Han tenido 15 meses para cumplir con las obligaciones de la nueva ley general en la materia; noviembre, el límite
Rinde cuentas. Ximena Puente, titular del INAI, con Roberto Gil, presidente del Senado, durante el informe de labores del instituto ante la Permanente.
CIUDAD DE MÉXICO.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) está dispuesto a construir un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) para fijar los criterios que permitan dar a conocer las evaluaciones de los maestros, porque se trata de información trascendente para la sociedad mexicana.
Ximena Puente, presidenta del INAI, también recordó que a los sindicatos sólo les restan tres meses para cumplir con las obligaciones de transparencia establecidas en la ley general en la materia, promulgada en mayo de 2015, y, hasta el momento, sólo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) han trabajado con el INAI para cumplir.
Después de presentar su informe de labores ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, explicó, además, que no existen razones en la nueva ley para que el gobierno federal reserve por diez años la información del Fideicomiso del proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales.
Frente a los legisladores, Ximena Puente recordó que un estudio de la UNAM, difundido hace unos meses, muestra que 92% de los mexicanos considera que en el país hay corrupción y que es en el sector público donde más se presenta.
“Si bien es cierto que la transparencia ha probado ser cada vez más un factor determinante para inducir cambios positivos en la manera en que se desempeña el servicio público, es necesario reconocer que nuestro país enfrenta grandes retos derivados de los reajustes económicos a nivel mundial, la implementación de las reformas estructurales y del descontento generalizado de la sociedad a causa de la corrupción”, destacó.
Este contexto, aunado a “un déficit de credibilidad de las y los ciudadanos en sus autoridades que dificulta en muchos casos, la capacidad de generar soluciones compartidas entre gobierno y sociedad.
“No obstante, es necesario reconocer que en términos de credibilidad en las instituciones y en las autoridades, es la opinión de los ciudadanos la que marca la importancia del tema”, añadió.
La participación de diputados y senadores de oposición estuvo marcada por la urgencia al INAI de ser más severo con las instituciones gubernamentales que niegan el acceso a la información.