Aunque oficialmente los cambios en el gabinete de Cuauhtémoc Blanco derivaron del cumplimiento de un ciclo y el relevo natural en la mitad de sexenio, en el fondo los ajustes tuvieron dos razones: acabar con las diferencias internas y mejorar el funcionamiento del equipo. La apuesta en este periodo debe ser por el diálogo, la conciliación y mejorar la percepción. De ello depende el cierre de gobierno.

Dos semanas después de la salida de Pablo Ojeda y José Manuel Sanz los resultados comienzan a notarse; a diferencia del pasado reciente donde el gobernador estaba aislado y su agenda incluía solo algunos pocos eventos, la mayoría en la zona metropolitana, ahora las actividades del jefe del ejecutivo son diarias e incluyen un contacto permanente con los ciudadanos de los 36 municipios.

La secretaría de gobierno ha comenzado a reunirse con distintos sectores y organizaciones, algunos de ellos olvidados durante todo el sexenio, en todos los casos con un ánimo de conciliación y acuerdo; hasta hace poco la secretaría de gobierno y la jefatura de la gubernatura caminaban por separado, ahora se percibe una labor coordinada que incluye la participación de otros secretarios para fortalecer el desempeño del gobierno y resolver problemas.

El reto del régimen en este tramo del sexenio es claro: necesitan gobernabilidad y mejorar la percepción, para ello eran necesarios los cambios en ambas dependencias, pero se requiere un trabajo estructurado que vaya más allá de lo mediático para que los ajustes alcancen su objetivo. Explico:

La sustitución de Pablo Ojeda y José Manuel Sanz fue vista con buenos ojos porque renovó el equipo del gobernador en dos áreas que no estaban haciendo bien su trabajo; la llegada de Samuel Sotelo y Mónica Boggio genera expectativas de que vieen tiempos mejores porque se trata de un abogado con arraigo y una dama que además de tener una extraordinaria preparación académica ha demostrado más sensibilidad política que cualquier otro personaje del gabinete.

Esta esperanza se renovará o se acabará en función de lo que hagan los dos nuevos titulares, los cambios fueron el primer paso, pero ahora es necesario dar el segundo, entendiéndolo como una modificación real, notoria y efectiva en la manera como se ha ejercido el poder a lo largo de tres años.

En la agenda política estatal hay temas que seguramente ya están identificados por el equipo político del gobierno, porque inciden de manera directa en la gobernabilidad; lo que ha ocurrido en la cámara de diputados, pero sobre todo lo que puede suceder en los próximos días o semanas es importante porque de ello pueden derivar situaciones que afecten directamente al gobernador Cuauhtémoc Blanco. Detengámonos aquí.

Tras la embestida política de diciembre y el naufragio de la negociación presupuestal, la parálisis parlamentaria es lo mejor que pudo ocurrirle al gobierno estatal; públicamente los diputados discutían por la distribución del dinero en el paquete económico, pero de fondo lo que peleaba eran dos cosas: el control de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización y la cláusula de transferencias. De no haberse roto el diálogo parlamentario, ambos temas habrían avanzado.

Esta trifulca legislativa favoreció al jefe del ejecutivo, porque desvió la atención política hacia la cámara de diputados y colocó a los diputados que le hacían sombra en un plano de desgaste permanente que prevalece hasta ahora. El mandatario apostó por un presupuesto incluyente en el que se otorgaba más dinero a la universidad, a los municipios, a la seguridad y a la salud, pero al truncarse el diálogo y aplicarse el presupuesto del año anterior con cláusula de transferencia, Cuauhtémoc Blanco se puede mover con toda comodidad, dejando el desgaste público a los legisladores.

Esta situación puede cambiar si dentro del congreso se reacomodan las cosas y la endeble relación con el G8 se pierde. Entendamos algo: el G11 no necesita a todos los integrantes del bloque obradorista, con tres le basta para cambiar totalmente el panorama político, reabrir la agenda legislativa y avanzar en asuntos que verdaderamente pueden perjudicar al gobernador, como la revocación de mandato o la solicitud de juicio político.

