Nacos con poder
Los altos niveles delictivos y la creciente violencia que se registra en todos los puntos del estado han generado reclamos constantes de ciudadanos y representantes populares que critican la falta de resultados en la estrategia de seguridad; las justificaciones que reiteradamente dan los responsables de las policías empiezan con la falta de recursos humanos y materiales para trabajar. ¡Nos faltan policías! ¡No alcanza el dinero! Ha dicho insistentemente el comisionado de seguridad. ¿Cuántos policías destina el estado al cuidado de funcionarios y políticos? ¿Cuánto nos cuesta?
Les comparto una escena que me tocó vivir hace unos días afuera de una escuela:
En la fila para dejar a los alumnos se incorpora una camioneta Suburban color arena de modelo reciente, junto a ella va otra camioneta de la misma marca de color blanca. Antes de llegar al punto donde bajan los estudiantes descienden del vehículo escolta tres elementos armados, una camina detrás de la camioneta color arena y dos más se ubican a los costados hasta que del auto principal bajan dos personas más que vigilan el ingreso de los menores. Posteriormente los guardias abordan y las dos camionetas se van.
¿Cuántas veces, lectora lector queridos, les ha tocado ver una escena similar? ¿Han notado cuantos elementos de seguridad resguardan a los diputados, a los alcaldes, a funcionarios o personas que nadie conoce, pero por alguna razón gozan de la protección especial del estado?
La escena anterior es una de las varias que, como a muchos, me ha tocado ver en esta ciudad; en otra ocasión el escenario fue un restaurant a donde llegó un funcionario estatal acompañado de varios elementos de seguridad: cuatro estuvieron dentro del lugar y algunos más en la camioneta negra que, según el valet, se mantuvo encendida en la puerta durante todo el tiempo que el personaje en cuestión estuvo en el lugar. “Hasta cerraron la puerta del negocio” dijo el empleado con enojo.
Historias como estas se han vuelto cotidianas, ocurren en las escuelas cuando se llevan a los niños a las escuelas, en los supermercados cuando los oficiales acompañan a las compras, en los restaurantes, en las plazas comerciales y hasta en los cines. Los escoltas son parte del paisaje de poder en Morelos.
Por razones disuasivas los elementos de seguridad que acompañan a este tipo de personas se dejan ver y muestran que van armados, lógicamente se trata de elementos del gobierno estatal porque muy pocas empresas privadas tienen permiso de portación de armas. El argumento de quienes gozan de este tipo de protección es simple: ¡Por la inseguridad! Como si ellos fueran los únicos que están expuestos.
En contraste, la mayoría de los funcionarios federales que acompañan al presidente de México no tienen este tipo de protección, ni tampoco se mueven en los vehículos blindados que se han convertido en un artículo cotidiano de los políticos y funcionarios morelenses. En Cuernavaca viven algunos integrantes del primer círculo del presidente Andrés Manuel López Obrador y se mueven como ciudadanos cualesquiera, en sus autos personales, sin escoltas, ni los operativos que gustan tanto a los diputados.
Se entiende que algunos actores de la vida pública requieran un cuidado especial por la naturaleza de su función, pero resulta ofensivo, injusto y sumamente oneroso para el erario morelense brindar protección especial a figuras que piden este tipo de trato solo para sentirse más importantes. Veamos: el presidente municipal de Cuernavaca no tiene el aparato de seguridad con el que cuentan algunos legisladores como Julio César Solís, José Luis Urióstegui solo es acompañado por un chofer y es común encontrarlo manejando su camioneta sin nadie más a su lado.
La reflexión no es solo en función de la inmoralidad de este tipo de actitudes, porque es claro que quienes piden escoltas para presumir no tienen compromiso social ni moral. El punto por discutir es que son muchos, cientos seguramente, los policías que el gobierno del estado destina al cuidado de personajes que se sienten importantes y exigen un trato distinto al de cualquier otro ciudadano. Y esto cuesta anualmente cientos de millones de pesos al erario.
