En el contexto de la crisis económica, el cobro de derecho de piso por parte de organizaciones criminales a establecimientos comerciales, tiene un impacto todavía más significativo, pues estas actividades delictivas inhiben la inversión de las grandes compañías y prácticamente asfixian a las pequeñas y medianas empresas.
El 4 de julio, la Confederación Patronal de la República Mexicana, presentó su informe de resultados del primer cuatrimestre de 2022, en el cual muestra que el ánimo de inversión bajó al 52 por ciento, 1.8 menos que el año anterior, en buena medida por la delincuencia. Con la extorsión y el cobro de piso entrando al top tres de los principales delitos contra empresarios.
Con la pandemia de COVID-19, los grupos que cobran derecho de piso a pequeñas y medianas empresas aumentaron los costos de su “impuesto”
Si bien José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, detalló que la incertidumbre económica sigue siendo el principal inhibidor de la inversión, explicó que uno de cada dos socios de la Confederación fueron víctimas de algún delito. Destacando el incremento en reportes por cobro de derecho de piso y demás tipos de extorsión.
Manuel Vélez, subdirector de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, comenta a Reporte Índigo que “lo lacerante de la extorsión es que mata la actividad empresarial”, pues es una actividad con características complejas que la vuelven más difícil de contener que a otros delitos como, por ejemplo, los asaltos.
“Es un delito que puede afectar el desempeño económico de varias formas. En primer lugar, puede afectar decisiones de inversión, al final de cuentas se convierte en, le podemos llamar, un impuesto que te va minando todo lo que podrías estar invirtiendo. Puede también afectar decisiones internas de la empresa”.
También considera que “resulta un tanto ingenuo pensar que las policías van a resolver el problema de la extorsión”, siendo que, precisamente, una de las características de este delito “es que tienen un componente de colusión con las autoridades”.
Esto como ejemplo de las muchas formas en las que pueden desarrollar estos delitos, mencionando que hay “extorsiones predatorias, que nada más están buscando extraer rentas; extorsiones protectivas, en las que llegue otra persona o conjunto que diga ‘para evitar que te pase eso, yo te protejo, pero entonces págame”.
Aunado a esto, Vélez plantea que no se puede esperar una política anti extorsión homogénea y se debe apostar por una de carácter diferenciado que contemple las características de las empresas por cada región, ya que esta clase de cobros afecta de una manera a las grandes empresas y de otra a las pequeñas.
Aunque las grandes firmas no están exentas de sufrir los efectos de estas extorsiones, son las pequeñas y medianas empresas las que están más expuestas, situación de suma gravedad al considerar que estas representan más del 40 por ciento del Producto Interno Bruto y sobre el 80 por ciento del empleo formal, no obstante, tienen una esperanza de vida media menor a dos años.
Desde octubre de 2021, la Alianza Nacional de Micro y Pequeños Comerciantes, denunció que estos negocios son afectados por una triple tributación, ya que a los impuestos comunes y legales, se suman los costos de las mordidas que piden funcionarios para otorgar permisos o autorizar trámites, además del cobro de derecho de piso y demás extorsiones.
Gerardo López, presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio, comenta a Reporte Índigo que, dada la falta de confianza en las autoridades y el tiempo que se requiere para denunciar las extorsiones, un gran número de pequeños empresarios optan por cerrar y cambiar de ubicación como medida de protección.
“La acreditación lleva años, llega a representar el 80 por ciento de tus ventas. Un local pequeño trabaja, por lo menos, tres años para estar acreditado y poder estar en la mente del consumidor.
“Cuando llega el crimen organizado, o desorganizado, porque aquí ya no sabemos, la opción más viable es bajar las cortinas, cerrar y buscar otros lugares”
De acuerdo con estudios del Consejo, un comercio pequeño tiene que pagar cobros de entre tres y cinco mil pesos en promedio, aunque pueden llegar hasta los 10 mil según la información que los extorsionadores obtengan.
Además, “ya con una economía abierta después de la pandemia, se han incrementado los casos de delito”.
Destaca las afectaciones al sistema económico nacional en general, puesto que las cantidades de dinero que los criminales obtienen por las extorsiones “no solamente no fluye en las venas de la economía formal, tampoco se pagan impuestos. Es un recurso que termina generando un boquete importante al pago de impuestos”.