“Los dejo con el gran secretario de Gobernación, eficiente, eficaz, inteligente, hábil, con pericia: Adán Augusto López Hernández”

Ignacio Mier,

líder parlamentario de Morena

La última batalla, quizá la más feroz de todas, apenas comienza. La cuarta transformación tiene un pendiente que no podrá aplazar más: el enfrentamiento con el Poder Judicial.

La distancia emocional entre los tribunales y Andrés Manuel López Obrador es antigua. Viene de la época del desafuero donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desempeñó un papel penoso, por su subordinación a la agenda política de la época foxista.

Sin embargo, el primer mandatario decidió no enfrentar a los jueces durante los primeros años de su gestión. Ayudó para pactar una tregua la relación de confianza que logró construirse entre Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, presidente del máximo tribunal, y la cabeza del Poder Ejecutivo.

Cada vez que ha tenido oportunidad, López Obrador ha hecho saber que considera a Zaldívar como un hombre honesto, pero que hay otros ministros, magistrados y jueces a quienes no valora como dignos de la transformación que él viene encabezando.

Es esta tregua la que está a punto de concluir. Las trompetas han sonado y los muros de Jericó, que hoy separan al Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, están a punto de derrumbarse.

Tres temas apartan sin remedio a estos dos actores principales de la República: la Guardia Nacional, los tratados internacionales y la prisión preventiva oficiosa.

La declaración de guerra la hizo, a nombre del presidente López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el jueves pasado durante el encuentro que sostuvo con la bancada parlamentaria de Morena.

No pudo pasar desapercibido este discurso del responsable de la política interior.

A pesar de que la Constitución mexicana establece sin ambigüedades que la Guardia Nacional es un cuerpo civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el funcionario anunció que en breve el Ejecutivo propondrá una serie de reformas a tres leyes secundarias para hacer que “el Ejército mexicano coordine administrativa y operativamente” a ese cuerpo de policía.

Luego afirmó, como si no se hubiese escuchado a sí mismo, que estas reformas no significarán la militarización del país.

Respecto del segundo tema López Hernández afirmó que “nosotros creemos que no pueden estar las convenciones internacionales por encima de nuestra Carta Magna.”

Pero las creencias de ese “nosotros” si pueden estar por encima de la Constitución ya que, desde 2011 ese mismo texto definió que las convenciones y tratados internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos son parte inseparable de la Carta Magna.

Mientras la Constitución siga siendo más importante que todo cuanto esa primera persona del singular piense o diga, el secretario de Gobernación debería subordinar lo que ese nosotros crea al juramento que hizo para guardar y hacer guardar la ley.

No importa cuanto aplauda la mayoría morenista, cada vez que el Poder Ejecutivo pretenda pasar por encima del pacto fundamental la cuarta transformación se vuelve más autoritaria.

El tercer tema en disputa es la decisión de la SCJN para eliminar la prisión preventiva oficiosa. Esta medida es también contraria a uno de los principios centrales de la Constitución mexicana, la cual establece la separación de poderes. Según ese precepto, debería corresponder solamente al Poder Judicial la facultad de privar a las personas de su libertad.

Sin embargo, la medida en disputa entrega esa atribución a las fiscalías del país, quienes al acusar a una persona de alguno de los delitos graves previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales inhibe a los jueces para decidir la medida cautelar que, según su criterio y de acuerdo con el mandato conferido por la misma Constitución, consideren más pertinente para cada caso.

En efecto, la intención de eliminar la prisión preventiva automática es restituir al Poder Judicial una potestad que no debería estar en manos de ningún otro poder. Sin embargo, aquí de nuevo, el secretario de Gobernación, por instrucciones presidenciales, desestima la división constitucional de los poderes del Estado porque según su juicio la única manera de combatir la impunidad y la corrupción es apartar a los jueces de las tareas que les corresponden.

Ninguno de los tres temas es sencillo políticamente. Como también advirtió López Hernández a las y los diputados de su partido, “no va a ser fácil el debate,” sobre todo porque la deliberación no será sobre lo que establece la Constitución, sino sobre la legitimidad de la mayoría para imponer su criterio por encima de la Carta Magna.

Porque Morena es mayoría se valora como irrelevante que la Secretaría de la Defensa esté impedida constitucionalmente para coordinar administrativa y operativamente a la Guardia Nacional. Por la misma mayoría se niega rango constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos a pesar de que la propia Constitución así lo prevea. Sirve también esa mayoría como pretexto para atentar contra la división de poderes.

Si la Corte se rinde ante la presión política de la mayoría morenista, lo que verdaderamente estará en riesgo es la existencia de los otros poderes distintos al Ejecutivo.

Las ministras y ministros que habrán de enfrentar los tres desafíos –la subordinación de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, la subordinación de las convenciones internacionales al resto de la Constitución y la subordinación de los jueces a los dictados del Ministerio Público– saben lo que se está jugando, no solo para el presente sino también para el futuro de la República.

Será la Corte quien con sus decisiones definirá si la transformación encabezada por López Obrador mantiene al país en la orilla democrática o lo conduce hacia el autoritarismo.

@ricardomraphael