Hasta ahora, López Obrador ha mostrado tener una confusión conceptual sobre lo que es el combate a criminales. Equiparar el uso de la fuerza del Estado con la violencia de los criminales es un error que lo ha llevado a claudicar en la función primaria de un gobierno, salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos. No combatir a quienes delinquen sólo salvaguarda la seguridad de los criminales, regalándoles impunidad, dejando al pueblo a merced de ellos. Como se apuntó en este espacio desde los primeros meses de su administración, al documentar el día de campo que daba a los cárteles de las drogas, les estaba entregando el presente y el futuro del país.
En el análisis del Presidente no existe la sinapsis, pero responde con epítetos que descalifican a quienes lo critican. A López Obrador le duele que lo confronten y que lo contrasten, y que lo comparen desventajosamente con sus antecesores. Ayer fijó como punto de partida, reiterando el principio de todos sus odios, el gobierno del presidente Felipe Calderón, cuando arrancó “la guerra contra las drogas”, ignorando el contexto del país que recibió del presidente Vicente Fox.
Fox tomó un país con 13.7 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, y lo entregó con 10.9. Una explicación de esa reducción es que la nación se dividió entre dos fuerzas predominantes, el Cártel del Pacífico, encabezado por el Cártel de Sinaloa, que aglutinaba a todas las organizaciones criminales salvo el Cártel del Golfo y Los Zetas. Un año antes de que dejara el poder, Los Zetas comenzaron a desafiar al Cártel del Pacífico en Michoacán, al dejar en 2005 cinco cabezas en un bar de Uruapan.
Fox no combatió a los cárteles de la droga, que se fueron apoderando de territorio, que es lo más grave de permitir a las organizaciones criminales, porque su conquista de territorio significa la desaparición del Estado. Sin la presencia de autoridades federales, las estatales y, sobre todo, las municipales, son impotentes ante el poderío militar y económico de los cárteles. Para cuando asumió el poder Calderón, 80 municipios estaban bajo control total de los narcotraficantes, acaso 10% de lo que el Pentágono considera que tienen en la actualidad.
López Obrador ha dicho que la pax narca, cuando hay control de una sola organización, reduce la violencia. No es cierto. La pax narca disminuye el enfrentamiento entre criminales, pero no lleva seguridad ni tranquilidad al pueblo. Al contrario, viven sometidos, amedrentados y pierden su libertad. Ante esa realidad, Calderón abandonó la vieja política priista de atacar a un cártel y cerrar los ojos con el otro, administrando el negocio del narcotráfico como lo está haciendo hoy López Obrador con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Al atacar a todas las organizaciones criminales, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes comenzó a incrementarse: en 2008, 11.8; en 2009, 14.3; en 2010, 17.6; en 2011, 19.4. Ese fue el año más violento del sexenio de Calderón, porque la estrategia de fuerza, de descabezar a los cárteles y anular a sus líderes y a sus legiones de matones, fue más rápida que la capacidad de los cárteles para reorganizarse. Calderón le entregó al presidente Enrique Peña Nieto una baja sostenida de homicidios dolosos, que se benefició de la inercia: 15.3 en 2013; 13 en 2014, y 14 en 2015.
Peña Nieto inició su gobierno con la misma premisa de López Obrador: la violencia genera más violencia, y dejó de combatir a los cárteles. Y como López Obrador en la actualidad, se inclinó por una organización criminal, el Cártel Jalisco Nueva Generación, para acabar con Los Caballeros Templarios y enfrentar al Cártel de Sinaloa, que se fragmentó en 2008. Fue una debacle, que debería analizar López Obrador. En 2016, la tasa de homicidios dolosos se elevó a 18.3 por cada 100 mil habitantes; 23.2 en 2017, y 26.9 en 2018, cuando entregó la banda presidencial.
Cuando cambió la estrategia Peña Nieto en 2015, y empezó a enfrentarlos, ya era muy tarde. El mes más violento en la historia de México sigue siendo octubre de 2018, cuando Peña Nieto ya se había entregado a López Obrador, antes de que asumiera la Presidencia, al sumar 10 mil 181 asesinatos ese mes. Sin analizar los errores de su predecesor, López Obrador siguió su misma estrategia: no combatir a la delincuencia. La tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes empezó a subir, 27.4 en 2019, y probablemente la pandemia de Covid-19 entró a su rescate. En 2020 hubo 27 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, y 25.83 en 2021, durante el confinamiento más severo.
Vistas las estrategias a partir de la tasa de homicidios dolosos, López Obrador ha tenido peores resultados que todo el sexenio de Calderón, y peores, comparados con los primeros cuatro años de Peña Nieto. Pero eso no es lo más grave. Mantener el no combate a los criminales les ha permitido que se apoderen de territorio nacional y cobren impuestos indirectos a la gente y a empresas. López Obrador podrá decir lo que quiera, pero no regresará el país a los niveles de hace siete años.
Es probable que le importe un comino. Perder el país no está en sus prioridades. El problema será para el pueblo cuando se vaya y para quien lo suceda, que tendrá que reconstruir una nación que, diga lo que diga, dejará destruida.