En la región carbonífera de Coahuila saben que debido a los planes de “austeridad” del gobierno del presidente López Obrador, ha disminuido dramáticamente el número de inspectores de la Secretaría del Trabajo, encargados de supervisar las condiciones de seguridad para laborar en las minas. 

Según fuentes oficiales, antes había entre 50 y 60, y se redujeron a menos de 30. Además, se recortó el gasto operativo para traslados, viáticos y material de trabajo. Menos inspectores significan menos inspecciones. Y si a eso le sumamos menos presupuesto para inspeccionar, pues todavía menos inspecciones. 

Y las que hay, pues ya se imaginará: empresarios mineros de la región me confían en que la corrupción está desatada y que se cobran “moches” para simular las inspecciones, hacerlas irregularmente, hacerlas muy esporádicamente, no actualizarlas, hacerlas incompletas y fuera de tiempo… o de plano no hacerlas. 

Según las mismas fuentes, a diferencia de lo que dijo el presidente de que la mina de la desgracia era ilegal y de nueva operación, se sabe que El Pinabete lleva operando varios años y tiene —al menos en el papel— varias inspecciones de la Secretaría del Trabajo. De “esas” inspecciones, uno deduciría. 

Por ello la secretaria Luisa María Alcalde se escondió tan pronto se supo del derrumbe: desapareció de la escena pública, no se presentó a la mina, no se reunió con los familiares de los mineros atrapados y contestó con evasivas para tratar de sacudirse la responsabilidad de su dependencia en la trágica situación de la mina El Pinabete. Lo mismo sucede con la titular de Economía, Tatiana Clouthier. Cada vez que su jefe, el presidente, critica las condiciones de trabajo inhumanas en la mina de la emergencia, el misil impacta en su propio gobierno que ha sido omiso cuatro años. 

Uno más a la lista: Manuel Bartlett Díaz, el impresentable director general de la Comisión Federal de Electricidad, quien tampoco ha dicho esta boca es mía ni ha mostrado un gramo de responsabilidad o de empatía. La CFE tiene la obligación de hacer inspecciones a las minas y pozos que le surten carbón, no así a las que son subcontratadas por empresas para “coyotearles” el producto. La mina del accidente sí tenía contrato y fue inspeccionada en el pasado mes de abril. La CFE aprobó su operación y su capacidad de surtir. ¿Por qué tan calladito Bartlett? 

Además, hay sospechas de que la Comisión Nacional del Agua también tendría algún tipo de responsabilidad, pues al interior del grupo que coordina las labores de rescate ha trascendido información en el sentido de que la Conagua habría autorizado que el municipio de Sabinas y la Villa de Agujita (donde está la mina) descarguen aguas negras y drenaje en minas antiguas que están cerradas, pero que se encuentran a muy poca distancia de El Pinabete, y que pudieron haber ablandado las paredes de las minas facilitando que se rompieran. 

Frente a todo esto, el presidente despliega otra vez su ya conocido teatro de impunidad: en vez de investigar y deslindar responsabilidades en su propio gabinete, acusa un complot de “los conservadores”.