La suerte del abogado Jesús Hernández Alcocer parece estar echada. Existen condiciones no sólo para que el abogado de las élites, detenido por el presunto asesinato de su esposa Yrma Lydya el jueves pasado en el restaurante Suntory, continúe su proceso bajo arresto domiciliario, sino que lo declaren inocente. Se ha declarado inocente del asesinato, y su defensa habla con mucha confianza que recuperará su libertad. Hombre poderoso por sus relaciones políticas y judiciales, Hernández Alcocer caminará por una ruta opaca y turbia desde el primer momento de su captura.

Detenido por un escolta en el restaurante momentos después de que Yrma Lydya murió de tres balazos tras discutir en el privado que siempre ocupaba Hernández Alcocer en el Suntory, fue presentado por la policía de la alcaldía Benito Juárez ante el Ministerio Público. De acuerdo con una versión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México publicada por El Universal, el arma que entregaron al Ministerio Público no había sido disparada. El arma homicida, hasta donde se sabe, está desaparecida. No se necesitaría esa arma para imputar al abogado, pero tampoco se conoce si le hicieron la prueba de rodizonato de sodio para saber científicamente si disparó un arma de fuego.

El arma homicida, sin embargo, es altamente relevante. Según las fuentes de El Universal, esa pistola pudo haber sido intercambiada por terceros, lo que revela la sospecha informada de los funcionarios, de que la cadena de custodia del arma se rompió. Esto significa que minutos después del asesinato, la evidencia estaba contaminada, la escena del crimen alterada y el caso prendido de alfileres. El que supuestamente hayan encontrado el arma asesina 48 horas después, como informaron las autoridades capitalinas, no repone la cadena de custodia, vital para poder establecer jurídicamente la validez de esa prueba. Se necesitaría llamar a declarar a todos los policías involucrados en la detención del abogado para tener claridad y certidumbre sobre la prueba. De otra manera, lo que tienen terminará en el basurero, pues ni huellas dactilares de él podrían encontrar en el arma.

Todo esto no significa que se libraría del proceso, pero, por su edad, 79 años, sin tomar en cuenta que Hernández Alcocer tiene un cuerpo de roble y una energía que sorprendía a muchos, existe la posibilidad de que un juez le permita salir de la cárcel y defenderse bajo arraigo domiciliario. Ya sería su evaluación si la red de amigos poderosos, como su íntimo por más de tres décadas, el fiscal general Alejandro Gertz Manero, o su segundo Juan Ramos, fiscal de Control Competencial, por cuyas citas con él Hernández Alcocer cobraba comisiones de hasta 4 millones de pesos, llevaría al juez a considerar que sacarlo de la cárcel podría ser riesgoso. El abogado tiene otro amigo poderoso, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, y relaciones en los pisos más altos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Hay otra variable que lo podría dejar en libertad, aunque generará controversia jurídica. Es la acusación que le ha fincado la Fiscalía General de Justicia capitalina por el presunto delito de feminicidio, y que podría abrirle el cerrojo de la prisión. De acuerdo con penalistas, el delito de feminicidio, de acuerdo con el artículo 148 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, establece, como razones de un crimen de género, que existan antecedentes o datos que establezcan que el imputado haya cometido amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima; que haya existido entre el imputado y la víctima una relación sentimental, afectiva laboral, docente o de confianza, y que haya existido una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad, subordinación o superioridad.

Penalistas experimentados sostienen que el delito por el cual lo acusó la Fiscalía, feminicidio, es correcto. Otros difieren. La agresión, dicen, derivó no por ser mujer, sino por ser cónyuge, donde esta descripción desvanece la cuestión de género, de acuerdo con las leyes de la Ciudad de México, que permite matrimonios entre personas del mismo sexo. Cónyuge, agregan, es un término más preciso que mujer y, al ser más específico, suele aplicarse en general el concepto específico, que sería cónyuge, no esposa.

Este alegato tiene que ver con el artículo 14 constitucional, que establece que, en los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Si la defensa escogiera esta estrategia, podría argumentar que a Hernández Alcocer lo juzgaron por un delito equivocado, por lo que tiene que sobreseerse el caso y no volverlo a acusar del mismo delito. Si son persuasivos, el juez podría determinar su libertad.

No es tan sencillo, pero es un camino con potencial para esa defensa. Al utilizar el término cónyuge en lugar de esposa, apoyada la defensa en el artículo 125 del Código Penal capitalino, la discusión sobre el futuro de esa relación matrimonial, que es lo que ha trascendido como móvil del crimen, se convertiría en una pieza clave de la argumentación en contra de acusarlo de feminicidio. La discrepancia que finalmente provocó el homicidio, explicó un penalista, fue porque, según los medios, había un desacuerdo en cuanto al divorcio de los sujetos, por lo que el crimen se inscribe en un ámbito netamente civil y no así por una razón de género.

Aunque el asesinato de Yrma Lydya es de alto impacto, por las relaciones del abogado y el perfil de la cantante, hay puertas de salida para su libertad. La Fiscalía capitalina haría bien en adelantarse a esta eventualidad y, por ejemplo, abrir investigaciones sobre muertes sospechosas muy ligadas a Hernández Alcocer: su hija, que estaba discapacitada, y su anterior esposa, donde se usaron armas de fuego.