Item más: la renovación del poder judicial fue una jugada que no le salió bien al ejecutivo, porque la apuesta gubernamental fue por la continuidad de Rubén Jasso; los cambios en el gabinete fueron el factor que permitió la llegada de Jorge Gamboa, porque al formalizarse la salida de Pablo Ojeda, los magistrados que llegaron al poder judicial con su apoyo rechazaron la reelección del presidente y sumaron votos a la causa de quien hoy preside los tribunales.

Un problema notorio en la administración estatal en esta primera mitad del sexenio es la falta de operación política, una errada estrategia y la falta de arraigo del secretario; ello sin descontar que en esa dependencia carecen de un área de análisis que les permita anticipar problemas y tener vasos comunicantes con la clase política y los actores de poder locales.

La jefatura de la gubernatura también contribuyó a esta situación, porque las atribuciones que le quitaron a la secretaría de gobierno se las concedieron a la oficina de José Manuel Sanz, pero él nunca se interesó en construir relaciones políticas que ayudaran al régimen, ni hizo ningún esfuerzo para mejorar la percepción.

El trabajo político ayuda a la gobernabilidad y evita problemas al gobierno porque al establecer relaciones con la oposición, con los otros poderes, con los alcaldes y con los diferentes sectores de la sociedad, se anticipan problemas y se solucionan crisis; con un secretario ausente y una oficina que desconocía al estado y no le interesaba interactuar con nadie fuera de su círculo personal, era obvio que las dificultades serían constantes.

En la jefatura de la gubernatura está incluida la oficina de comunicación social, área que durante tres años ha sido apagafuegos, porque se ha dedicado a tratar de matizar las crisis en todas las demás áreas. Incorrectamente durante este tiempo las omisiones políticas, los problemas de inseguridad, los errores de los secretarios y hasta los escándalos personales de algunos miembros de la élite gobernante han tenido que ser atajados por esta dependencia. Con una titular más sensible e inteligente, se puede esperar que la historia cambie y que en lugar de tener un bombero de prensa, el área de comunicación se dedique a trabajar en el manejo de la percepción de cara al cierre del sexenio.

La llegada de Mónica Boggio y Samuel Sotelo generan altas expectativas en muchos, porque podrían dar pie a un cambio mayor en la forma como se ha conducido este gobierno, pero también porque podrían llevar a cabo la supervisión de las demás áreas del gabinete.

El respaldo presidencial al gobernador Cuauhtémoc Blanco es un factor de peso en la agenda política local, pero para que esa ayuda trascienda al sexenio es fundamental el trabajo que estas dos dependencias.

Para cualquier administración pública las prioridades deben ser la política y la comunicación.

• posdata

El exgobernador Graco Ramírez reactivó su agenda pública luego de más de tres años de mantenerse escondido; primero lo hizo en la presentación del Frente Cívico Nacional, una organización antiobradorista conformada por figuras de oposición desechadas de sus propios partidos y repudiadas por su mala imagen, luego apareció en un acto local de la fundación Don Bosco y el fin de semana en un grupo, también antiobradorista, de exgobernadores y figuras políticas del pasado.

El tabasqueño ha trazado una agenda de cara al 2024: el primer paso para regresar al escenario público es hacer que la gente se acostumbre a su presencia; de ahí lo que sigue es tratar de reinventarse en foros políticos nacionales, a la par de reagrupar al graquismo local.

Para el exgobernador Ramírez el peor castigo que pudo recibir en su carrera política fue salir por la puerta de atrás en el gobierno del estado y tener que autoexiliarse luego de su mandato. Peor: su desastroso gobierno lo convirtió en un paria político, en alguien que en seis años paso del cielo al infierno y con el que durante tres años nadie quiso tener contacto, dado su mala imagen pública.