La historia no es nueva, eso mismo ha venido ocurriendo desde hace muchos años y por la complicidad que implica se convirtió en un tema tabú del que nadie habla; obvio: diputados, alcaldes, funcionarios, comunicadores y hasta algunos amigos de la clase gobernantes piden protección especial con cargo al estado, lo que además de un despropósito representa un abuso y una enorme carga financiera para el gobierno. ¿Cuánto cuesta tener cuatro elementos armados las 24 horas del día?
Los asaltos, los robos, los secuestros, las extorsiones y el cobro de piso, por mencionar solo algunos delitos, se han vuelto cosa común en Morelos; todo el tiempo vemos casos de este tipo y expresiones de rabia de personas que se saben indefensas ante la delincuencia y sin respuesta por parte de las autoridades. Los propios jefes policiacos son víctimas de esta situación porque tienen que destinar muchos elementos para el “cuidado” de políticos que solo utilizan a los escoltas como un elemento decorativo, perjudicando con ello al resto de los ciudadanos, porque son policías que en lugar de trabajar en la pacificación acompañan a estos personajes en su vida rutinaria.
Por supuesto que se vale que los representantes populares y servidores públicos que quieran y puedan tener seguridad privada la tengan, pero que la paguen con su dinero y no con el de todos; la situación de inseguridad y violencia en el estado es tan delicada que resulta ofensivo que cientos de policías se dediquen al acompañamiento de los políticos y de sus familias en lugar de trabajar por la pacificación. ¿Por qué le importa más al gobierno el cuidado de un político que el de un Ciudadano?
La crisis de inseguridad en Morelos empieza con la crisis de valores de quienes desde un cargo público politizan el tema y se aprovechan de la estructura policial para obtener beneficios personales. Hoy que varios titulares de seguridad han referido que existe un déficit de policías valdría la pena revisar el número de escoltas que el gobierno estatal a través de la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía General del Estado brindan a servidores públicos, representantes populares y figuras de la clase política local.
Mientras el grueso de la ciudadanía padece delitos en las calles, en el trasporte público, en los negocios y en las casas, un grupo político privilegiado utilizan a los policías para llevar a sus hijos a la escuela, para hacer mandados o acompañar a sus señoras.
A este tipo de personajes se les puede definir de una manera sencilla: tienen el síndrome de nacos con poder.
- posdata
En materia de inseguridad la situación en Morelos es tan grave que el obispo de Cuernavaca ha pedido a los delincuentes que dejen de matar; el llamado de Ramón Castro refleja la impotencia ante una situación que evidentemente se ha salido de control y cuesta vidas todos los días.
La justificación de las autoridades antes estos hechos es la misma, todos refieren que se trata de un pleito entre bandas y que los muertos forman parte de los propios grupos delictivos, como si de esa manera todo quedara resuelto.
Los problemas de inseguridad en el país tienen un origen común: la estrategia nacional de “abrazos y no balazos” es un fracaso, en lugar de mejorar la situación y reducir la violencia la ha agudizado; no importa que el presidente tenga otros datos o que afirme que se trata de la crítica de los conservadores, en los hechos, en las calles, el problema es sumamente grave y ha costado la vida a miles de personas. Muchas más hasta ahora, que las registradas en todo el sexenio del odiado Felipe Calderón.
El funcionamiento de la Guardia Nacional es ineficiente y ficticio, porque los efectivos de la policía más grande del país no pueden operar legalmente sin la colaboración de otras dependencias; item más: los “refuerzos” que de cuando en cuando manda el gobierno de México a los estados, como Morelos, solo vienen para la foto y luego se retiran.
La lucha contra los grupos criminales en México se ha agudizado y es desigual, los cárteles tienen más fuerza y estructura que los policías, sin contar con las poderosas redes de protección que los apoyan en los diferentes sectores de la sociedad. Morelos no es ajeno a esta situación, por ello el llamado de un obispo que ha pasado de la crítica a la súplica.
