Los problemas que enfrenta el gobernador de Morelos no son menores: está peleado con el congreso del estado, tiene una relación fría con el poder judicial, no hay diálogo con los partidos de oposición, está alejado de los presidentes municipales, ha roto con la dirigencia de su partido y aunque tiene el apoyo del presidente de México y del dirigente de Morena, no tiene cercanía con la base morenista y es constantemente amenazado por los fiscales. Como si eso no fuera suficiente, ahora padece el fuego amigo.

Hay aspectos de la agenda cotidiana del estado que deberían tener preocupado al jefe del ejecutivo: Morelos es un estado pequeño, totalmente dependiente en lo financiero del gobierno federal y atorado en lo económico por las deudas que le heredó el gobierno pasado. Esta dinámica pega en los municipios, en donde se conjugan factores políticos y sociales que agravan las finanzas municipales. Casi todos los ayuntamientos están quebrados y sus titulares son amenazados con la destitución por los múltiples adeudos y laudos que arrastran.

La difícil situación de los gobiernos municipales se combina con la recesión económica que deriva de la pandemia y la lenta reactivación económica que, por cierto, no aplica en todos los sectores. Económicamente hablando Morelos vive momentos complicados porque no hay inversión gubernamental y las pocas inversiones privadas que llegan no alcanzan para todas las necesidades que se tienen.

Luego aparece el problema delictivo, ligado directamente a la problemática económica, pero agravado por la multiplicación de hechos ilegales en todos los sectores y a todas horas del día. Las constantes embestidas de los grupos criminales no han podido ser detenidas por la policía y aunque la estrategia de mando coordinado de policía implica una suma de todos los recursos para hacer más eficiente el trabajo, estamos frente a un plan disfuncional en donde, además, los presidentes municipales tienen que aguantar los maltratos del capitán Santomé.

Políticamente hablando la situación es grave, porque a lo largo de tres años el poder ejecutivo se ha mantenido al margen de los sectores sociales y de las agrupaciones políticas: la secretaría de gobierno nunca ha operado y ello se refleja en la explosión de conflictos que aparecen y escalan sin que nadie de esa oficina se preocupe por atenderlos ni por resolverlos. Peor: a últimas fechas pareciera que esa actitud no resulta de la incapacidad o inexperiencia del titular de la secretaría de gobierno, podríamos estar frente a un plan malvado para remover al jefe del ejecutivo desde su gabinete.

Este último punto es el que hoy más llama la atención, porque se combina con una serie de errores, descuidos y problemas característicos de una administración alejada a propósito de la ciudadanía. Es evidente que el gobernador cuenta con el apoyo irrestricto del jefe del ejecutivo federal y genera simpatía con el pueblo, pero también resalta el hecho que los últimos problemas que agobian al régimen parecen estar siendo avivados desde el propio palacio de gobierno.

La reaparición de Hugo Eric Flores marca un antes y un después en el proceso de golpeteo del gobernador; antes de que el pastor asumiera la dirigencia estatal del partido los ataques al gobernador venían de personas y grupos perfectamente identificados, eran sistemáticos, pero sin mucha sustancia, por ello ninguno había logrado hacer mella en la imagen o en el ánimo del futbolista.

Ahora las cosas son diferentes: la denuncia interpuesta en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo en la fiscalía estatal anticorrupción fue conocida antes por Hugo Eric Flores y por José Manuel Sanz; item más: hace una semana el dirigente estatal del PES en Morelos acudió junto con el fiscal Juan Salazar a la secretaría de gobernación a entrevistarse con el subsecretario Alejandro Encinas. Cuentan los que saben que abordaron el tema de las demandas y pidieron que la federación deje de proteger al ejecutivo morelense.

Aunado a los problemas que tiene en la agenda estatal, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo tiene que sobrellevar ataques con información que filtran de sus propias oficinas y que impulsan quienes supuestamente son sus aliados. La actuación del exasesor anticorrupción Gerardo Becerra no es ajena a José Manuel Sanz y pareciera que las diferencias que hubo en el pasado entre este y el secretario de gobierno han quedado de lado para dar paso a una nueva relación basada en un objetivo en común.

Puede ser que todo lo anterior sea producto de la casualidad, que de manera espontánea Hugo Eric y Juan Salazar hayan coincidido el mismo día, hora y lugar en la secretaría de gobernación y que ya ahí coincidieran otra vez en la misma reunión con el subsecretario. Puede ser coincidencia también que la denuncia de Enrique Paredes y Gerardo Becerra no mencione a José Manuel Sanz ni a Pablo Ojeda. Y puede ser una nueva coincidencia que todos los que antes se llevaban mal ahora se unan, al tiempo de distanciarse del gobernador.

Frente a tantas coincidencias Cuauhtémoc Blanco debe ser muy cuidadoso, porque son él y su familia quienes están siendo denunciados y es contra ellos a donde apuntan las baterías de las denuncias que se interpusieron en la fiscalía anticorrupción y en el gobierno del estado.

Lo que ocurre en torno el jefe del ejecutivo no es sencillo, ni es normal; los ataques que recibe y los cuestionamientos de los que ha sido objeto en los últimos días no son iguales a los anteriores, se nota un ataque más estructurado, con información privilegiada y una operación política más allá de la frontera del estado.

Cierto, el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador es un gran seguro para Cuauhtémoc Blanco, es algo que lo blinda de cualquier intento de ataque político o legal en el espacio federal, incluyendo al subsecretario Alejandro Encinas. El problema es que este tipo de denuncias van a rebasar al sexenio y se pueden convertir en elementos muy peligrosos para el futbolista y para su familia después del 2024.

