Legislatura se enfocó en una reforma que al final no se concretó; deja de lado discusión para eliminar el delito de aborto en materia federal; también se atora propuesta para registrar a menores en orfandad, banco de datos sobre violencia contra niños, estancias infantiles...
Durante el primer año de sesiones de la actual (LXV) Legislatura, los diputados dejaron de lado iniciativas fundamentales de carácter social y decidieron dar preferencia a la dictaminación de la propuesta de Reforma Eléctrica, cuya discusión llevó siete meses y, al final, fue rechazada.
Entre los temas que se dejaron en el tintero hay algunos para la atención a mujeres, niños, grupos vulnerables, periodistas, seguro de desempleo y apoyo a microempresarios, entre otros, los cuales no se dictaminaron, en contraste con las propuestas impulsadas por el bloque mayoritario de Morena y sus aliados.
En los dos periodos de sesiones se presentaron mil 957 iniciativas, sin contar las que no se dictaminaron en la legislatura pasada y que, por primera vez, pueden ser retomadas para darle continuidad al trabajo de los tres años previos.
Sólo en los últimos tres días de sesiones, el pleno dio velocidad a los pendientes para aprobar reformas como la prisión preventiva por intento de feminicidio; castigo al matrimonio infantil, así como la prohibición de importación y exportación de vapeadores.
En cambio, una de las iniciativas atorada en la Comisión de Justicia es la eliminación del delito de aborto en materia federal, propuesta por Ana Karina Rojo (del PT) el pasado 28 de octubre. Esta petición ha sido una de las mayores exigencias del movimiento feminista a nivel nacional.
Respecto a los menores en orfandad por Covid-19, la panista Sonia Rocha propuso que el DIF realice una actualización permanente, con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para la identificación y el registro de niñas, niños y adolescentes en esta situación.
Otra de las iniciativas que fueron relegadas es la presentada por la priista Melissa Vargas, quien planteó la integración del banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, la cual no se ha dictaminado.
Este año, una de las propuestas más fuertes, impulsadas por diputados de oposición, fue la protección a periodistas, para hacer frente a los señalamientos que ha hecho el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, las iniciativas siguen en comisiones, como la presentada ante comisiones unidas de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción, para evitar las agresiones y el daño físico y psicológico contra defensores de derechos humanos y periodistas, derivados de sus actividades, por parte de funcionarios.
En la Comisión de Justicia sigue pendiente otra iniciativa de Reyna Ascencio (de Morena), para establecer que las personas tienen derecho a que la expresión de género se vea reflejada en la credencial para votar, en el nombre y en la foto.
En el área de la salud, otro de los pendientes legislativos es la delimitación de la objeción de conciencia, que debe dictaminarse por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pese a que en febrero se realizó un parlamento abierto, dentro de la comisión respectiva no se ha llegado a un consenso para avanzar con la propuesta.
La emecista Rocío Banquells propuso, en marzo, que se consideren prioritarias y de interés público las estancias infantiles para el cuidado y atención al desarrollo integral de la primera infancia, aunque el planteamiento no ha sido atendido.
El grupo parlamentario del PAN, encabezado por Jorge Romero, también presentó una propuesta para crear un seguro de desempleo, ante la crisis generada por la pandemia de Covid-19. Además, planteaba otorgar un estímulo fiscal de cuatro meses a las empresas que contraten trabajadores en esta situación.
De la misma bancada se presentó una iniciativa para la creación de un fondo de aportaciones para la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa en las entidades federativas, con el fin de destinar 0.14 por ciento de la recaudación federal participable para impulsar programas y proyectos orientados a desarrollar sus capacidades de gestión, asesoría, capacitación, y para fomentar el incremento de su productividad. Ambas fueron turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, pero no han sido dictaminadas.
Otro de los pendientes legislativos es la iniciativa de la diputada del PRI Lorena Piñón y respaldada por el coordinador Rubén Moreira, para prohibir la circulación en carretera y caminos de territorio nacional a los transportes de doble remolque, con el argumento de que representan un alto riesgo, a la luz de los accidentes en los que han estado involucrados estos camiones.
Pese a que se perfilaba que este asunto fuera discutido en la última semana del segundo periodo de sesiones, finalmente no fue incluido en los dictámenes que subieron al pleno.
De manera contrastante, los temas que ya lograron su aprobación en ambas cámaras han sido los prioritarios para la 4T, incluyendo las modificaciones a leyes presentadas por el Presidente López Obrador.
El primero fue la expedición de la Ley de Revocación de Mandato, que se aprobó el primer día de la Legislatura, el pasado 1 de septiembre, en fast track. Lo anterior, además, ante la omisión legislativa de expedir dicha ley, que salió más de 400 días después de lo establecido en los artículos transitorios.
Le siguió una reforma para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no intervenga en las decisiones internas del Congreso, propuesta impulsada por Morena y PT, aunque también fue respaldada por el PRI.
Uno más fue el decreto de interpretación de propaganda gubernamental, con el fin de que los funcionarios pudieran promocionar la revocación de mandato.
El dictamen más reciente fue a la Ley Minera para la exploración y explotación del litio, aprobada en un tiempo récord de tres días en el Congreso de la Unión, tras el rechazo de la Reforma Eléctrica en el pleno de San Lázaro.
El último tema del Ejecutivo aprobado este segundo periodo fue la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, así como darle mayores atribuciones a la Comisión Nacional de Búsqueda ante la crisis forense de casi 100 mil desaparecidos en el país. Sin embargo, a diferencia de las otras propuestas impulsadas desde la Presidencia, ésta obtuvo el apoyo de todos los grupos parlamentarios, aunque con la exigencia de dotar presupuesto a este nuevo centro.