc Blanco haga su trabajo y opere políticamente para que el tema no quede envuelto en el pleito que ya existe entre poderes. Aquí la historia se complica, porque desde hace tiempo el encargado de la política interna no ha hecho su trabajo y su pasividad ahora se puede entender como parte de una estrategia en contra del gobernador. Fuego amigo, le llaman.

Es falso que en el gobierno federal haya cambiado el ánimo hacia el gobernador de Morelos y que desde algunas instancias de gobernación se esté avivando el fuego en contra de Cuauhtémoc Blanco; el hecho que en días pasados Alejandro Encinas haya recibido a algunos actores políticos locales obedece más a la relación histórica de Gerardo Becerra con el subsecretario, que a una determinación federal de actuar en contra del ejecutivo morelense. Item más: hoy el subsecretario fuerte en Segob es Rabindranath Salazar, no Alejandro Encinas; y Rabín apoya a Cuauhtémoc Blanco.

Para el futbolista es preponderante actuar en este tema, anticipar escenarios y entender que si bien existe un blindaje federal que lo protege, localmente las cosas se le pueden descomponer si deposita su confianza en quienes formalmente tendrían que atajar los problemas políticos, porque son ellos quienes que le están tendiendo la cama.

Reitero: no conozco el contenido de las denuncias y por lo mismo no estoy en posibilidad de dar por ciertas o falsas las acusaciones que presentan, pero considero que políticamente no existen las condiciones para que los expedientes avancen. Es más: al escuchar las palabras del presidente López Obrador señalando al fiscal, queda abierta la posibilidad de que en las siguientes semanas se reaviven los ataques en contra de Uriel Carmona y ahora sí exista de parte del gobierno federal el ánimo de removerlo del cargo, como ha sucedido con otros fiscales heredados por mandatarios del pasado.

Personalmente no creo que las denuncias presentadas por Enrique Paredes y Gerardo Becerra vayan a proceder porque el apoyo federal es demasiado fuerte y porque ambos son malos armando los expedientes de las demandas; lo que sí me queda claro es que estas denuncias junto con otras más que se han acumulado en diferentes instancias van a ser muy preocupantes para el futbolista una vez que deje el cargo y ya no esté Andrés Manuel López Obrador como presidente.

Como gobernador Cuauhtémoc Blanco se ha hecho de muchos enemigos, no se ha interesado en tejer alianzas políticas ni sociales, ni le preocupa conciliar con quienes ha lastimado en el camino. El apoyo presidencial le garantiza que mientras dura el sexenio, nada le pasará, pero el cúmulo de quejas, enojos y demandas será un elemento muy peligroso para él y para los suyos cuando deje el cargo.

Veamos el caso de El Bronco y de otros exgobernadores. El año más peligroso para un mandatario estatal siempre es el séptimo.

• posdata

José Luis Urióstegui superó sus primeros cien días de gobierno y está a punto de llegar al plazo que él mismo fijó para analizar el desempeño de sus colaboradores. Los saldos en este primer tramo de gobierno no son los mejores, el abogado se ha quedado muy por debajo de la expectativa ciudadana y comienza a resentir de manera temprana el desgaste que causa ejercer el poder. Revisemos algo de lo que ha sucedido:

