De ocho meses de gestión, llevan cinco peleando entre ellos

 

 

El presidente de la mesa directiva del congreso local anunció que finalmente alcanzaron acuerdos entre diputados, por lo que regresarían la titularidad de la junta política a la morenista Paola Cruz y sus comisiones al resto de los integrantes del G8. La decisión se justifica con la necesidad de acabar con la parálisis parlamentaria que existe desde el pasado mes de diciembre, pero de fondo la reactivación de la Junta Política apuesta a darle trámite a los juicios de procedencia en contra del gobernador. ¿De verdad existen acuerdos entre diputados?

La inactividad que prevalece en el congreso de Morelos desde el mes de diciembre ha desgastado a todos sus integrantes; la legislatura 55 pasó de la esperanza a la repetición del mismo congreso inútil y corrupto de siempre. El parlamento en su conjunto ha sufrido un notable deterioro de su imagen, aunque de entre los veinte hay algunos que se han llevado la peor parte.

Recordemos algo: en las mediciones de confianza que frecuentemente se llevan a cabo en el país, los diputados aparecen como figuras poco confiables, mal vistas y generalmente asociadas con actos de corrupción e ineficiencia. Por ello en los últimos años el parlamento morelense se ha convertido en la tumba política de muchos actores de poder: la gran mayoría de quienes pasan por el congreso ven truncada su carrera pública y aunque en muchos casos concluyen su periodo con una abultada cuenta de cheques, el desprestigio que queda en los representantes populares cierra las puertas a cualquier otra actividad pública.

Lo que vemos hoy en la cámara de diputados no es distinto a lo que ha pasado en los últimos años, aunque sí sobresale por la rapidez como se descompusieron las cosas; al iniciar su gestión la 55 parecía una legislatura distinta, con personajes frescos que se mezclaban con figuras experimentadas, pero a la vuelta de tres meses todo derivó en un pleito callejero en donde además de acusaciones mutuas por actos ilegales y corrupción, persiste una constante violencia de género.

Los pleitos internos impidieron que se aprobara presupuesto 2022 y así naufragó la posibilidad de que los ayuntamientos, la universidad, el poder judicial, el sector agrario y las áreas de justicia recibieran más dinero para trabajar. Políticamente hablando esta situación ha llamado la atención nacional y ameritó que en repetidas ocasiones el presidente de México se refiriera a los diputados del G11 como un grupo de delincuentes de cuello blanco que no dejan que el estado avance.

Hoy el diputado Francisco Sánchez abre la puerta a un reencuentro entre legisladores a partir del regreso de las comisiones que les fueron retiradas a sus homólogas del G8; esa oferta, empero, podría no ser suficientemente atractiva para un bloque que a lo largo de cinco meses ha estado arrinconado, ha sufrido violencia de género y fue privado de la mayoría de los beneficios a los que legalmente tienen derecho como representantes populares. Es más: algunas diputadas señalan que ni siquiera les han querido pagar su sueldo.

El problema del G8 es que es un organismo sin cabeza y por tanto sin liderazgo, ninguno de sus integrantes tiene capacidad de ver más allá de su espacio y todos en conjunto han demostrado que no tienen la habilidad de actuar en función de sus derechos constitucionales y humanos. Las integrantes del G8 se han conformado con atrincherarse y dejar que el tiempo pase hasta que su contraparte les regrese lo que les quitaron; la oferta de devolverles sus posiciones es a cambio de que les ayuden a recomponer el escenario social y dar legalidad al siguiente paso político que quieren.

Entendamos algo: reactivar la Junta Política del congreso local no deriva del interés del G11 de mejorar su relación con el G8, ni mucho menos con la intención de que el congreso salga de la parálisis legislativa en la que se encuentra. Para que los juicios de procedencia que se ingresaron a la cámara en contra del gobernador avancen y la legislatura pueda renovar la ESAF es indispensable que la Junta Política funcione. Y ello no es posible sin la presencia de la presidenta y las demás integrantes de ese espacio parlamentario.

