Brandon Giovanni Hernández Tapia tenía 12 años. Murió, al lado de otras 25 personas, en la estación Olivos del Metro, el 3 de mayo de 2021.

El vagón en que viajaba cayó desde una altura de 12 metros.

Su madre, Marisol Tapia, lo identificó en el anfiteatro de la Fiscalía de Iztapalapa, después de un día de buscarlo en vano. 

Un funcionario del gobierno capitalino buscó días después a Marisol en su domicilio y le dio 10 mil pesos como apoyo para gastos funerarios. Al día siguiente, le llevó un cheque por 40 mil. Quería que la madre de Brandon firmara un acuerdo de reparación del daño.

El funcionario aquel prometió que habría justicia. Pero ella nunca más lo volvió a ver.

Relata la periodista Icela Lagunas que muchas personas que sobrevivieron esa noche fueron atendidas por paramédicos, que luego los mandaron a sus casas. Se les vio aturdidas por las calles, pero no ingresaron en la lista de afectados. Más tarde, cuando intentaron reclamar algún apoyo sicológico, a consecuencia de miedos nocturnos, episodios de ansiedad e insomnio, sencillamente se les rechazó.

Esa noche, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum prometió que habría una investigación a fondo. La senadora de Morena Margarita Valdez no esperó investigación alguna. Dijo que había gente perversa, “que en un descuido van y le mueven a la ballena para que caiga”. El presidente López Obrador no estuvo ahí esa noche, ni nunca. “No es ese mi estilo”, dijo. Para él, visitar zonas de tragedia era “irse a tomar fotos”. “Al carajo este estilo demagógico e hipócrita”, agregó.

Como se sabe, el gobierno capitalino contrató a la empresa noruega DNV para que realizara un peritaje externo que explicara las causas de la tragedia. Sheinbaum alabó en una conferencia a DNV, y su larga trayectoria de éxitos mundiales.

DNV entregó dos peritajes preliminares, que señalaban a las firmas constructoras y cuyas conclusiones apuntaban también al gobierno de Ebrard.

La semana pasada el tercer peritaje fue rechazado por Sheinbaum bajo el argumento de que sus conclusiones eran tendenciosas y ayudaban a la oposición. La firma noruega fue amenazada en caso de que se hicieran públicas sus conclusiones. La verdad fue nuevamente secuestrada por quienes dicen tener un inviolable pacto con esta.

Desde el día de la tragedia se revivió en los medios la cronología del desastre: los avisos de que algo andaba mal en la Línea 12 fueron lanzados, desde nueve años antes —concretamente desde 2012. En la cronología de estos hechos, que atraviesa los gobiernos de Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum, ocupa un lugar importante el recorte presupuestal al Sistema de Transporte Colectivo durante el gobierno de esta última.

En octubre de 2021, la periodista Icela Lagunas publicó un libro que me parece poco atendido: “Línea 12. Crónica de una tragedia anunciada”.

Volví a leerlo tras el rechazo al peritaje por parte de la jefa de gobierno. Es uno de esos libros en los que la simple enumeración de hechos hace que la verdad se asome: nueve años de deficiencias, apresuramientos, corrupción, negligencias y ocultamientos por parte del grupo político que hoy gobierna al país y en el que figuran dos de los más fuertes candidatos presidenciables.

La conclusión, perfectamente documentada por Lagunas, es que el desastre se pudo evitar, que pesaron más los intereses políticos y económicos que la seguridad de los ciudadanos, que los que “no son iguales” solo repartieron cheques a cambio de “perdón”: que a la fecha no existen responsables, y mucho menos, esperanza de justicia.

Tenemos solo 26 muertos. Y también, a dos precandidatos presidenciales.