Las fuerzas especiales del Ejército volvieron a tener una pifia. Ahora fue en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde desplegaron un operativo para capturar a Ricardo Ruiz Velasco, apodado el Doble R, responsable del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, y se les escapó. Los militares, que son los responsables de la seguridad pública en el país, fueron rebasados en capacidad, inteligencia y estrategia por los criminales, y la forma fallida como actuaron generó pánico durante horas en la zona conurbada tapatía y en una decena de municipios en Guanajuato, donde los leales de Ruiz Velasco también reaccionaron provocando caos.
Las imágenes transmitidas en televisión y las redes sociales mostraron vehículos incendiados en diversos puntos de la periferia tapatía que, vistas bajo parámetros tácticos, son la demostración clara de una operación mal diseñada y que, como consecuencia, estuvo mal ejecutada. La información a retazos proporcionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el miércoles por la mañana para explicar lo que sucedió apuntaba a que, “al parecer, había un encuentro entre dos bandas”, cuando “llegó la Sedena y hubo un enfrentamiento y detenciones”, que fue lo que “provocó las protestas y quemas de vehículos”.
No había ningún encuentro entre dos bandas, sino una reunión encabezada por Ruiz Velasco, quien es uno de los miembros del CJNG que está en la disputa por quedarse al frente de la organización criminal, con varios subalternos. La explicación simplista de que “llegó a la Sedena”, como si fuera algo súbito, sugiere que en las áreas de inteligencia de la Secretaría de la Defensa tuvieron información de esa junta y decidieron organizar su captura.
Tanto Inteligencia militar como las áreas de información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lo vinculan al Grupo Élite, quien junto al 03, como llaman a Juan Carlos González, que maneja las células del cártel en Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, ha sido señalado como autor de los videos difundidos en las redes sociales en 2020, donde mostraban unidades criminales con vehículos blindados, equipos tácticos y fusiles de alto calibre.
La información en Lomas de Sotelo era correcta, pero, por la reacción que se dio, el plan para detenerlo volvió a ser un desastre. El intento de aprehenderlo no fue, como dijo el Presidente, lo que provocó “las protestas” y quema de vehículos, sino la reacción rápida de los cuadros militares del cártel y la estructura de personas a sueldo que trabajan a destajo para ellos en momentos coyunturales, para impedirlo. No eran protestas, sino acciones de bloqueo para estorbar y retrasar el paso de los vehículos militares, y dar tiempo para que escapara Ruiz Velasco.
Las imágenes de vehículos ardiendo nunca hubieran existido de haberse planeado bien el operativo y no, como sucedió, con amplio conocimiento de que se iba a dar por parte de los criminales. Falta información para entender cómo sucedieron las cosas y trazar una línea de tiempo, pero se puede plantear que, o el Doble R fue alertado por un militar a su servicio, o la forma como el Ejército quiso detenerlo fue improvisada y sin suficientes datos ni logística para poder cumplir la misión con éxito.
No es una situación similar en cuanto a diseño y ejecución que la del 17 de octubre de 2019, cuando comandos especiales que habían trabajado en la Policía Federal detuvieron de forma incruenta a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, en Culiacán. En aquella ocasión, el plan fue mal diseñado –para empezar, la hora en que se realizó, al mediodía– y sin un plan de extracción. Tampoco hubo equipos de respaldo que ayudaran en una operación que debió haber sido ejecutada en minutos para detenerlo y llevarlo a un lugar bien resguardado en espera de su traslado.
Esas deficiencias permitieron que las milicias del Cártel de Sinaloa pudieran responder y, en 45 minutos, que fue el tiempo aproximado que duró detenido Guzmán López, pudieran doblegar al Ejército. En el caso del Doble R, ni siquiera llegaron a ello. Se lanzaron a capturarlo, y por la forma como fue la respuesta de los criminales, sin un plan adecuadamente elaborado. Ambos casos contrastan con el abatimiento de Tony Tormenta, Ezequiel Cárdenas Guillén, en Matamoros, en 2010.
Cárdenas Guillén había sustituido a su hermano Osiel como jefe de Los Zetas, y fue ubicado por la Inteligencia mexicana en su búnker en Matamoros. Comandos especiales de la Policía Federal fueron entrando como hormigas desde Brownsville, en el lado tejano de la frontera, para evitar ser descubiertos. Los federales iban a servir de refuerzo a las unidades especiales de la Marina, que fueron enviadas desde la Ciudad de México. Tony Tormenta y sus escoltas se dieron cuenta de que los estaban atacando hasta que comenzó la ofensiva sobre el búnker. Las milicias zetas fueron a tratar de apoyarlo, pero el perímetro de seguridad que había establecido el Ejército lo impidió. Cárdenas Guillén murió en el enfrentamiento.
Si en aquella ocasión Los Zetas no se percataron de lo que venía, en esta ocasión la operación militar estuvo telegrafiada, eliminando el importante factor sorpresa. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que generalmente realiza el diseño de las operaciones, volvió a fallar como en Culiacán, y no costó vidas, militares o civiles, porque la estrategia no era el enfrentamiento –aunque se dio uno en la frontera de los municipios de Ixtlahuacán del Río y Cuquío, junto a Zapopan–, sino levantar barricadas para impedir el paso rápido de los vehículos militares. Los vasos comunicantes en Guanajuato provocaron más acciones de vandalismo, bloqueos y ataques a establecimientos comerciales en 11 municipios que, visto tácticamente, obligó a dispersar esfuerzos de reacción oficial.
La capacidad del Ejército se ha visto poco durante este sexenio por la política presidencial de no confrontar a criminales, pero en las ocasiones donde ha quedado expuesto en el aparador por operaciones de gran envergadura, sólo ha causado pena, por una incapacidad e ineficiencia que no se habían visto en administraciones anteriores.