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EL ASALTO A LA RAZÓN

Confesión de parte, relevo de prueba

 

La Ley Ambiental de Protección a la Tierra que rige en Ciudad de México establece que la tala, poda o trasplante de árboles puede autorizarse, pero solo en casos específicos. Para quienes lo hagan sin permiso, el 345 Bis del Código Penal prevé multas que van de 500 a dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a poco más de 192 mil pesos, y de tres meses a cinco años de prisión.

Viene a cuento el breviario por la confesión, este lunes, del ingeniero residente de la obra del tren maya, general de Brigada Gustavo Ricardo Vallejo Suárez (tuvo a su cargo la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles), en la mañanera, confirmando que cuatro de los siete tramos del proyecto no cuentan con la obligada Manifestación de Impacto Ambiental.

Pero ya se “trabaja estrechamente con los expertos, en coordinación con Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) y las autoridades ambientales de los tres niveles de gobierno para dar cumplimiento” al previsor requerimiento.

“Ya estamos tomando acciones, estamos elaborando la Manifestación de Impacto Ambiental con instituciones de educación superior de prestigio, en aras de investigación del medio ambiente”, informó, confirmando lo que diversas organizaciones ambientalistas y personalidades de la ciencia y la cultura vienen denunciado para alertar sobre la probabilidad de que se cometa un ecocidio en el dichoso Tramo 5, que unirá Cancún con Tulum.

No obstante, el militar aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional “reafirma su responsabilidad institucional con el medio ambiente mediante acciones concretas para el cuidado y preservación de la flora, fauna y demás recursos naturales de esa región”.

A su vez, María Luisa Albores, titular de la Semarnat, dijo que los tramos 1 (Palenque-Escárcega) y 2 (Escárcega-Calkiní) sí cuentan con la Manifestación definitiva.

Entretanto, el avance de los trabajos nadie lo para debido al decreto del 22 de noviembre que impide frenar con amparos las obras prioritarias del presidente López Obrador, quien las considera de interés público y seguridad nacional.

A quienes le demandan suspender la construcción del tramo 5 por temer que el suelo y subsuelo porosos de la zona (como de toda la Península de Yucatán) pone en riesgo tanto los cenotes, los ríos subterráneos, la flora, la fauna, el tren mismo y la seguridad de los futuros pasajeros (hace un año colapsó un tramo de la Línea 12 del Metro), los califica de “conservadores, neoliberales, hipócritas y corruptos”.

¿… y si tienen razón?

Lo cierto es que en la obra del maya priva una variante del “mátalos, después viriguas”, porque sin las manifestaciones de impacto ambiental nadie, absolutamente nadie, sabe lo que pasará cuando concluyan los trabajos y empiece la operación.

Por eso mismo, ante el derribo de árboles nativos y su prometido “trasplante” (de lo demás ni se diga), conviene saber lo que en la capital significa talar sin permiso… 

Ámbito: 
Nacional