Lo que vemos hoy en el escenario político se mueve en dos tiempos: el intento interno de deponer al gobernador para colocar a alguien allegado al pastor Hugo Eric Flores y la semilla legal que están sembrando para que en el futuro, cuando Cuauhtémoc Blanco no tenga la protección presidencial, se le pueda someter a un proceso legal junto con varios integrantes de su círculo cercano.

En política no hay coincidencias.

• posdata

Sentado al lado del abogado de la empresa PASA el alcalde José Luis Urióstegui descartó la posibilidad de que el municipio vaya a enfrentar una crisis sanitaria como ha ocurrido en administraciones pasadas; “la empresa KS seguirá prestando el servicio de recolección de basura de manera indefinida” dijo el edil al tiempo que el representante de la compañía Promotora Ambiental de Cuernavaca reconoció la disposición de la actual administración para atender un problema añejo.

Los más de 38 millones de pesos que el ayuntamiento erogó a PASA fue por concepto de pagos pendientes, más diez millones de pesos de intereses; en once ocasiones la administración actual solicitó a la juez Quinto que facilitara un acuerdo con la demandante dada la precaria situación económica de la comuna y las severas afectaciones para el municipio y para la ciudadanía. Suspender el servicio de recolección de basura acarrearía graves consecuencias para la gente, pero a la juez no le importó.

La juez Martha Eugenia Magaña López no tomó en cuenta ninguno de los argumentos del ayuntamiento y por el contrario, se excedió al sancionar al presidente y amenazarlo de removerlo del cargo si no pagaba el total del adeudo y restituía inmediatamente el contrato a PASA. La abogada defenderá su postura señalando que actuó en estricto apego a derecho, pero es evidente que detrás de sus presiones existió un notorio interés de apoyar a PASA, por algún beneficio económico que pudo existir para ella. Luego de haber cumplido con el pago mandatado, el presidente municipal José Luis Urióstegui informó que habían presentado una queja ante el Consejo de la judicatura en contra de la juez Quinto “por el exceso en su actuación a favor de la empresa PASA”.

Aunque una contingencia ha quedado fuera del escenario, la posibilidad de que Promotora Ambiental de Cuernavaca retome el servicio de limpia en la ciudad está provocando inconformidad social; vecinos de varias colonias de la capital se han manifestado en contra de la posibilidad de que PASA regrese porque, dicen, cuando estuvo a cargo del servicio de recolección de basura no fue cuidadosa en el manejo de los desechos sólidos y provocó problemas de salud en donde operaba su centro de transferencia y también en donde depositaba la basura.

Pero aunado a ello hay un elemento más que se debe tomar en cuenta: de acuerdo con lo que ha dicho el propio alcalde Urióstegui, para que PASA retome el contrato primero debe cumplir los cuarenta puntos técnicos, entre los que se incluyen tener un centro de transferencia y un sitio para la disposición final dentro del municipio de Cuernavaca, lo cual conlleva socializar la construcción de ambos lugares, cumplir con una serie de reglamentaciones estatales, municipales y federales que incluyen estudios de impacto ambiental y desembolsar más de cien millones de pesos.

Para operar en Cuernavaca PASA requiere una flota de al menos 32 camiones (que son los que tiene hoy KS), que tienen un precio individual es de 2.5, más un centro de transferencia cuya inversión mínima ronda los 25 millones de pesos; al final está un centro de disposición final, ergo relleno sanitario, que amen de los múltiples permisos y aval social conlleva un costo de alrededor de 80 millones de pesos.

Hace años, cuando el gobierno de Jesús Giles decidió privatizar el servicio de recolección de basura y autorizó la construcción de un relleno sanitario en Loma de Mejía se generó un conflicto social que llegó a niveles críticos por varios meses. Ahora que PASA tiene la posibilidad de regresar para cumplir los cinco años que le quedan de contrato la reflexión que la empresa y el municipio deben hacer es ¿Vale la pena la inversión económica y el desgaste social por cinco años de trabajo?

De entrada los ejidatarios de San Antón ya les reclaman un adeudo de 20 millones de pesos.

• nota

A propósito de PASA, el exalcalde Manuel Martínez Garrigós recuerda algunos puntos que vivió con la empresa como titular del ayuntamiento de Cuernavaca:

1. El adeudo del municipio con la empresa era menor a dos meses y PASA decidió unilateralmente suspender el servicio; se les ofreció cubrir casi la totalidad del adeudo, pero la empresa rechazó cobrarlo.
2. El contrato integraba un enorme sobreprecio por el servicio de recolección de basura: en ese momento (2009) PASA cobraba 23 millones de pesos mensuales cuando hoy (2022) KS cobra 20 millones.
3. La suspensión del servicio de recolección es causal de recisión de contrato, la falta de pago no. El juicio debio ganarlo la comuna.

• post it

Hay catorce denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos en contra del exalcalde de Cuernavaca Antonio Villalobos Adán. Las querellas no son del gobierno de José Luis Urióstegui, dice su titular, sino de la propia oficina de Juan Salazar.

Veremos si alguna de ellas procede. Hoy por lo pronto el exalcalde se pasea tranquilo por las calles.

• redes sociales

Cuatro municipios, además de la capital, aún no firman el convenio de mando coordinado de policía; son Jojutla, Jiutepec, Cuautla y Tlaltizapán.

¿Ya hay distanciamiento de estos presidentes municipales con el gobernador?

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