El costo político que representa la mediatización de casos como los de Debanhi o Ángel Yael, provoca que las autoridades les brinden especial atención, acción que no garantiza justicia para las víctimas y que además demuestra los elevados niveles de impunidad en el país, ya que si el caso no es foco de atención, difícilmente se atiende
En un país con altos índices de impunidad y en el que la sociedad y víctimas no denuncian por desconfianza en las autoridades, obtener justicia es una victoria rara.
Gracias a la denuncia ciudadana y a la viralización de los casos a través de redes sociales, es que las autoridades se comprometen con los casos y las víctimas, les dan atención personal y en muchas ocasiones capturan a los responsables de los delitos rompiendo con la cadena de la impunidad.
A pesar de esto, los delitos que se resuelven son muy pocos en comparación con la alta tasa de criminalidad que azota al país.
La tarde del miércoles 27 de abril, Ángel Yael y sus compañeros Eduardo y Edith Alejandra, se dirigían a su residencia universitaria ubicada en Irapuato, Guanajuato, después de salir de una fiesta, pero no llegaron.
En el camino, en las inmediaciones del ducto de Pemex Salamanca-León a la altura del poblado Exhacienda el Copal, fueron interceptados por elementos de la Guardia Nacional por el simple hecho de estar estacionados en un camino de terracería por el que transitan personas que roban combustible, mejor conocidos como “huachicoleros”.
Al percibir la presencia de los elementos armados, los jóvenes aceleraron su partida, pero un elemento de la Guardia Nacional descendió de su vehículo y accionó su arma en contra de los jóvenes.
A Ángel lo mataron de un tiro en la cabeza, Edith fue herida en el hombro y Eduardo resultó ileso.
A las pocas horas del asesinato, las redes sociales y las calles de Guanajuato se llenaron de estudiantes y ciudadanos exigiendo #JusticiaParaAngel. Por su parte, las autoridades de los tres niveles de gobierno se comprometieron personalmente a esclarecer el caso.
Incluso, durante la conferencia mañanera del 2 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a los familiares de Ángel Yael confiar en que no habrá impunidad.
“Es un caso lamentable, (quiero) enviar nuestra solidaridad a los familiares y decirles que tengan confianza porque no va a haber impunidad. (…) No hay encubrimiento, no es como antes, que se ocultaban las cosas y que se protegía”
El caso de Ángel Yael por su gravedad y viralización cuenta con el seguimiento puntual de las autoridades municipales, estatales y federales, pero no en todos los crímenes pasa lo mismo.
En los 36 meses que tiene la Guardia Nacional de existencia, ha acumulado un total de 11 expedientes por homicidio y 992 quejas por violaciones a los Derechos Humanos, de acuerdo con reportes del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos (SNAVIDH).
Entre las denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de junio de 2019 a abril de 2022, se encuentran 200 por detención arbitraria; 117 reportan trato cruel, inhumano o degradante; 75 intimidación; 27 son por tortura, siete por desaparición forzada y 11 por homicidio, incluido Ángel Yael.
Respecto a las sanciones, las autoridades no informaron si alguno de estos casos se judicializó, solamente señalaron que en 2021 la Guardia Nacional emitió 7 mil 586 correctivos y sanciones disciplinarias, sin dar más detalles.
Al igual que el caso de Ángel Yael, las autoridades se comprometen y logran avances para esclarecer crímenes como el Debanhi Escobar, en Nuevo León, que contó con la presencia durante las diligencias del gobernador Samuel García, o el de Andro Nava en la Ciudad de México, cuyo agresor, Sidarta, fue detenido a las pocas horas por elementos de la policía capitalina.
Pero en un país con tasas tan altas de criminalidad y con tantas carpetas de investigación abiertas, los casos resueltos y viralizados son los menos.
Delitos, denuncias e impunidad
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2021, la incidencia delictiva en el país se incrementó un 11 por ciento y el número de víctimas en 8.5 por ciento, con relación a 2020.
En total se denunciaron ante autoridades ministeriales del país 2 millones 044 mil 122 ilícitos, 202 mil delitos más que en 2020. Respecto a las víctimas, el SESNSP reportó que en 2021 hubo un total de 342 mil 214, es decir, 26 mil 665 más que en 2020.
En los primeros tres meses de este año (enero-marzo) la incidencia delictiva nacional es de 508 mil 822 delitos registrados en todo el país, respecto a las víctimas, suman 84 mil 110.
Esta cifras, si de por sí son altas, no reflejan la realidad. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, revela que en el país hubo alrededor de 21.2 millones de víctimas, posicionado al país con una tasa de prevalencia delictiva de 23 mil 520 víctimas por cada 100 mil habitantes.
En los 36 meses que tiene la Guardia Nacional de existencia, ha acumulado un total de 11 expedientes por homicidio y 992 quejas por violaciones a los Derechos Humanos
En promedio, en México, una de cada cuatro personas es víctima de un delito al año, sin embargo, el 93.3 por ciento de los delitos no se denuncia, o bien, la autoridad no inició una investigación.
La ENVIPE 2021 revela que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como una pérdida de tiempo con 33.9 por ciento o la desconfianza en la autoridad con 14.2 por ciento.
Un informe elaborado por la organización México Evalúa con datos sobre el trabajo de las fiscalías y jueces en 2020, señala que el 94.8 por ciento de los delitos no reciben atención.
Es decir, no hubo ni una sentencia, un acuerdo entre las partes, ni reparación del daño. En muchos casos, incluso, ni siquiera se llega a juicio y la justicia queda en un archivo.
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