La discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la prisión preventiva forzosa en México se quedó a medias.
Ayer cuatro ministros rechazaron el proyecto que busca eliminar la prisión obligatoria, mientras que uno se manifestó a favor y los seis restantes darán su posición hoy.
La decisión final en la Corte se conocerá hasta que todos los ministros manifiesten su punto de vista y resuelvan el sentido de su votación.
Sin embargo, el rechazo de ayer de cuatro ministros implica que el proyecto presentado por Luis María Aguilar no tendrá los ocho votos necesarios en la parte que propone dejar de aplicar, por violar derechos humanos, el segundo párrafo del Artículo 19 de la Constitución, que contempla 16 delitos a los que aplica la prisión preventiva "oficiosa".
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha presionado a la Corte para no limitar la prisión preventiva, en especial a los cuatro ministros cuyos nombramientos impulsó: Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos-Farjat.
El ministro Luis María Aguilar abrió ayer la sesión y, al presentar el proyecto a discusión, dijo que no pretende eliminar la prisión preventiva sino dejarla como una medida cautelar que se tiene que justificar en todos los casos, sin que pueda aplicar en automático a ciertos delitos.
En el inicio de la discusión, Esquivel, Ortiz y Alberto Pérez Dayán rechazaron el proyecto que propone que la Corte pueda inaplicar la Constitución.
Esquivel defendió la decisión del Constituyente de contemplar la prisión preventiva oficiosa, ante el panorama de delincuencia en el País, y advirtió que suprimir esta figura dejaría a la sociedad a merced del crimen.
Sin embargo, en la última intervención del día, González Alcántara abrió la posibilidad de una opción menos radical: que la Corte aclare que prisión preventiva "oficiosa" no quiere decir prisión preventiva "automática".
Esta propuesta implicaría establecer que los jueces siempre tienen que estudiar de oficio si imponen prisión preventiva, sin que lo pida la Fiscalía, pero valorando las condiciones de cada caso.
González Alcántara consideró que esta interpretación permitiría a la Corte actuar con "prudencia y moderación".
Más allá del debate sobre el Artículo 19, para lo que sí podría haber mayoría de ocho votos, la propuesta de Aguilar pretende anular la reforma de noviembre de 2019, impulsada por el Gobierno federal, que ordenó prisión preventiva por emisión de facturas por servicios inexistentes, así como contrabando o fraude fiscal por más de 8.7 millones de pesos, delitos que fueron calificados como "amenaza a la seguridad nacional", pero no aparecen en el catálogo de la Constitución.
