La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a cinco jueces que presuntamente se asociaron para que una persona que ya había sido declarada inocente terminara presa.
Se trata de los jueces Jorge Antonio Medina Gaona, Erika Navarro Olvera, Alberto Martínez Álvarez, Israel Pérez Cuevas e Israel Ceballos.
En la indagatoria también están implicados tres ministerios públicos de la Fiscalía de la Ciudad de México: David Fernández García, Vianka Grisel Gómez Gómez y Lilia Gabriel Romo Rodríguez, de acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CD-MX/0000265/2020, de la cual tiene copia Excélsior.
El caso al que da seguimiento la FGR es el de Fernando Aramburu Pandal, quien fue acusado de un supuesto fraude por seis millones de pesos por un “apoderado” sin autorización, en 2016, debido a lo cual fue vinculado a proceso, aunque llevó éste en libertad.
En 2019, Aramburu recibió el perdón de la empresa presuntamente defraudada, al confirmar que no había cometido delito alguno y que su manejo como administrador había sido correcto. Sin embargo, en el caso intervinieron ministerios públicos y jueces que ocultaron dicho perdón o, con evasivas, mantuvieron vivo el caso, el cual depende de la próxima decisión que tome el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la CDMX y de las investigaciones de la Fiscalía General.
La FGR va tras jueces que amañan caso de inocente; una disputa legal que lleva seis años
Funcionarios de procuración de justicia federal y local le han escamoteado a Fernando Aramburu el perdón de una querella y la sentencia a su favor del titular del juzgado Trigésimo Octavo, además de bloquearle un amparo federal.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a cinco jueces, uno federal, cuatro de la Ciudad de México y a tres ministerios públicos de la Fiscalía de la Ciudad de México por presuntamente asociarse para armar un caso y llevar a la cárcel a una persona a quien un juez ya había declarado inocente.
A través del fiscal especializado de Control Regional, Juan Ramos López, la FGR realizan las investigaciones del caso de Fernando Aramburu Pandal, quien en 2016 fue imputado de un supuesto fraude por 6 millones de pesos por un “apoderado” sin autorización.
Los funcionarios del sistema de procuración de justicia que son investigados por la FGR y acusados de delitos contra la administración de justicia en el caso de Aramburu Pandal son:
El juez decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Jorge Antonio Medina Gaona; Erika Navarro Olvera, juez trigésimo segundo de Control del Sistema Procesal Penal; Alberto Martínez Álvarez, juez trigésimo cuarto; Israel Pérez Cuevas, juez trigésimo octavo; e Isrrael Ceballos, magistrado por Ministerio de Ley Unitario de la Cuarta Sala Penal del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México; y los agentes ministerios públicos David Fernández García, Vianka Grisel Gómez Gómez y Lilia Gabriel Romo Rodríguez, según consta en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000265/2020.
La FGR tiene como pruebas de las acusaciones en contra de los jueces y ministerios públicos, la carpeta judicial 004/2173/2018 y 6 dispositivos digitales con las grabaciones de las audiencias de dicha carpeta, con las que los investigadores podrán apreciar las contradicciones que se presentaron en el proceso del caso que actualmente está a cargo del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, 45/2022.
EXCÉLSIOR TIENE COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CASO
El 6 de julio de 2016, Eduardo Solórzano Caraza presentó ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México una querella por el delito de fraude en contra de Aramburu Pandal, cometido supuestamente en perjuicio de la empresa Club de Altura y Negocios.
Aramburu fue vinculado a proceso el 13 de noviembre de 2018, el cual llevó en libertad y se le impusieron tres medidas cautelares, presentarse a firmar cada mes, no salir del país y entregar su pasaporte. Aramburu solicitó amparo de la justicia federal.
En paralelo, Solórzano Caraza interpuso el recurso de apelación en contra del auto de vinculación, por considerar que existían otros ofendidos y víctimas, aunque no se había acreditado en el origen de la demanda y además de haber consentido en que la persona ofendida era exclusivamente la empresa Club de Altura y Negocios.
