SERPIENTES Y ESCALERAS

 

 

La inseguridad ha estado presente en México desde hace muchos años; gobierno tras gobierno nos prometen que las cosas mejorarán, pero contrario a ello cada día las cifras muestran un ascenso imparable de la violencia. El plan de seguridad ha fracasado, la estrategia de abrazos y no balazos es inservible y como corolario de esta grave situación, a las autoridades ya ni siquiera les preocupa explicar qué está sucediendo. No importa qué pase o quien muera, nada hace que la postura se modifique.

Lo que vemos en Morelos es reflejo de lo que ocurre en el resto del país; no olvidemos que le titular de seguridad en el estado, José Antonio Ortiz Guarneros es un marino que llegó al estado enviado desde la federación y actúa en sincronía con el plan nacional de seguridad. La actitud del comisionado es armónica con el discurso presidencial: vamos bien, no pasa nada, antes estábamos peor y los muertos son delincuentes. El marino también tiene sus propios datos.

El anterior titular de la CES al menos se tomaba la molestia de dar la cara, de explicar los hechos y prometer soluciones. Era común que luego de una situación de violencia Alberto Capella acudiera al lugar de los hechos o grabara un video en donde hablaba de la situación y prometía que habría justicias. Hoy ni eso.

Por supuesto la estrategia de seguridad del gobierno anterior no fue buena, de hecho mucho de lo que estamos viviendo actualmente deriva de las redes de complicidad generadas en el sexenio de Graco Ramírez; el punto es que a pesar de todas sus fallas en ese tiempo había quien diera la cara a la ciudadanía, quien se incomodara con las acciones de la delincuencia y al menos de dientes para afuera, se enfrentara con los tipos malos.

La pasividad en la que hemos caído hoy es terrible y no tiene justificación, la falta de acción de las autoridades se combina con la indolencia en la que estamos sumidos como sociedad. Antes el reclamo por la inseguridad generaba algún tipo de reacción ciudadana, había movilizaciones públicas, expresiones de enfado en todos los sectores y acciones que en lo individual o de manera colectiva se impulsaban para tratar de que las cosas cambiaran. Hoy nada: la contabilidad de las víctimas se queda en eso, en una cifra dentro de la estadística que salvo a los directamente afectados, a nadie más importa.

Los datos que en fechas recientes ha mostrado el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman el fracaso del plan federal de pacificación: en tres años de cuarta transformación el número de homicidios violentos ha superado el total de los crimenes del mismo tipo cometidos en todo el sexenio del presidente Felipe Calderón. Pongámoslo en contexto: el régimen de la guerra y de la sangre, como lo han descrito en Morena, ha sido superado ya por el de Andrés Manuel López Obrador.

Todo lo que se diga para justificar las cosas queda en el terreno de la demagogia; nos pueden decir que este gobierno no es corrupto, que se acabaron los vínculos institucionales con los grupos criminales, que no hay cabida para pactos con el narco, ni existe protección alguna contra cualquier persona que actúe al margen de la ley. Suponiendo que todo lo anterior sea cierto el resultado es el mismo: la violencia ha aumentado a la par de la inseguridad y la impunidad se ha convertido en el escudo protector de los criminales.

Localmente el gobernador Cuauhtémoc Blanco lleva tres años culpando de la situación a su antecesor; el jefe de los policías rara vez da la cara y cuando lo hace, justifica su falta de resultados con aspectos económicos, operativos y técnicos. En nadie cabe la humildad para reconocer que el plan amerita un ajuste, solo piden más dinero para contratar más policías y deslindan responsabilidad.

La lucha contra el crimen no es cosa menor, ni es un asunto que se resolverá en el corto plazo; a pesar de las fallas y la falta de resultados el modelo de mando coordinado de policía es hasta ahora la mejor forma de enfrentar a la delincuencia, pero es obvio que requiere de un replanteamiento y una mayor colaboración entre autoridades.

