Dos versiones, un Ejército

 

Es demasiado pedirle al cerebro que armonice dos versiones incompatibles sobre el Ejército mexicano, una que afirma su naturaleza constitucional y otra que, con los hechos, la niega. 

Ayer el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, entregó un mensaje a la nación cargado de significados fuertes. Durante la ceremonia conmemorativa de la Independencia afirmó tres cosas que provocaron el aplauso: primero, dijo que en todo momento las fuerzas armadas actúan subordinadas al poder civil; segundo, que ellas lo hacen siempre con apego al marco jurídico y; tercero, que sus casi 300 mil efectivos son “leales a la Constitución y a las instituciones del pueblo de México”. Luego remató que así ha sido en el pasado y lo seguirá siendo en el futuro.

La versión del Ejército constitucional es una que toda persona sensata quisiera creer e inclusive apoyar incondicionalmente.

El problema es que esta versión coexiste con la del Ejército inconstitucional, es decir, la de una institución cuyos mandos han violentado impunemente las instituciones del pueblo, la vida de las personas y la paz de regiones enteras.

Esta otra versión tuvo su momento protagónico el pasado miércoles 14, cuando fue detenido el general brigadier José Rodríguez Pérez –comandante del 27 batallón de Iguala en septiembre de 2014– ya que estaría acusado de haber ordenado asesinar a seis de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

¿A cuál versión hacerle caso? ¿A la del general Sandoval o a la del general Rodríguez Pérez? ¿Al discurso de la constitucionalidad o a los hechos arbitrarios de la inconstitucionalidad?

No cabe en el caso de Pérez Rodríguez decir que se trata solamente de una manzana podrida, porque las acusaciones que enfrenta este general ascienden hasta los escalones más elevados de la jerarquía militar.

Hace tres semanas el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que, respecto a la tragedia de Ayotzinapa, varios mandos militares “incumplieron con su deber de intervenir para salvaguardar vidas de los civiles desarmados, que estaban bajo ataque de conocidos criminales de bandas y de policías municipales corruptas”.

Es necesario aclarar aquí que estas duras palabras no fueron dirigidas contra el general Rodríguez Pérez sino contra su jefe inmediato, el general Alejandro Saavedra Hernández, quien estaba al frente de la 35 zona militar de Chilpancingo cuando ocurrió la trágica noche de Iguala.

Pesan sobre el general Saavedra acusaciones graves. Supo cuanto fue ocurriendo la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 y no hizo nada para evitarlo. En efecto, tuvo información panorámica y de primera mano sobre los hechos ya que el Centro de Comando (C-4) estaba bajo sus órdenes y esa instancia obtuvo imágenes en tiempo real de la masacre, el secuestro y la desaparición de aquellos jóvenes.

Por otro lado, hoy se sabe que la tragedia de Ayotzinapa se inscribió en un contexto de criminalidad gigante provocado por los nexos perversos entre autoridades y narcotraficantes. Es imposible que Saavedra desconociera el dominio que las bandas de delincuentes tenían sobre las policías locales. Ante todo porque algunos de los mandos policiales que cobraban en la nómina de los Guerreros Unidos fueron propuestos nada más ni nada menos que por el general Saavedra.

Estos argumentos habrían sido suficientes para que la jerarquía más elevada del Ejército mexicano hubiese llamado a cuentas a este general. Pero en vez de ello, el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, procedió a premiarlo cuando no se habían cumplido siquiera dos meses de aquel terrible episodio.

Por increíble que hoy parezca, el general brigadier Alejandro Saavedra fue promovido a general de división el jueves 20 de noviembre de 2014. Al mismo tiempo, el presidente Enrique Peña Nieto le entregó la coordinación de todas las fuerzas estatales para el combate contra la inseguridad, es decir que lo convirtió en el jefe de la policía federal, así como de todos los efectivos marinos y militares de Guerrero.

Contra lo que podría suponerse, la estrella de Saavedra no se apagó después de la administración peñanietista. Primero, porque el general Cienfuegos lo propuso ante Andrés Manuel López Obrador como su mejor carta para sucederle y, segundo, porque el general Luis Cresencio Sandoval, una vez al frente de la Defensa, le entregó la muy importante responsabilidad de dirigir el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (el ISSFAM).

Si ni Cienfuegos ni Sandoval sabían de las sombras que volaban sobre la reputación de Saavedra, se está ante un Ejército inconstitucional cuya fuente es una ineptitud descontrolada. En cambio, si sí lo sabían, se trataría de una cuestión que pone en riesgo permanente a la seguridad nacional ya que hoy las Fuerzas Armadas tienen mucho mayor poder en comparación con el que tenían cuando Saavedra ocupó cargos relevantes en Guerrero.

José Rodríguez Pérez –que era coronel cuando habría ordenado el asesinato de los normalistas– también fue ascendido al año siguiente de que cometiera ese presunto delito.

De acuerdo con las acusaciones que pesan en su contra, provenientes de las investigaciones celebradas por la Comisión presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, setenta y dos horas después de la noche trágica, Rodríguez Pérez habría recibido información de que algunos jóvenes normalistas estaban retenidos en una bodega de Pueblo Viejo, en las afueras de Iguala.

Según evidencia aportada a la Fiscalía General de la República este general habría ordenado “arreglar el problema” arrebatando la vida de esas personas para luego desaparecer sus restos.

Es difícil creer que Rodríguez Pérez hubiese actuado a espaldas del general Saavedra y todavía más complicado que el fatal desempeño del jefe de la zona militar de Chilpancingo hubiese pasado desapercibido para sus superiores.

Cabe recordar ahora la energía rabiosa con la que ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, trató de impedir que las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa se aproximaran a sus subordinados.

Esta narración exhibe las dos versiones del Ejército que hoy se estrellan dentro de nuestra cabeza: la constitucional y la inconstitucional, la del discurso y la de los hechos, la del general Cresencio Sandoval y la de los generales Alejandro Saavedra y José Rodríguez Pérez. 

Ricardo Raphael

@ricardomraphael