Fuera de vaguedades y generalidades que desde hace ocho años cacarean los detractores de “la verdad histórica” (crimen de Estado cometido por “altas autoridades”), el informe “provisional” del subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, es, en estricto rigor, un batidillo de datos y presunciones con la polvorienta novedad conocida, repito, desde hace casi ocho años:
“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, dijo.
Repitió que están identificados tres de los normalistas, omitiendo que del primero informó el ex procurador Jesús Murillo Karam; del segundo su relevo Arely Gómez, y del tercero la fiscalía de la 4T (con un resto encontrado cerca del basurero de Cocula).
Dijo también que los estudiantes no estuvieron juntos tras su desaparición y que “nunca” estuvieron en aquel vertedero, lo cual no desmiente la afirmación de Murillo, a cuatro meses de la desaparición de los jóvenes (27 de enero de 2015): “Una gran cantidad de personas, fueron ultimadas en el lugar de los hechos, sin que pudiéramos advertir quiénes ni cuántos”, afirmó entonces, refiriéndose al muladar como el lugar de la masacre.
Pese a dar por muertos a Los 43, Encinas indicó que se continuará con la búsqueda de sus restos en “la Ribera del Río Balsas (desembocadura del río San Juan) y la laguna del nuevo Balsas; en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca de Tonalpa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha del Lobos y en el Paraje Suriana en Iguala, y en las inmediaciones de Tepeguaje”.
De la insensata persecución contra los ex servidores públicos que esclarecieron en su esencia el horrendo crimen y concluyeron la verdad consistente en que los estudiantes fueron levantados por policías municipales para entregarlos a la narcobanda Guerreros Unidos; que ésta los asesinó y quemó los cuerpos de muchos o todos en el basurero, dijo que a Tomás Zerón de Lucio, durante “un encuentro en Tel Aviv los días 16 y 17 de febrero del presente año”, se le ofreció un “criterio de oportunidad que no aceptó” (supongo porque lo que se busca con ese eufemismo –como lo demuestra el caso Lozoya– es que el acusado se vuelva soplón y delator para inculpar a quienes sus captores quieran, entre más machuchones mejor y de preferencia uno que se llame Enrique Peña Nieto).
En cuanto a restos mortales, Encinas dijo que se han hallado más de mil de 245 cuerpos, de los que 32 (han de ser fragmentos) fueron enviados para su análisis genético a Innsbruck (se infiere que sin resultados positivos para el caso Iguala).
De nada, pues, que valga la pena, se informó.
Y ni una palabra oficial (salvo su aquiescente pero estéril opinión personal) de los 114 restos (entre 63 mil) que la CNDH (cuando valía la pena) recomendó hace cuatro años que fueran enviados a la universidad austriaca para intentar conocer a qué personas pertenecieron.
En síntesis, una batea de babas.