Morelos, dijo hace unos días el gobernador Cuauhtémoc Blanco, necesita al menos 12 mil policías para atender las necesidades de seguridad del estado y en este momento el número de uniformados con que cuentan es de apenas 3 mil. Peor: “Nadie quiere arriesgar su vida por 6 mil pesos al mes” dijo el comisionado Ortiz Guarneros al referirse al sueldo que reciben sus elementos. ¿Qué hacer ante ello?

Cada año el ejecutivo estatal destina más dinero a la seguridad y a la procuración de justicia, pese a ello los resultados son adversos: la delincuencia aumenta, los delitos se multiplican y la impunidad permanece. Otro dato local en esta historia radica en el hecho que entre la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía General del Estado no existe coordinación, lo cual deriva en problemas operativos e inseguridad para la gente.

Antes era común que la policía judicial o ministerial estuviera en las calles y a la par de su trabajo de investigación coadyuvaran con patrullaje; desde hace unos años eso dejó de existir, ya no se ven elementos de la fiscalía en las calles y por ende la capacidad de prevenir el delito bajó. Otro dato: un gran número de policías estatales están comisionados al cuidado personal de funcionarios, políticos y familiares de la clase gobernante, son tantos los elementos dedicados a esta tarea que ya existe una oficina ex profeso, con muchos millones invertidos para la clase política morelense se sienta cómoda teniendo a su lado seguridad personal con cargo al estado.

El tema es sumamente complejo y se agrava con el hecho que las dependencias policiacas no saben comunicar y eso hace pensar que a las autoridades no les importa lo que pase. La comunicación es un elemento clave en cualquier estrategia y va más allá de la idea simplona de mandar boletines. Los gobiernos tienen la obligación de informar y en este caso, de hacerlo de manera oportuna para no dar pie a especulaciones que influyan en la paz social. La estrategia federal y estatal de seguridad no solo es mala en resultados, también es deficiente en cuanto a su capacidad de conectarse con la gente.

Con malos resultados y sin comunicar, todo lo que se hace para combatir a la delincuencia y para recuperar la paz social, se pierde y su lugar lo ocupa la normalización del delito y la sangre.

Ergo: a nadie le importan los muertos.

• posdata

Parafraseando al subcomandante Marcos: en Morelos todo pasa y nunca pasa nada.

Hace unas semanas se informó de una balacera ocurrida en la zona de comida rápida del centro comercial Fórum Cuernavaca; las imágenes no dejaban espacio para la duda: la gente corría y se escondía, los negocios cerraban sus puertas, llegaba la policía y al fondo se escuchaban los disparos.

Muchas personas grabaron en video el momento, algunas relataban la situación, confirmaban que hubo detonaciones e incluso algunos se atrevieron a narrar la manera como algunas personas armadas se enfrentaban dentro de la plaza.

Unos minutos después de que se reportaron los hechos llegó la policía estatal, la guardia nacional y el ejército mexicano; la zona fue acordonada, los accesos se cerraron y hasta el helicóptero estatal llegó para reforzar la búsqueda de los agresores. El alcalde de Cuernavaca informó que se trató de un intento de robo, la policía municipal dijo que fue un hecho ocurrido cerca, pero fuera de la plaza y el centro comercial emitió un comunicado en donde señaló que dentro no ocurrió nada.

Tres semanas más tarde la historia sigue sin aclararse: se habló y se escucharon los disparos, acudió la policía, llegaron peritos de la fiscalía, pero nadie encontró casquillos percutidos, marcas de arma de fuego o algún herido. Tres semanas después nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió.

El viernes pasado volvió a ocurrir algo fuera de lo ordinario: elementos de la Fiscalía Anticorrupción acudieron casi de manera simultánea a dos notarías y a la consejería jurídica del gobierno del estado; en Jiutepec los uniformados catearon las instalaciones y se llevaron detenidas a varias personas sin mostrar órdenes de aprehensión o explicar la razón de su proceder. Se los llevaron por la fuerza, contra su voluntad y a plena luz del día, sin importarles que la gente los grabara.