En la víspera de que se lleve a cabo la próxima marcha por la paz, la expresión del jefe de la iglesia católica advierte el tono que tendrá su discurso. Esto dijo Ramón Castro:
“De todos y cada uno de los episodios atroces, de muerte y destrucción contra sus propios hermanos, les recordamos que somos parte del mismo pueblo; les conminamos a que dejen de matar a sus propios hermanos y de violentar la paz social, recuperen el temor de Dios y hagamos prevalecer su ley que nos dice, no matarás, en el nombre de Dios sensibilícense ante los lamentos de sus hermanos que son hijos de Dios, cuyas lágrimas de sufrimiento, impotencia y rabia contenida, claman hasta el cielo.
Les suplicamos, les rogamos, les exigimos en nombre de Dios ¡Basta de tanta maldad y odio! Todos queremos la Paz.”
- nota
La política es de momentos y de circunstancias, los que hoy están, mañana pueden dejar de estar. En la carrera por la sucesión es la segunda ocasión que aparece el nombre del subsecretario de gobernación Rabindranath Salazar, la primera fue en el 2018 por su cercanía con el Movimiento de Regeneración Nacional y en el 2024 porque “se la deben”.
Al lado de Rabín están los alcaldes Juan Ángel Flores y Rafael Reyes; sus figuras sobresalen porque Morena no gobierna la capital y son ellos el referente de ese partido en los municipios; difícilmente serían considerados candidatos a la gubernatura si la capital estuviera en manos de la 4T.
Luego está Margarita González Saravia, a quien la impulsa su cargo en la Lotería Nacional y la posibilidad de que la candidatura se defina a partir del género; el caso de Víctor Mercado es igual, a él lo favorece la simpatía y confianza que le tiene el gobernador y la cercanía de este con el presidente.
Cada proceso electoral es distinto y con circunstancias propias. Pase lo que pase en el 2024 difícilmente veremos a los mismos personajes competir por la candidatura a la gubernatura en el 2030. Al menos en las mismas circunstancias.
- post it
Los recursos con los que el estado cuenta para brindar seguridad a la ciudadanía son insuficientes, no alcanzan siquiera para brindar un salario digno a quienes portando el uniforme arriesgan su vida por los demás.
El comisionado de seguridad dice textualmente que “Nadie quiere arriesgar su vida por 8 mil, 600 pesos mensuales”, en referencia al salario que reciben quienes contrata la Policía Morelos. Este sueldo, por cierto, no es general: en algunos municipios los representantes de la ley perciben más de diez mil, aunque en otros las percepciones superan apenas los cinco mil pesos mensuales.
Frente a esta realidad vale la pena reflexionar sobre el enorme, millonario y abusivo gasto que representa para el erario el pago de escoltas para cientos de actores políticos que reciben este beneficio de manera gratuita.
Algunas figuras de la vida pública, como el gobernador, los fiscales, el comisionado de seguridad y algunos alcaldes, necesariamente requieren un equipo especial de seguridad; pero… ¿diputados? ¿funcionarios? ¿familiares de políticos? ¿amigos del poder? ¿empresarios? ¿comunicadores?
Brindar seguridad en casos en donde la vida de las personas corre un riesgo comprobado es responsabilidad de las autoridades, pero otorgar un servicio de escoltas para que algunas personas las utilicen como acompañantes, para que cuiden a sus familiares o para que les hagan los mandados, es injusto e inmoral ante la enorme inseguridad que padecen los ciudadanos por la falta de recursos del estado para mejorar las policías.
Si un diputado o un funcionario quiere cuidados especiales que los solvente con sus propios recursos. El legislador que menos gana, recibe más de 200 mil pesos al mes.
- redes sociales
La capital de Morelos descendió diez lugares en el ranking de violencia, pasó del 24 al 34 en una medición de 50. Esto, dice el alcalde Urióstegui, es resultado del trabajo de prevención que realiza su policía.
Algunos pueden pensar que esta mejora es mínima, pero frente a una realidad violenta que nos agobia desde hace años, este avance es significativo.
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