Un año después del colapso de una trabe de la Línea 12 del Metro que provocó la muerte de 26 personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador brincó a proteger a sus dos principales fichas en la sucesión presidencial, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. La primera, porque la tragedia sucedió durante su gestión como jefa de Gobierno, y la imputación de falta de mantenimiento como una de las causas del desplome, y el segundo, quien apresuró su inauguración antes de terminar su mandato al frente del Gobierno capitalino, sin revisar las posibles consecuencias. Con un consejo con tufo a amenaza, pidió a la oposición “no sacar raja” de la tragedia, porque es “de mal gusto”, calificando esa posibilidad de “ramplona” y “politiquera”.

Tenía que hacerlo, porque Sheinbaum es la candidata designada a sucederlo, por el momento, y Ebrard le sirve de señuelo y pararrayos de su protegida. López Obrador no puede permitirse que una tragedia anule a sus dos corcholatas, como llama a sus candidatos, ni dejar que Ebrard cargue con toda la responsabilidad porque arrastraría al líder de Morena, Mario Delgado, quien como jefe de Finanzas de su gobierno realizó pagos todavía sospechosos y firmó contratos leoninos de trabajos de mantenimiento.

El blindaje camina frente a nuestros ojos sin que nos demos cuenta, pese a que hay dos casos que involucran tragedias similares, donde la forma como la justicia capitalina se ha aplicado, es antagónica. Se trata de la tragedia en el Colegio Enrique Rébsamen, donde colapsó uno de sus edificios durante el sismo de septiembre de 2017, y provocó la muerte de 19 niños y siete adultos. El colegio se encontraba en Tlalpan, que gobernaba Sheinbaum, y de inmediato se operó una estrategia para protegerla, encargada por López Obrador a su entonces consejero, Julio Scherer, y a su primo Hugo, quien manejó los mensajes distractores en las redes sociales.

Las tragedias generan empatía, máxime cuando hay niños afectados. En el caso del colegio, había un contexto político de hartazgo con el statu quo, que se sumó al fenómeno social de que la gente, en situaciones como la que presenció a través de la televisión en todo el país, sintió como suyo el dolor y la angustia de los padres. Aunque no había la polarización que vivimos en la actualidad, se puede argumentar que la sociedad buscaba castigo, no justicia. Ese clamor, magnificado por la inteligencia artificial manejada por Hugo Scherer, benefició a Sheinbaum.

El castigo se centró en Mónica García Villegas, la directora y dueña de la escuela, acusada de haber ampliado y construido ilegalmente un piso de 230 toneladas de peso, y en Juan Mario Velarde, el director responsable de obra en la delegación Tlalpan, por haber autorizado los trabajos, señalaron las autoridades, sin llevar a cabo las pruebas necesarias. En julio de 2021, un tribunal lo sentenció a 208 años de prisión por el homicidio doloso de 26 personas. García Villegas fue sentenciada a 57 años de prisión por el mismo delito.

El castigo promovido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, y aplicado por el Tribunal Superior de Justicia de la capital federal, que preside Rafael Guerra Alvarez, fue ejemplar. Pero ambos, que son cercanos a Sheinbaum, actuaron de manera totalmente diferente al juzgar la tragedia de la Línea 12 que, de acuerdo con los peritajes de la autoridad, colapsó por errores de construcción, por lo cual denunció a 10 exfuncionarios y responsables de la obra. Los peritajes mostraron también deficiencias en la construcción atribuibles a la empresa constructora de Carlos Slim, el magnate cercano a López Obrador.

En la tragedia de la Línea 12 también murieron 26 personas, pero a diferencia del colegio, la empatía no fue nacional por las características del “incidente”, como lo caracterizó Sheinbaum, ni tocó las fibras emocionales en todo el país, en buena parte porque no hubo niños entre las víctimas, ni tampoco un rescate dramático de menores transmitido a todas horas por la televisión. El aparato de propaganda de López Obrador también ayudó a la jefa de Gobierno, disparando culpas contra exfuncionarios.

Aunque los dos colapsos son notoriamente similares, con funcionarios y personas privadas directamente implicadas, el trato que dieron Godoy y Guerra Álvarez a la Línea 12 fue completamente opuesto. Sin la rapidez con la que actuó en el caso del colegio, Godoy no logró imputar en todo un año los cargos de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad, y este lunes se pospuso por cuarta vez la audiencia de imputación. Pero en paralelo, y ésta es la gran diferencia con el Rébsamen, el castigo no está en el centro del caso, sino el proceso de justicia restaurativa alcanzado. El lunes, Sheinbaum y Godoy anunciaron que 91% de las familias afectadas por el colapso en el Metro había aceptado el acuerdo reparatorio.

La fiscalía optó por ese esquema, explicó Sheinbaum, donde no hay personas en la cárcel, ni amparos, que “pueden llevar años y años, y lo que se establece es si la víctima está dispuesta a la justicia restaurativa”. García Villegas y Velarde no tuvieron esa opción. La justicia de Sheinbaum y Godoy, apoyada por el tribunal de Guerra Álvarez, buscó el castigo a una privada y a un exfuncionario. En el de la Línea 12 rescataron de la ignominia pública a dos candidatos presidenciales y le hicieron el favor a Slim al no tocar su constructora, a la que el gobierno de López Obrador le ha seguido otorgando contratos de obra pública, tras compensar económicamente a familiares de las víctimas.

Es muy claro lo que sucedió, de acuerdo con los expertos. Mientras en el colegio se mostró la fuerza del Estado y su carga punitiva como reforzamiento de las instituciones, en la Línea 12 se llegó a un rápido acuerdo para evitar daño a las aspiraciones presidenciales de Sheinbaum y Ebrard, en esta aplicación discrecional de la justicia que se ha vuelto costumbre en el actual régimen.