Varias veces se ha dicho que la parálisis legislativa a quien más afecta es a quienes forman parte del grupo mayoritario, porque son ellos quienes llevan el mayor desgaste público de la inactividad parlamentaria. La decisión de romper con la operatividad de la cámara de diputados quitando a las diputadas de la 4T sus comisiones y despidiendo a su personal fue una victoria pírrica, porque aunque el G11 mantiene el control operativo de la legislatura, sin el resto de los votos son incapaces de ir más allá de asuntos domésticos.

La reactivación de las tareas parlamentarias conviene a los veinte integrantes del congreso de Morelos, pero sin duda interesa más al G11; si las damas del G8 entienden el contexto en el que se plantea la reactivación de la cámara y el rol que juegan en este momento, la negociación con sus homólogos debe ir mucho más allá del regreso de lo que ya tenían. ¿Qué va a pasar con las afectaciones a lo largo de los últimos cinco meses y el desgaste que sufrieron tanto los representantes populares como su personal?

Es cosa de observar cómo se han movido las cosas en lo público para darse cuenta que resolver la parálisis parlamentaria solo con el regreso de las comisiones al G8 representaría un acuerdo muy barato para el G11. Dos ejemplos: 1- En diciembre del año pasado se filtraron los recibos donde se mostraba que la diputada Andrea Gordillo había recibido en tres meses más de ochocientos mil pesos por concepto de “viáticos”. Nunca nadie desmintió esa información, ni siquiera la legisladora. 2- Sin ser legisladores, Julio y Roberto Yáñez ocupan un espacio que corresponde solo a los representantes populares, se han beneficiado (en todos los sentidos) como si estuvieran ahí por el voto popular y han hablado, decidido y votado como si tuvieran curul, con la complacencia de los demás diputados del G11… Y al G8 lo quieren convencer solo regresándole lo que es suyo.

Un buen acuerdo entre las partes no solo debe incluir la reparación del daño al bloque minoritario de la cámara de diputados, debe caminar a través de un pacto de civilidad y respeto mutuo que evite que este tipo de situaciones se repita y que cualquier integrante de la cámara sea objeto de ataques personales o desquites institucionales por su forma de pensar o por sus ideas políticas.

El congreso del estado es el lugar donde coinciden todas las corrientes de opinión, es un espacio de representación popular y debate de ideas en donde la divergencia de opiniones es lo natural y nunca debería ser motivo de ataques personales. En la 55 legislatura se olvida lo anterior como en los peores congresos que hemos tenido en Morelos, se ha vuelto un espacio manejado a conveniencia política y por desquite personal, de ahí el enorme desgaste de que son objeto todos sus integrantes.

Temas como los juicios de procedencia en contra del gobernador, la sustitución de la curul que dejó vacante el diputado Juan José Yáñez, las leyes de ingresos, el presupuesto, la designación de consejeros o la renovación de la ESAF, por mencionar solo algunas cosas, deberían llevarse a cabo a partir de una estricta lógica parlamentaria, con una discusión seria en donde exista debate político, pero nunca se dejen de lado los hechos y las consecuencias que tienen las decisiones parlamentarias.

Retomar las actividades legislativas a partir solo del regreso de las comisiones a las diputadas del G8, sin poner algún tipo de candado que evite que este tipo de actos se repitan o sin que exista un acuerdo tangible de civilidad que blinde a los veinte diputados de cualquier revanchismo institucional sería absurdo, porque solo regresaría las cosas a un punto donde ya todo estaba mal.

El problema es que el G8 no tiene cabeza, liderazgo, ni capacidad de análisis. Por eso el G11 se ha salido con la suya.

• posdata

El gobernador Cuauhtémoc Blanco confirmó que la próxima semana habrá cambios en su gabinete; “voy a tomar la decisión el fin de semana”, dijo, al tiempo de descartar los rumores que circulan sobre supuestos personajes que llegarán a su administración.