El 25 de febrero de 2019, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó sentencia en contra de la apelación de Solórzano Caraza, desechándolo, precisamente por carecer de personalidad.
Los accionistas de la empresa supuestamente defraudada por Aramburu se reunieron en asamblea de accionistas el 28 de marzo de 2019 y ahí decidieron, por mayoría, otorgarle el perdón a Aramburu, una vez que confirmaron que él no había cometido ningún fraude y que su manejo como administrador había sido correcto.
Ese perdón fue ratificado el 7 de mayo de 2019, ante la ministerio público Gómez Gómez, en la etapa de investigación complementaria del caso contra Aramburu, ya no se presentaron más pruebas en contra del procesado, aunque sí a su favor, como fue el acta notariada de la asamblea general ordinaria de accionistas de Club de Altura y Negocios, del 28 de marzo de 2019, otorgando el perdón a Aramburu.
El 3 de junio de 2019, la ministerio público de la Fiscalía de la Ciudad de México, Lilia Gabriela Romo Rodríguez, presentó la acusación en contra de Aramburu sobre el mismo caso por el cual ya se había otorgado el perdón correspondiente; la MP ocultó el perdón recibido por Aramburu.
Tres días después, el 6 de junio de 2019, se volvió a ratificar el perdón a Aramburu, en una audiencia judicial. Con evasivas, el juez de la causa suspendió dicha audiencia de perdón.
Se solicitó una nueva audiencia de otorgamiento de perdón, que ocurrió el 9 de enero de 2020; el juez de la causa fue Israel Pérez Cuevas, titular del juzgado Trigésimo Octavo de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México.
Pérez Cuevas fue el juez que presidió tanto la audiencia de imputación como la vinculación a proceso de Aramburu. Con evasivas ilógicas e inexistentes, este juez no aceptó sobreseer el asunto con motivo del perdón otorgado, tanto ante el ministerio público, como ante la presencia judicial.
Entonces Aramburu interpuso un amparo indirecto en contra de dicha resolución, el cual se radicó ante el mismo juez decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, Jorge Antonio Medina Gaona.
Mientras se tramitaba el amparo, Aramburu Pandal, volvió a solicitar una nueva audiencia de otorgamiento de perdón, ahora, siendo el juez del caso el licenciado José Luis Palacios Fernández, haciendo valer el perdón en dicha audiencia ex profeso de otorgamiento de perdón, y decretó la extinción de la acción penal en favor de Fernando Aramburu Pandal, el 24 de febrero de 2020.
Motivo por el cual, el amparo federal presentado por Aramburu fue sobreseído por el mismo juez Jorge Antonio Medina Gaona que lo había otorgado. El argumento fue que se sobreseía por existir el perdón referido y a solicitud del juez Palacios Fernández, quedando firme dicho sobreseimiento porque no fue recurrido.
Sin embargo, terceras personas interpusieron una apelación en contra del perdón otorgado, caso que lo llevó Octavio Israel Ceballos Orozco, quien fue nombrado magistrado por Ministerio de Ley Unitario de la Cuarta Sala Penal del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, el cual sorpresivamente revocó el perdón otorgado a Aramburu el 24 de febrero de 2020, en resolución del 9 de noviembre de 2020, a pesar de la existencia de constancias procesales, validando la participación de terceras personas ajenas al proceso y en contravención de lo resuelto por parte de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Aramburu Pandal recurrió nuevamente a otro amparo, para hacer frente a dicha situación procesal; este nuevo amparo le tocó conocer, por antecedentes al Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, a cargo de Medina Gaona.
El juez Jorge Antonio Medina Gaona confirmó lo resuelto por el juez Ceballos Orozco, a pesar de que él mismo sobreseyó un amparo anterior, por estar extinguida la acción penal en favor de Aramburu Pandal.
El caso de Fernando Aramburu Pandal ahora mismo corre sobre dos vías: en los próximos días la decisión que tome el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México y el rumbo de las investigaciones sobre la carpeta que está en poder de la Fiscalía General de la República, ahora que públicamente se conocen los hechos denunciados, después de seis años de proceso.
