Aunque llegó a decir “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”, en puntual acatamiento a ésta el presidente López Obrador, a través del secretario de Gobernación, entregó al Congreso su obligado cuarto Informe de gobierno y, como es tradición, pronunció un mensaje político.
Porque el único compromiso que protestó honrar fue respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, de su alocución resalta el énfasis en el tema de la Guardia Nacional, ya que su iniciativa de subordinarla al Ejército contraviene abiertamente lo que ordena la Carta Magna.
“Sobre todo, para que no se corrompa (…). No es militarizar —dijo—, sino cuidar, con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa Nacional, el crecimiento sano de lo que debe ser la principal institución de seguridad pública del país…”.
La aseveración entraña un contrasentido: ¿su Secretaría federal de Seguridad a cargo de Rosa Icela Rodríguez es una dependencia corruptible?
El mismo temor ha manifestado sobre los aeropuertos y el Tren Maya, que no los quiere manejados por su Secretaría de Comunicaciones ni el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. ¿También son semilleros de corrupción?
La Jornada de este jueves publicó: La GN, bajo control de la Defensa, pero como ente civil, propone AMLO.
El disparate es diáfano, por más que se busque “una fórmula equilibrada para que el Ejército tenga el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, pero continúe como institución civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que contará con facultades rectoras en materia de la política criminal”.
Compuesta mayoritariamente por militares del Ejército y la Marina Armada, ¿la institución que cuenta ya con 113 mil 833 efectivos (73 mil 805 de la Sedena, 16 mil 792 marinos y 23 mil 236 de la extinta Policía Federal) tendrá que obedecer a dos secretarios de Estado?
¿A cuál de tan desproporcionado par de “pares” va a someterse el brigadier Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional?
Dada la capacidad de fuego de la delincuencia organizada, se antoja explicable que la GN realice sus actividades policiacas bajo el mando militar.
El problema está en que la Constitución define “civil” a la corporación y dispone que pertenezca a la Secretaría (civil) de Seguridad.
Puede asimismo comprenderse que, ante la negativa de la oposición en el Congreso a reformar la Constitución, el Presidente recurra al remiendo de las leyes Orgánica de la Administración Pública, de la Guardia Nacional, Orgánica del Ejército y de Ascensos y Recompensas del Ejército y la Fuerza Aérea, lo cual aprobará sin mayor trámite la mayoría morenista… violando la Constitución y pasándole la bomba a la Suprema Corte de Justicia.
Lo ideal habría sido evitar controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, apoyando profesionalización, equipamiento y paga digna de las policías municipales y estatales…