El último viernes de mayo, el presidente López Obrador volvió a denostar a quienes insisten en que modifique su “estrategia” de seguridad:
“Los muy cretinos ahora, los desinformados, nos dicen ‘¿y qué estás haciendo, por qué no resuelves el problema?’. Esta doble moral, esa hipocresía, es lo que más molesta, nosotros estamos enfrentando el problema atendiendo las causas”.
A su lista se añaden la Compañía de Jesús y la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Porque “los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos” y corre “un río de sangre” en el país, el sacerdote Javier Ávila, cabeza de la comunidad jesuita en Cerocahui, Chihuahua, pidió “respetuosamente” a López Obrador un diálogo nacional en que se replantee la política de seguridad que, en opinión de los rectores del sistema universitario de su orden religiosa, ha conducido a un “Estado fallido”.
Y hacia el mismo sentido apunta el llamado de la CEM, cuyo secretario general, Ramón Castro, dice que “el crimen se ha extendido por todas partes, trastocando la vida cotidiana de toda la sociedad; se ha adueñado de las calles con niveles de crueldad inhumana en ejecuciones y masacres que han hecho de nuestro país uno de los más inseguros y violentos del mundo. Los índices de violencia y estructuras de muerte se han desbordado e instalado en nuestras comunidades, desfigurando a la persona humana y destruyendo la cultura de paz”, por lo que “es tiempo de escuchar a la ciudadanía, a las voces de miles de familiares de las víctimas, de asesinados y desaparecidos, a los cuerpos policiacos maltratados por el crimen. Es tiempo de escuchar a los académicos e investigadores, a las denuncias de los medios de comunicación, a todas las fuerzas políticas, a la sociedad civil y a las asociaciones religiosas…”.
De los 107 sacerdotes asesinados en los 10 años recientes, 16 lo han sido en los tres años y medio de la 4T.
Por desgracia nada indica que el nuevo clamor vaya a merecer la atención presidencial.
La semana pasada, a propósito del asesinato de los dos jesuitas y el guía en la Tarahumara, López Obrador se amachó:
“Es un proceso que lleva tiempo pero vamos bien, vamos bien y lo puedo probar hasta con números, y desde luego que vamos bien, porque yo tengo comunicación con la gente”.
Los números, precisamente, desmienten al mandatario: durante su gestión son más los asesinatos que los cometidos en todo el calderonato y en el mismo periodo se ha registrado la tercera parte del total de desapariciones contabilizadas desde hace casi 60 años (1964).
El mismo jueves anticipó lo que sucederá con las peticiones-exigencias de los obispos, los jesuitas y críticos ignorantes y cretinos:
“No vamos a cambiar la estrategia, que sigan con su campaña de desprestigio, atacándonos con su prensa vendida o alquilada…”.
Si con la Iglesia Universal ya se topó, el Presidente debiera reconsiderar si vale la pena despreciar a la centenaria, ilustrada y tozuda Compañía de Jesús, uno de cuyos sacerdotes, por cierto, trabaja de papa…
Carlos Marín