Un análisis realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) concluye que el Gobierno federal ha incurrido en malas prácticas en la adquisición de bienes y servicios que aumentan los riesgos de corrupción y no garantizan que el gasto público se ejerza con eficiencia.
Sólo en el primer semestre de este año se han firmado 77 mil contratos por 722 mil millones de pesos, y en el 78 por ciento de los casos la contratación se hizo mediante adjudicación directa, es decir, sin competencia.
La Constitución establece que la licitación pública debe ser la regla general en las contrataciones del Gobierno y que la adjudicación directa y la invitación restringida serán la excepción.
MCCI, que analizó los contratos registrados en Compranet antes de que la herramienta quedara fuera de servicio el pasado 16 de julio, indicó que 111 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal asignaron más del 50 por ciento de sus contratos mediante procedimientos de excepción.
Las 10 instituciones que más han gastado bajo ese esquema son el IMSS, Insabi, Diconsa, Banco del Bienestar, Fonatur, Segalmex, Conagua, Guardia Nacional, ISSSTE y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en cantidades que van de mil 646 millones de pesos a casi 22 mil millones de pesos.
Además, se han otorgado más de 260 millones de pesos a empresas declaradas por el SAT como fantasmas y también se han entregado recursos a empresas sancionadas o inhabilitadas.
