La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib) fustigó la pretensión de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de intentar llevar a juicio político a tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (TSJ), en detrimento de la división de poderes y la libertad de jurisdicción de los juzgadores en un asunto que legalmente no está agotado.
Durante la sesión de Pleno del TSJ, el magistrado presidente, Luis Jorge Gamboa Olea, leyó el comunicado emitido por la Comisión Nacional en total respaldo del Poder Judicial es- tatal y de la magistrada María Idalia Franco Zavaleta y los magistrados Juan Emilio Elizalde Figueroa y Manuel Díaz Carvajal, quienes fueron acusados de dejar en libertad a un sujeto que hurtó de un vehículo oficial de la fiscalía anticorrupción uniformes, dispositivos y computadoras con información confidencial que forma parte de diversas investigaciones.
“La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) rechaza y desaprueba las acciones emprendidas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, consistentes en el planteamiento de juicio político ante el Congreso del Estado de Morelos en contra de tres magistrados integrantes de la Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, derivado de la resolución de un asunto donde la propia fiscalía no agotado los medios legales de impugnación.
“La CONATRIB respeta y asume la división de poderes y defiende la independencia y autonomía judicial como principios rectores del estado democrático y de derecho es por ello que sostenemos que ningún impartidor de Justicia debe ser sujeto de persecución ni investigado en temas jurisdiccionales, pues de lo contrario se atenta contra la libertad decisoria de las personas juzgadoras, lo que no solo vulnera la Constitución de los estados modernos, además constituye un riesgo para el Estado de Derecho que debilita las instituciones y provoca desconfianza entre los gobernados”, afirmó.
En franca desaprobación a la solicitud de juicio político presentada la semana pasada por Edgar Núñez Urquiza, vicefiscal de la FECC, ante el Congreso local el pasado 23 de agosto, la Conatrib expresó que las y los juzgadores atienden un mandato constitucional y convencional, y emiten sus sentencias con base en lo debatido en un juicio, razón por la cual “ninguna resolución ajustada a derecho puede ser sometida a acoso, pues al incordiar a una persona impartidora de justicia se persigue a la sociedad en su conjunto”.
Por ello, exhortó al Poder Legislativo estatal a garantizar un sistema de justicia independiente e imparcial, porque en un estado democrático derecho los jueces representan la última frontera de la legalidad, de la Constitución y combate contra los abusos de poder, e insistió en que el asunto por el que se pretende enjuiciar políticamente a los magistrados es un tema jurisdiccional y los medios de impugnación legal no han sido agostados.