Sigue sin saberse su paradero; testimonios acreditan que fueron “arteramente” ultimados, admite Encinas 8 años después de los hechos; señala a 33 funcionarios federales, municipales y miembros de Guerreros Unidos; acusa omisión de teniente por no buscar a soldado infiltrado
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, en el que participaron agentes de diversas instituciones de los tres niveles de gobierno e integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, reconoció el Gobierno mexicano.
Señaló que no hay indicios que consideren que los estudiantes se encuentren con vida, aunque tampoco se sabe aún sobre su paradero.
Al presentar el informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, instaurada por el Gobierno, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, apuntó que existen elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue la responsabilidad de 33 personas en los hechos, entre quienes se encuentran miembros de Guerreros Unidos y servidores públicos.
Sin embargo, el funcionario descartó que en esa lista se encuentre el expresidente Enrique Peña Nieto, aunque dejó abierta la posibilidad de que la FGR tome sus determinaciones.
“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida; por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, explicó, en conferencia en Palacio Nacional.
Con esta declaración, el Gobierno federal asumió institucionalmente que el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado y que la “verdad histórica” presentada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto ocultó qué fue lo que ocurrió el 26 de septiembre del 2014.
Mencionó que algunas autoridades estatales y federales fueron omisas y negligentes, al alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena.
Sin embargo, a casi ocho años de ocurrida la desaparición de los jóvenes, no se ha podido establecer su paradero.
“En el caso del paradero, no. Hay que recordar que fueron despojados de sus teléfonos celulares, incluso algunos teléfonos que les fueron despojados a los muchachos fueron utilizados posteriormente con otro chip; tienen un registro del IMEI; eso nos ha permitido ver qué otros vínculos se desprenden de la gente que participó”, agregó.
Luego de una reunión privada encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y parte del gabinete federal con los padres de los normalistas, Encinas Rodríguez expuso que el encuentro en Palacio Nacional fue difícil y doloroso.
Entre las conclusiones del caso, mencionó que las autoridades tuvieron conocimiento de cada paso que dieron los estudiantes el día de los hechos, y sus acciones y omisiones permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes.
“En todo momento, autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de estudiantes, desde la salida de la Escuela Normal hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como de otras seis personas”, apuntó Encinas Rodríguez.
El funcionario destacó que, en ningún momento, la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF del estado.
Señaló que Guerreros Unidos actuó con un amplio número de sicarios y halcones a partir de un mando central, con el apoyo de distintas autoridades municipales y agentes del Estado.
En la narrativa de Alejandro Encinas, detalló que los ejes que se investigaron fueron la salida de Chilpancingo, el traslado a Iguala, la central de autobuses en donde se tomaron los camiones, la violencia en Iguala y la desaparición.
“Tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición. Nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula”, dijo.
Subrayó que hay elementos suficientes para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas, contra las cuales ya se llevan a cabo las diligencias judiciales correspondientes.
El funcionario reconoció que la investigación continúa, y por lo tanto seguirán los análisis y búsquedas en la ribera del río Balsas y en la laguna del Nuevo Balsas; en Atzcala, municipio de Cocula; en la barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos; en el Paraje Suriano, en Iguala, y en las inmediaciones de Tepehuaje.
Después de la reunión en Palacio Nacional con el Presidente, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa señalaron que fijarán una postura cuando concluyan la valoración del informe que este jueves les fue entregado.
Dijeron que el informe reconoce que ha habido obstáculos militares y ministeriales, y por ello fijarán su postura cuando concluyan su valoración y cuenten con la opinión de los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En lo que corresponde a las acciones de ruptura del llamado “pacto de silencio”, indicó que se han obtenido testimonios, en todos los casos voluntarios, pues aclaró que no son autoridad ministerial o judicial.
Así, han logrado establecer comunicación y tomar testimonios de 115 personas vinculadas con el caso, tres de ellos perpetradores; cuatro de ellas, personas puestas en libertad por tortura; 15 de ellos, privados de la libertad; 23 estudiantes sobrevivientes; 11 funcionarios, y 59 testigos.
Alejandro Encinas comentó que, lamentablemente, en este proceso han fallecido o han sido ejecutadas 26 personas clave para obtener información, entre ellas integrantes de Guerreros Unidos, de Gente Nueva, siete testigos, funcionarios, policías y Mario Casarrubias Salgado, quien era líder de Guerreros Unidos.
En torno a las acciones, detalló que se acopiaron 42 mil 168 documentos. De ellos, 17 mil de la Sedena, aparte del acceso a los expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR), testimonios de sobrevivientes y los análisis de mensajes de teléfonos de testigos clave.
También se hizo el análisis de 17 mil audios, búsqueda en siete municipios de Guerrero, que representan 675 jornadas de trabajo, con la recuperación de 23 cuerpos y más de mil restos pétreos hallados.
