Me equivoqué al nombrar a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que me ayudaran a reformar al Poder Judicial, pues o cambiaron de parecer o ya no están pensando en el proyecto de transformación, lamentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

“Voy a tener oportunidad de proponer a ministros —hice mi cuenta— más los que estén ahí decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México. ¿Y qué creen? Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos”, dijo el mandatario.

El Presidente propuso a los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos-Farjat y a Loretta Ortiz Ahlf, aunque no los mencionó por su nombre.

López Obrador dijo que no se siente defraudado, pero sí cambió su perspectiva respecto a la correlación de fuerzas dentro de la propia SCJN.

“Y yo respeto eso, porque pues yo propongo, pero yo no quiero tener incondicionales, yo quiero que haya mujeres y hombres libres, conscientes y que al momento de tomar decisiones cada quien asuma su responsabilidad.”, advirtió el Presidente.

Añadió que la aplicación de la ley no necesariamente significa que haya una verdadera impartición de justicia.

“A mí me enseñaron que, cuando uno tiene que decidir entre el derecho y la justicia, hay que inclinarse por la justicia”, enfatizó el mandatario.

Dijo que cuando pensaba en cómo reformar al Poder Judicial pensó en un cambio profundo como el que realizó Ernesto Zedillo, pero evaluó que con los nombramientos que le correspondían a él, más los ministros que no se habían entregado al régimen sería suficiente, pero ahora las cuentas no le dan.

“Sencillamente ya nos cuesta mucho trabajo contar con cuatro de los 11. Por ejemplo, en la cuestión eléctrica, imagínense votar, primero, los conservadores del PRI y del PAN, a favor de las empresas extranjeras, en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Un acto, sin duda, de traición a la patria. Pero luego pasa al Poder Judicial y de chiripa se evita que declaren inconstitucional la ley eléctrica. Y ahora esto que estamos tratando, que es un acto por completo de incongruencia, los paladines de la justicia de repente quieren anular un artículo de la Constitución, algo que no les corresponde.”, criticó el mandatario.

Calificó como un “truco” el argumento de que no se integran bien las averiguaciones previas para dejar a los presuntos delincuentes en libertad.

“Es que con ese truco de que no se integran bien las averiguaciones se de la libertad a delincuentes por influyentismo por corrupción”, aseveró.

Por ello, se pronunció a favor de que los ministros y jueces sean electos directamente por los ciudadanos, aunque dijo que no presentará ninguna iniciativa al respecto.

“Entonces, llegué a la conclusión de que no iba yo a presentar ninguna iniciativa de reforma para renovar todo, incluso retomar lo que en algún tiempo se aplicó de que los jueces, sobre todo los ministros, fuesen electos por los ciudadanos, todo eso se pudo llevar a cabo”, explicó el jefe del Ejecutivo.

Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana aprovechó para mostrar los nombres de los legisladores que aprobaron la reforma constitucional entre quienes figuran los entonces senadores del PAN Marko Cortés, Santiago Creel Miranda, Gustavo Madero y Guillermo Padrés.

Por el PRI figuran: Alejandro Moreno Cárdenas, Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Coldwell, Francisco Labastida Ochoa y Jesús Murillo Karam, quienes apoyaron la reforma a la Prisión Preventiva Oficiosa en 2008 y ahora se han erigido en críticos de la medida.

Además, Mejía Berdeja aseguró que si se elimina la prisión preventiva oficiosa no sólo los delincuentes podrían salir por la puerta giratoria, sino que “la puerta se podría dejar abierta”.

Balconea el gobierno a jueces contrarios

El gobierno federal dio a conocer los nombres de diez jueces que, de acuerdo con su criterio, han dejado en libertad a presuntos criminales peligrosos y también presentó cinco casos en que no reveló la identidad de los jueces, pero sí los argumentos para excarcelarlos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho el miércoles que evaluaba la forma de presentar los casos, porque resultaría injusto dar a conocer los nombres de los jueces involucrados.

“Son muchos casos, muy fuertes y no queremos dar a conocer los nombres de los jueces porque los estaríamos, yo diría que humillando. Es fuerte. A lo mejor vamos a presentar los casos, vamos a cuidar los nombres, y le vamos a enviar todo al Poder Judicial, a la suprema corte y al Consejo de la Judicatura”, indicó el mandatario.

Sin embargo, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, contraviniendo lo señalado por el Presidente, dio a conocer los nombres de nueve jueces.

Los juzgadores federales balconeados son: Daniel Ramírez, Viviana Judith Juárez Vázquez, Roberto Antonio Domínguez Muñoz, Pedro Arroyo Soto y otro no identificado, así como el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien no liberó a nadie, pero de acuerdo con Mejía Berdeja otorgó amparos que promovieron delitos y protegió a extorsionadores como los llamados “montadeudas”.

Además, los jueces locales Sergio Rodarte Oliva de Zacatecas; Carlos Gallegos Arellano, de Colima; Marco Antonio Ordorica Ortega, de Guerrero; Juan Ignacio Ortega Morales de San Luis Potosí y Daniel Hernández George de Tlaxcala; la jueza Paulina Irais Medina Manzano y el juez penal de primera instancia de Valle de Santiago, Guanajuato, también fueron señalados por negar la vinculación a proceso a presuntos delincuentes.

De acuerdo con el gobierno federal, los presuntos delincuentes beneficados van desde líderes del narcotráfico, huachicoleros, torturadores, asesinos, secuestradores y feminicidas, por lo que insistió en que debe prevalecer la prisión preventiva oficiosa.

“La prisión preventiva oficiosa o automática pretende proteger a la víctima y a la familia de su agresor. Evita que los presuntos delincuentes se sustraigan de la acción de la justicia o se den a la fuga. Evita que estos mismos presuntos criminales amenacen y atenten contra testigos durante las diferentes etapas del proceso penal. Evita la reincidencia y prevé la comisión de futuros delitos en contra de la sociedad”, concluyó Mejía Berdeja.