Tanto chisporrotea la 4T con su inagotable variedad de pifias, imposiciones, calumnias, incapacidades y fregaderas, que el interés público por cualquiera de ellas es desplazado poco después por otra no menos espectacular, frecuentemente preocupante por ofensiva, pendenciera o ilegal.
Una que envejece ya fue el anuncio (antier) de que los servidores públicos que ganan más que el Presidente serán expuestos a la vergüenza pública desde Palacio Nacional (El asalto… de ayer) aunque, por más que se les quiera presentar como “corruptos”, la Constitución y las leyes los amparen.
Por elevado que sea su cargo, son trabajadores al servicio del Estado no sindicalizados.
Se trata de abominados “aspiracionistas”, clasemedieros ilustrados, competentes y merecedoramente bien pagados desde antes de que se impusiera el tope salarial del Presidente y que conservan su paga porque recurrieron al Poder Judicial y éste impidió que les fueran rebajadas sus percepciones.
¿Cuál es la intención de esta siniestra variante de linchamiento público?
Lo inexcusable es que el procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, será quien dirigirá el espectáculo Quién es quién en los sueldos, en las mañaneras (título que bien puede entenderse como Solo para morbosos).
De lo que se trata es de atizar la indignación, el rencor y el encono de amplios sectores empobrecidos contra “corruptos” heredados del “neoliberalismo”.
Su verdugo es el machuchón que los lunes dice si conviene comprar gasolina en Tijuana y no en Tapachula, para quien aplica lo de “la Iglesia en manos de Lutero”, ya que Sheffield conserva su cargo pese a estar ligado a negocios turbios con sus ex delegados en Veracruz y Guanajuato.
Mexicanos contra la Corrupción descubrió que, ganando mil pesos menos que AMLO, en un año fue capaz de fundar una constructora, una inmobiliaria y una operadora turística fundada en octubre de 2021, propietaria en Tlacotalpan del hotel Casa de las Sirenas y omitida en su declaración patrimonial de mayo.
Y para justificarse mintió: afirmó que el negocio fue creado este año y pensaba declararlo en 2023 (terminó incluyéndolo en su amañada declaración a finales de mayo).
Debido a esa realidad y en su ausencia, la Secretaría de Gobernación cesó al subprocurador jurídico y a dos directores de la Profeco, bajo conjeturas de probables conflictos de interés y deshonestidad, pero con el vago término de “irregularidades”.
Nadie ha señalado a Sheffield de corrupto, mas el sospechosismo pesa sobre su comportamiento.
No obstante, ese señor se dispone a satisfacer la petición presidencial de difamar, desde el atril del salón Tesorería, informando “cuánto gana un juez, un magistrado, un ministro, un diputado, un senador, un consejero del instituto electoral, los directores de empresas paraestatales, los del Banco de México” y lo demás que AMLO sume a la lista.
En esa hoguera pues, en palabras de Sheffield, arderá la honra de “los más pasados de rosca…”.
Carlos Marín