1. José Luis Urióstegui prometió en su toma de protesta que en cien días veríamos un cambio sustantivo en la ciudad en materia de infraestructura, dijo que se renovarían vialidades y se emprendería un ambicioso programa de obras que demostrarían que el cambio es posible optimizando los recursos. Al término del plazo solo vimos unas cuantas calles enchapopotadas, algunas balizaciones, plantas nuevas en una jardinera y una escultura en otra.
2. El alcalde afirmó que en un mes mejoraría la seguridad y antes de cien días veríamos un descenso sustantivo en el índice delictivo, que al salir del Mando Coordinado se lograrían mejores resultados y con la designación de Alicia Vázquez Luna Cuernavaca sería mucho más segura y menos violenta. Hoy dice que el cambio no se logra de la noche a la mañana, acepta que su policía, incluyendo la secretaria, actuó mal en un operativo y justifica que el incremento de la violencia y la inseguridad son causadas por los grupos delictivos que pelean entre sí. En la boca del abogado se escucha el mismo discurso que como ciudadano siempre criticó.
3. Después de dos años sin actos masivos se llevó a cabo una feria con un formato distinto a los del pasado reciente: sin alcohol ni apuestas. El resultado fue sorprendente para el propio ayuntamiento: la gente abarrotó el lugar e hizo de la festividad un lugar de convivencia familiar. La Feria de la Flor revivió y resultó mejor que su antecesora, la feria de la primavera.
4. Presionado por una juez con un evidente interés económico personal en el tema, el gobierno de la capital desembolsó 38 millones de pesos para pagar un adeudo histórico con la empresa PASA y procedió a retornarle el contrato de recolección de basura; sin embargo la compañía lagunera ya no tiene oficinas en el estado, ni manera de cumplir con las obligaciones que establece el contrato que signó hace años con el gobierno de Jesús Giles. El alcalde respondió al mandato de la juez, pero al hacerlo también dio pie para resolver de una vez por todas con un problema de la ciudad.
5. En cuatro meses José Luis Urióstegui ha podido darse cuenta que el ejercicio de poder no es como lo establecen los libros, ni es posible gobernar aplicando la ley a rajatabla. Pero sobre todo podría haber entendido que en un encargo público es sustantivo entender dos cosas: el poder no se comparte y la lealtad se demuestra con resultados.

Es posible que al cumplirse cuatro meses de gobierno municipal en Cuernavaca todo siga igual, pero sobre todo es altamente probable que el alcalde siga estando bajo el yugo de los hermanos Martínez Terrazas y consintiendo que en sus áreas operativas la corrupción continúe igual o peor que en el pasado, amparadas precisamente por la Santísima Trinidad.

José Luis Urióstegui es un buen hombre, pero ha quedado a deber como presidente municipal de Cuernavaca, para que las cosas mejoren es indispensable que ajuste su equipo y haga cambios, comunique mejor y tome él el mando del ayuntamiento.

Un gobierno con dos cabezas es un monstruo.

• nota

Lo escucho de voz de un abogado: “Por ser la segunda en la lista de prelación del partido y por su condición de mujer, no hay manera de que le quiten la diputación a Helena Marín; es ella quien debe ocupar la curul que dejó Juan José Yáñez.

¿Y la paridad que reclama Roberto Yáñez?

No aplica, porque se recurre a la “paridad positiva”, lo que beneficia a ella por ser mujer; así se han resuelto en tribunales todos los casos parecidos.

¿Hay manera de que la Junta Política designe a Roberto Yáñez por un acuerdo político?

Si, pero sería ilegal y ella (Helena Marín) estaría en su derecho de recurrir al un tribunal y ganaría, porque un juez le ordenaría a los diputados que respeten su posición en la lista de prelación; de hecho ella ya debería haber ingresado al congreso una carta solicitando que la llamen para ocupar el cargo”.

• post it

José Luis Urióstegui navega en aguas turbulentas: por un lado enfrenta la presión de un gobierno severamente limitado en su capacidad financiera, lo cual reduce su capacidad de actuación y atención de problemas. Por otro está la presencia de los hermanos Martínez Terrazas, que acotan su liderazgo y actúan como una presidencia paralela que maneja más de la mitad del gobierno.

El gabinete capitalino es malo, le falta talento, personalidad y capacidad, casi todas son figuras improvisadas que no están dando resultados y dejan la carga al alcalde; salvo el caso del secretario Carlos de la Rosa y del tesorero Javier Arozarena, en los demás espacios José Luis Urióstegui tiene figuras que esten a la altura del reto que representa la ciudad porque responden al pago de una factura política y están protegidos por la Santísima Trinidad.

Se acerca el plazo que el abogado se fijó a si mismo para evaluar a su equipo; veremos si realmente habrá un análisis de resultados o la fecha pasará como cualquier otra, sin consecuencias ni movimientos.

• redes sociales

Semana crucial, dicen, en el gabinete estatal.

Podría haber ajustes, cambios y la salida de algunos funcionarios que abiertamente le hacen la guerra sucia al gobernador.

Cuauhtémoc Blanco ya sabe quiénes son y qué están haciendo. La decisión está en sus manos.

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