Quieren censurar a los medios

La censura de prensa viene de regreso. Veinte años de lucha frontal de muchos, y dos décadas de consolidación de esas libertades, están bajo el ataque coordinado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La crítica no es tolerable, pero tampoco la discrepancia o el disenso. Mentalidades autoritarias con la máscara democrática están unidos en una cruzada regresiva.

La furia de López Obrador por la cobertura sobre el tema de la violencia y el desastre de su estrategia inversa de seguridad, donde beneficia a criminales y castiga a quienes los enfrentan, junto con la cobertura de las denuncias de Estados Unidos por presuntas violaciones al acuerdo de libre comercio, fueron el llamado a la acción. El aparato del Estado comenzó la movilización para atacar desde diferentes frentes la libertad de prensa.

En las tres últimas semanas se ha desatado una guerra en redes sociales contra medios y periodistas, que impacta no sólo a quienes son críticos, sino a todos aquéllos que meramente registran la realidad. Como el Presidente no puede modificar la realidad, quiere apagar las luces que le colocan los medios.

Pese a su sistemática campaña de agresión, difamaciones y linchamientos que realiza a diario, López Obrador no ha podido doblegarlos ni amedrentarlos. Ha hecho de todo su gobierno, espionaje político, amedrentamiento fiscal y amagos penales, pero las trincheras de resistencia ante la intolerancia aún no son horadadas.

Las cuentas en las redes sociales asociadas a Palacio Nacional machacan diariamente para dañar la reputación de medios y periodistas, enlistados por el jefe de propaganda, Jesús Ramírez Cuevas, y el grupo de asesores, que han desnudado que su agenda no son las libertades sino el poder facho, apoyados por periodistas reconocidos que, subrepticiamente, están trabajando para la Presidencia impulsando sus ideas y su proyecto.

La última expresión del control se quería consumar este lunes en la Suprema Corte de Justicia, donde se debatieron las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que pedían:

1.- Defensores de audiencias en radio y televisión designados por el gobierno, que equivaldría a comisarios políticos que decidirían qué es lo que se podía informar u opinar, así como sancionar a quien no se ajuste a lo estipulado por la autoridad. Actualmente los defensores de audiencias son nombrados por cada medio, y actúan bajo los códigos de ética de la empresa.

2.- Los códigos de ética, pretenden, dejarían de ser elaborados por los medios –como sucede en todas las sociedades democráticas– y pasarían a ser sancionados por el gobierno, particularmente López Obrador, Ramírez Cuevas o sus asesores, los moneros de La Jornada y Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del gobierno.

3.- Querían se diferenciara información de opinión en toda la programación, particularmente en la informativa, una propuesta donde subyace la creencia de que las audiencias son imbéciles y no distinguen entre opinión e información. La reforma pretendida establecía que si no se acataba puntualmente esta ley, las multas podrían ser de hasta 3% del total de los ingresos anuales de una empresa.

4.- Asimismo, el gobierno podría suspender las transmisiones de programas informativos sin ninguna advertencia o apercibimiento. Si lo problematizamos, la cobertura independiente sobre la seguridad, las negociaciones comerciales, el exceso de mortalidad, el desastre de las megaobras, la ineficiencia de su gabinete o el cuestionamiento de las ocurrencias presidenciales podrían ser motivo de suspensión de un programa de radio o televisión, porque los parámetros de lo que se puede difundir y lo que no, lo establecería Palacio Nacional.

Esta reforma a la Ley de Telecomunicaciones fue aprobada en 2014, como parte de una negociación del presidente Enrique Peña Nieto con el PRD, dentro de la construcción del Pacto por México. Un día antes de que entrara en vigor, en 2017, el Congreso la modificó para evitar la censura de prensa. El PRD se inconformó y presentó una controversia constitucional, pero derivado de las críticas que hubo en México y el mundo, se hizo con prisas y no se realizó la consulta a indígenas y discapacitados.

La lucha contra la censura se dio en tribunales hasta que llegó a la Suprema Corte, donde el ministro Juan Luis Alcántara presentó en la Primera Sala un proyecto que restablecía la estructura de censura a la prensa. Durante los tres últimos años litigaron la Corte y la Cámara de Diputados, donde no permitieron que la radio y la televisión expusieran sus puntos de vista, lo que concluyó ayer con el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán para invalidar las reformas de 2017 por violaciones al procedimiento legislativo. La Corte, unánimemente, voto a favor.

Pero lo que parece una victoria de la libertad de prensa no es completamente así. La Corte no restableció la ley de 2014 y dejará que sea el Congreso el que lo decida, donde se encuentra la puerta al infierno. La presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, Aleida Alavez, una de las morenistas más radicales, ya presentó un proyecto de ley que repone la censura, que probablemente sea presentado en septiembre, durante el periodo de sesiones ordinarias. Para aprobarlo se necesita mayoría simple, que la tiene Morena con sus aliados.

La maquinaria del Estado cuatroté está en marcha. Los principales promotores del derecho de las audiencias en el pasado fueron Villamil y organizaciones no gubernamentales cuyos directores hoy ocupan direcciones de varios medios públicos, y están alineados con la pretensión de López Obrador de acallar la prensa independiente. Ayer, algunos de esos onegecheros impulsaron el derecho de las audiencias con un fin económico, que los medios los contrataran para litigar. Hoy que ya están en el presupuesto, están en el proyecto presidencial del control de la prensa y consolidar a López Obrador al vaciar a la opinión pública de crítica y contraste.

La batalla por las libertades sigue. Un campo será el Congreso, y otro el mundo, donde ha habido una condena unánime a las pretensiones de censurar a la prensa, en los gobiernos de Peña Nieto y de López Obrador.