Del total de restos, 22 fueron enviados a los laboratorios de Innsbruck para su análisis, con la identificación de tres normalistas. “No se ha encontrado material genético suficiente para identificar más normalistas”, explicó.
Un militar, entre los 43 normalistas de Guerrero
Entre los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, se encontraba un soldado a quien un mando castrense encargó infiltrarse para informar sobre las movilizaciones y acciones de los jóvenes antes de la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, reconoció el Gobierno mexicano.
Este militar, de nombre Julio César López Patolzin, estaba activo y, de igual manera, desapareció la noche en que también fueron ubicados por última vez los 43 normalistas.
En conferencia, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, explicó que López Patolzin tenía la encomienda de reportar todo lo que pasaba en las asambleas internas de la Normal Raúl Isidro Burgos, de cara a las movilizaciones que planeaban.
“Era el responsable de informar de lo que acontecía en las asambleas de la Normal y de las movilizaciones de los estudiantes, e incluso estaba informando de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre”, detalló el funcionario.
Mencionó que López Patolzin estaba bajo el mando directo del teniente de Infantería Marcos Macías Barbosa, del 27 Batallón, y se tiene conocimiento que su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana del 26 de septiembre de 2014, horas antes de su desaparición.
“Y desapareció, junto con los otros estudiantes, sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda, como lo establece el Protocolo para Militares Desaparecidos, que, de haberse aplicado, hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes”, explicó.
La decisión de abandonar al soldado infiltrado es responsabilidad de un mando que estaba investigando a los estudiantes, dijo Encinas Rodríguez.
“Esa es la responsabilidad del teniente Barbosa, que tendrá que rendir cuentas de su omisión, en la integridad física y la búsqueda del soldado Patolzin, que coincido, efectivamente, hubiera sido muy útil implementar el protocolo de búsqueda de militares desaparecidos para evitar la desaparición de los muchachos”, dijo.
El subsecretario comentó que se está revisando la cadena de mando en todos los espacios del ámbito de la zona, de la región, y lo está revisando la Fiscalía General de la República (FGR).
Expresó que espera que el teniente sea procesado: “Esperemos que así sea, tanto por la justicia civil como también por la justicia militar, porque no cumplió con sus protocolos”.
En torno de la información que la Secretaría de la Defensa ha entregado al Gobierno federal, sostuvo que están a la espera de que les llegue más información que han solicitado.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Julio César López Patolzin fue rechazado tres veces para ingresar a la Normal, pues quería ser profesor, por lo que tuvo que aprender diversos oficios como ayudante de un herrero, chofer de un camión de volteo, campesino de tiempo completo y también, señaló, fue parte del Ejército Mexicano durante dos años.
También realizó labores de rescate en el 2013, cuando los huracanes Manuel e Ingrid arrasaron su pueblo natal, Tixtla. Pero su vocación, aseguró el Centro Prodh, no estaba en la milicia, sino en la Normal.
Zerón rechazó el criterio de oportunidad para colaborar
El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la administración anterior, Tomás Zerón de Lucio se negó a aceptar el criterio de oportunidad que el Gobierno de México le ofreció para coadyuvar en las investigaciones por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Se ha mantenido en todo el proceso de extradición de Tomás Zerón, quien se encuentra en Israel, con acciones de acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a la Fiscalía General de la República (FGR) para que proceda la extradición”, dijo en conferencia en Palacio Nacional.
Al presentar el informe sobre el caso, mencionó que a solicitud de los padres y madres de familia, establecieron contacto con los abogados de Tomás Zerón de Lucio, que permitió llevar a cabo un encuentro en Tel Aviv los días 16 y 17 de febrero del presente año, donde se le ofreció un criterio de oportunidad, que no aceptó.
Sin embargo, explicó que han mantenido comunicación con sus abogados para que pronto se pueda avanzar en un acuerdo de colaboración, y no esperar al proceso de extradición, pues se puede allanar a la legislación mexicana para encarar los delitos de que se le acusa y, en caso de colaboración eficaz, obtener algún beneficio de ley.
El funcionario federal comentó que no tiene conocimiento del porqué se ha tardado tanto tiempo el proceso de extradición de Zerón de Lucio, aunque aclaró que es un asunto que encabeza la Fiscalía General de la República con el apoyo de la Cancillería de México, la Embajada de México en Israel y están trabajando, por ello, adelantó en los próximos días seguramente habrá noticias de los avances de esta relación con el gobierno de Israel.
Sobre el criterio de oportunidad, mencionó que la ley establece claramente cuáles son los requisitos para poder otorgarlo, que son beneficios por colaboración, por información fidedigna y corroborada por la autoridad judicial.
Encinas Rodríguez mencionó que no hay mayores beneficios que los que establece la ley, por ello ahí no es un asunto de negociación.