Hasta el momento no se ha aclarado qué fue lo que sucedió, ni porqué la FECC procedió de esa forma; una vez más la dependencia procedió con alevosía, violando los derechos de varios ciudadanos y mostrando el abuso de autoridad como sello de su trabajo. Una de las oficinas cateadas, por cierto, es la del presidente del colegio de notarios de Morelos.

Hablamos de dos hechos diferentes en momentos distintos, pero coincidentes en un punto: ocurrieron, los vimos y hasta ahora nadie sabe qué pasó. Lo primero fue un hecho atribuible a la delincuencia, mientras que lo segundo fue la actuación abusiva de una autoridad.

Al final se trató de lo mismo: pasó, pero no pasó.

• nota

Cuernavaca es la prueba fehaciente de la importancia de saber comunicar. El alcalde capitalino es un hombre bueno, decente, que goza del respeto y aprecio de muchas personas, pero su incapacidad para informar ha provocado que en siete meses pierda mucho del brillo que lo ayudó a ganar la elección.

En la capital morelense se está trabajando: hay programas permanentes de bacheo, se están renovando calles y avenidas, se reactivó la poda de árboles y jardineras, se están balizando las vialidades, se están recuperando espacios perdidos y se han implementado diversos programas de atención y apoyo social desde varias dependencias.

Comparado con el gobierno anterior el de Urióstegui es sin duda mucho mejor: ha puesto orden en la administración, pagó el adeudo histórico a PASA, ha evitado nuevos colapsos en el sistema de agua potable, empezó a renovar el parque vehicular de la secretaría de seguridad, está reclutando nuevos elementos para la policía y comienza a trabajar en la regularización del comercio informal.

Insisto: el gobierno de José Luis Urióstegui está trabajando, pero ha sido hasta ahora incapaz de comunicar sus acciones.

Contrario a lo que debía ocurrir con un gobierno que trabaja y un alcalde honesto, lo que está sucediendo en la capital es que el presidente municipal aparece como uno de los peor calificados y los reclamos en su contra suben de tono porque la gente cree que no está haciendo nada.

Informar es una obligación de los gobiernos, mantener comunicación permanente con la ciudadanía no es un gesto de buena voluntad o un lujo, sino parte de un trabajo institucional que influye en todas las áreas e incide de manera directa en la gobernabilidad. La comunicación institucional no es para tratar de hacer ver más inteligente o guapo a un gobernante, sino para que los ciudadanos estén enterados de lo que hacen sus autoridades.

Un problema serio en el gobierno de José Luis Urióstegui está en el área de comunicación. El ayuntamiento es incapaz de difundir las cosas buenas que hacen y deja que todo lo malo que se dice en contra trascienda.

• post it

Las vacunas para los niños de 5 a 11 años no llegaron a Morelos como lo prometió el delegado de bienestar. Se entiende que eso no depende de Raúl Anaya, pero es evidente que en esta nueva etapa de inoculación las autoridades están fallando y cometiendo errores que no vimos en las etapas anteriores.

Los biológicos para niños son pocos, pero cuando se lanza la convocatoria se hace de manera abierta, sin ningún tipo de filtro o medida para evitar lo que ha pasado: que mucha gente se forme desde la madrugada y se quede sin dosis.

La pésima organización en el proceso de vacunación para menores de edad se combina con la quinta ola de covid.

En el proceso de inmunización para niños, las autoridades de Bienestar en Morelos han fallado.

• redes sociales

Ayer por la tarde se suscitó una balacera en Topilejo; unos minutos más tarde de que se reportaron los hechos, aún cuando la situación todavía no era controlada, la secretaría de seguridad de la CdMx emitió un comunicado en el que detallaba la situación.

La información oficial evita especulaciones, pero eso no lo saben los encargados de la seguridad de Morelos.

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