El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos notificó al Congreso y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción las violaciones a la ley en que incurrió el Órgano de Control Interno (OIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE) al extender indebidamente la presentación dela declaración patrimonial y de intereses para los funcionarios del órgano autónomo.
Además, el Comité se vio obligado a emitir un acuerdo para recordar a todos las instituciones locales que el plazo para presentar dicha declaración vence este martes.
Felipe Velarde Corrales, en su calidad de titular del OIC de la FGE, emitió el acuerdo 01/2022, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 18 de mayo, por el que extendió hasta el 31 de julio el plazo para la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses a la que están obligados los servidores públicos de la fiscalía.
El acuerdo encendió la alarma de María Juana Damiana Herrera Mota y Juan Carlos Huitrón Luja, presidenta del Comité Coordinador y secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, quienes el 24 de mayo sostuvieron una reunión con Velarde Corrales para hacerle de “su conocimiento la ilegalidad del señalado Acuerdo 01/2022, por la falta de facultades, y la sugerencia de solicitar al Director del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, que dejara sin efectos la publicación”.
Según el acuerdo expedido por el Comité Coordinador el 26 de mayo, de “un análisis se advierte la ausencia de facultades en dicho servidor público, para modificar los plazos de presentación de la declaración de modificación patrimonial y de intereses”.
El titular del OIC de inmediato atendió la advertencia del Comité Coordinador y realizó las gestiones para intentar derogar su acuerdo.
Debido al error e invasión de facultades de Valverde Corrales, el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos emitió un exhorto para reiterar y dejar claro que el 31 de mayo es la fecha límite para para que todos los servidores públicos obligados presenten dicha declaración anual en su modalidad de modificación.