La dirigencia nacional del PRI apesta. Por incapaces y cínicos. De ahí la protesta desde distintos sectores del partido contra Alejandro Moreno, el líder nacional. Moreno recibió ayer a 11 exdirigentes con ningún otro objetivo práctico que ganar tiempo. El dirigente priista desprecia a sus antecesores, y la única sorpresa que tuvo con la carta que le dirigieron el sábado pasado para pedirle la reunión fue que no se dio al día siguiente de las elecciones en seis estados. Los expresidentes priistas buscan evitar que el partido se extinga en sus manos. Alito, como se autollama Moreno, se aferra al control del PRI para disponer del dinero de las prerrogativas y mantener la capacidad de jugar electoralmente a dios, al ser quien decide candidaturas a puestos de elección popular.

Desde la víspera quedaron claras las posiciones. Quien disparó primero fue Rubén Moreira, coordinador de los diputados priistas, exgobernador de Coahuila y líder de facto en el PRI. En una entrevista con Marta Anaya en El Heraldo de México, respondió a los expresidentes del partido: “También yo tengo mi crítica hacia ellos. Primero, algunos de ellos nos heredaron lo que hoy tiene el partido, es decir, falta de estructura, falta de dirigencias seccionales y municipales. El padrón que recibió esta dirigencia era un padrón inflado, falso, sin expedientes”.

Moreira debe saber de lo que habla. Fue secretario general del PRI en 2019 durante un breve lapso, a cuyo cargo renunció sin dar ninguna explicación. Pero antes ocupó los cargos 3 y 4 en jerarquía dentro del partido, la Secretaría de Organización, cuya función es “realizar los diagnósticos y formular los programas estratégicos tendientes a fortalecer la presencia política de organización y convocatoria del partido”, y previamente la Secretaría de Acción Electoral, que entre sus responsabilidades se encuentra precisamente de lo que se queja, el empadronamiento y la actualización de datos del padrón de la militancia.

En la entrevista con Anaya, acusó: “Segundo, ellos (los exlíderes del PRI) no se opusieron a ciertas políticas que lastimaron al partido. Nosotros éramos un partido nacionalista. Empezamos a cambiar. Nos alejamos de nuestros simpatizantes y no hicimos pedagogía para explicarles el nuevo rumbo del partido”. No puede desasociarse de ese proyecto tecnocrático de los gobiernos priistas del último cuarto de siglo. Nunca habló en contra del proyecto, ni lo cuestionó.

Al contrario, por una parte lo avaló, como cuando guardó silencio durante su periodo como gobernador de Coahuila (2011-2017), cuando se hicieron todas las reformas del presidente Enrique Peña Nieto, y elogió melosamente las de educación, telecomunicaciones, energética y el Pacto por México, que equiparó en su momento con ¡el Plan de Guadalupe!, firmado en 1913, donde decenas de líderes también querían profundizar la Revolución para lograr cambios políticos, económicos y sociales, enfocados en el restablecimiento del orden constitucional.

La respuesta vino de la expresidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, y del coordinador de la bancada en el Senado, antiguo protector de Alito, Miguel Ángel Osorio Chong, al deslindarse de la moratoria constitucional que anunció Moreno junto con los líderes de los partidos en la alianza Va por México la semana pasada. La moratoria fue anunciada sin consultar con nadie, salvo su claque, lo que no debió haber sorprendido a los priistas por la experiencia de traiciones que arrastra Moreno. El año pasado había estado dispuesto a respaldar todas las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador a cambio de que quedara en manos de su sobrino la gubernatura de Campeche. Este año volvió a ofrecer respaldo a la reforma energética si le daba la gubernatura de Hidalgo a Carolina Viggiano, esposa de Moreira y secretaria general del PRI, que se presentó como candidata panista de la alianza.

Su coqueteo con Palacio Nacional no funcionó, pero quería congraciarse con López Obrador, abriendo la posibilidad de un apoyo a la reforma eléctrica, pero se topó con una treintena de diputados priistas que estaban opuestos a ella, por lo que Moreno no podría entregar los 56 votos que se necesitaban para que se aprobara. Pero en lugar de justificar con un discurso político, como sugirió uno de sus mentores, rompió lanzas con el Presidente, y el gobierno respondió difundiendo audios de conversaciones privadas, exhibiéndolo como un patán.

Los audios, pese a ser producto del espionaje del Centro Nacional de Inteligencia, galvanizaron la inconformidad contra Moreno, dentro del PRI y en la alianza opositora. En diciembre pasado, en este mismo espacio se planteó que, para que la oposición estuviera en condiciones de competencia contra Morena en 2024, “tenía que matar al PRI”. Con el liderazgo de Moreno había perdido autoridad moral, y era carente de inteligencia estratégica y creatividad para persuadir al electorado. Los resultados de las recientes elecciones en seis estados así lo demostraron.

El fondo del argumento era que el descrédito del PRI iba en crecimiento. En febrero de 2018, 48% del electorado decía que no votaría jamás por el PRI, según un estudio de Reforma, y para diciembre había subido a 66%. Una encuesta de Buendía&Márquez señaló que el PRI sólo superaba al PRD en opiniones positivas, aunque por debajo de 30%, pero que en opiniones negativas no había nadie que lo superara. Casi 50% piensa mal del PRI, que es un dato correlacionado con el “nunca votaría” por ese partido. Lo que estos datos sugerían, se apuntó, es que en la ecuación para las elecciones presidenciales de 2024, el PRI era una rémora para la oposición, más que un activo.

En estos últimos meses se ha ido amartillando esa argumentación. Quizá lo que había que matizar es que, con 18% de preferencia electoral en las últimas encuestas, la oposición no necesariamente tendría que tirar al PRI a la basura, sino que bastaría, como ejercicio previo, arrojar a Moreno. El PRI de Alito apesta a muerto y Moreno es un muerto que no sabe que ya murió. Si el PRI no para esa gangrena, la oposición tendrá que hacerlo porque la está contaminando.