La tensión al interior del gobierno estatal es notoria y es ocioso tratar de ocultarla; los cambios que haga el jefe del ejecutivo responden a la necesidad de renovar su gabinete a la mitad del camino, pero no son ajenos a las grillas internas que prevalecen desde hace varios meses y al fuego amigo que se ha arreciado en las últimas semanas.

Tres años son tiempo suficiente para que Cuauhtémoc Blanco tenga claridad respecto a quienes han dado resultados, pero sobre todo para conocer la lealtad y el compromiso de los que lo acompañan en la tarea de gobernar.

El fin de semana el futbolista tomará la decisión. Esta semana la conoceremos.

• nota

También al alcalde de Cuernavaca José Luis Urióstegui le ha llegado el plazo para evaluar a su equipo de trabajo; aquí la circunstancia es distinta: es apenas el cuarto mes de la administración municipal, pero ese es el plazo que se puso el abogado para revisar a los integrantes de su administración.

No hay manera de engañar: lo que hemos visto en este primer cuatrimestre es mucho menos de lo que la mayoría esperábamos de un gobierno bajo el mando de José Luis Urióstegui; la historia personal del abogado y las múltiples promesas de campaña inflaron la expectativa pública, pero la realidad de una administración quebrada, con finanzas comprometidas y la imposición de varios personajes en las secretarías, evidentemente mermó la capacidad operativa del régimen.

En breve sabremos si José Luis Urióstegui hace cambios en las secretarías o decide mantenerse por el mismo camino a pesar de la evidente inutilidad de algunos de sus integrantes.

Pase lo que pase, el presidente municipal de Cuernavaca debe al menos hacer un ajuste en su estrategia de comunicación y en su agenda personal; el presidente municipal no puede dedicarse solo a ser el fontanero del ayuntamiento, ni tampoco debe quedar agobiado en una agenda repleta de reuniones insulsas que solo lo hacen perder tiempo, aunque se vean bonitas en las fotos.

Por muchos años José Luis Urióstegui habló de la Cuernavaca que necesitábamos y de los cambios que él haría en caso de tener la oportunidad de estar al frente del gobierno.

Hoy debe hacerlo.

• post it

A propósito del jaloneo legislativo y la eventual reactivación de la Junta Política, esta es la opinión que me da un abogado experto en el tema, conocedor además, de la vida parlamentaria de Morelos:

“El artículo 45 de la Ley orgánica del Congreso del Estado habla de la conformación de la Junta Política y de Gobierno: Presidente, secretario y los vocales a que haya lugar. Adopta sus decisiones por consenso y en caso contrario por mayoría calificada mediante el sistema de voto ponderado (cada coordinador representa tantos votos como integrantes tenga su grupo o fracción parlamentaria). Se entiende por mayoría calificada cuando se trate de las dos terceras partes de los diputados integrantes del total de la legislatura… Ahora bien, se establece que en ausencia del presidente la propia junta nombra al sustituto, para lo cual se necesitan 14 votos y que el partido al cual pertenezca la propuesta cuente con por lo menos el 15% de los diputados integrantes de la legislatura. Ergo: para que los procedimientos legislativos avancen, entre ellos los juicios de procedencia, se requieren 14 votos o la reactivación de la Junta Política”

Reitero: Al G11 le saldría baratísimo destrabar la parálisis legislativas con solo regresar las comisiones a los integrantes del G8.

• redes sociales

¿Por cuánto tiempo más el PES tendrá representante en la 55 legislatura de Morelos?

Hasta que Mirna Zavala se dé cuenta que forma parte de un partido fantasma, destinado a desaparecer, que cancela su futuro político y está enfrentado con el gobernador.

En el PES, la carrera pública de Mirna Zavala está muerta.

Comentarios para una columna optimista: eolopacheco@elregional.com.mx

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