Cierto: Graco Ramírez resolvió económicamente su vida, pero el costo social, político y personal que tuvo que pagar es lo que lo vuelve loco y lo obliga a tratar de reinventarse como un personaje de oposición. Tiene dinero, pero no poder ni respeto social.

La falla en la estrategia del tabasqueño no está en el tiempo que utiliza para su regreso, sino en la plataforma a la que se ha montado: Graco Ramírez se ha mostrado ya como un abierto crítico de la 4T, parte de los grupos antagónicos al presidente que le tratarán de arrebatar el poder y desde donde se intentará golpear al proyecto e imagen de Andrés Manuel López Obrador.

La lógica de estos grupos es aglutinar el antiobradorismo social, es decir, a todos aquellos grupos y personas que no están de acuerdo con el ejecutivo federal, ni simpatizan con el modelo de gobierno que impulsa la Cuarta Transformación. El problema es que muchos de quienes están en estos frentes son políticos impresentables, so personas despreciables, con pasados oscuros y trayectorias corruptas, como Graco Ramírez.

Por supuesto que un sector amplio de la sociedad se ha desencantado del gobierno actual y están en desacuerdo del estilo de López Obrador, pero capitalizar ese enfado social y convertirlo en una corriente política con fines electorales es algo que no será posible a través de estos grupos. Digámoslo así: muchas personas no simpatizan con el presidente de México, pero tampoco lo hacen con políticos ladrones y tramposos como Graco Ramírez.

Ramírez Garrido ha abierto políticamente sus cartas y se vende como un político antiobradorista, pero olvida que su pasado como ejecutivo estatal fue sucio y tiene muchos asuntos legales y financieros pendientes por resolver. Graco no tiene calidad moral para reclamarle al presidente ni a nadie.

El hecho que hasta este momento no le hayan probado ninguna de sus tropelías como gobernador no quiere decir que sea un hombre honesto o que no haya cometido actos fuera de la ley.

Al tiempo.

• nota

La realidad ha alcanzado al presidente municipal de Cuernavaca, el ejercicio de gobierno le ha demostrado que la solución a los problemas de inseguridad no derivan de la buena voluntad de las autoridades, ni de la honestidad de los funcionarios.

Los hechos delictivos y la violencia están latentes en la capital y no han manera de que la policía municipal pueda hecer algo para frenarlos; no se trata solo de la falta de equipo y personal, sino de un reto que rebasa a las autoridades de los tres niveles de gobierno y se acentúa en un ayuntamiento que decidió dar la batalla solo.

Una vez más hay que decirlo: José Luis Urióstegui se equivocó al sacar a Cuernavaca del convenio de mando coordinado de policía; poner a la ciudad en un escenario de pelea en solitario no solo es equivocado, también resulta muy peligroso para los habitantes.

Las justificaciones del edil recurren al discurso que desde hace año repiten todos los gobernantes: “es la pelea entre grupos de la delincuencia organizada, son mensajes entre bandas, no es un tema que afecte a la comunidad…” bla bla bla, nada nuevo en el mensaje gubernamental, solo se repiten las frases, las ideas y los muertos que todos los días vemos en las calles.

La policía de Cuernavaca no solo lucha en solitario contra múltiples enemigos que la superan en número y poder, también lo hace con una dependencia fracturada en donde hay tres cabezas con ideas, proyectos e intereses distintos.

Alicia Vázquez Luna es la secretaria, pero no es quien manda en esa corporación. El alcalde lo sabe y lo permite.

• post it

Los procesos legales contra los fucionarios graquistas avanzan en los tribunales. El cambio de presidente en el poder judicial no es algo que beneficie al exgobernador, porque perdió el grupo que lo apoyaba y con quien construyó una red de protección.

Graco Ramírez presume que operó en la elección del TSJ, falso. En esta historia tanto el gobernador y como el exgobernador perdieron.

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Tuiteo, luego existo.

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