Colosal patraña en “tiempo real”
Basada en verificaciones a detalle de la CNDH (Apartado 28 de la Recomendación del 28 de noviembre de 2018 sobre la Actuación de Elementos Militares frente a los sucesos de hace ocho años en Iguala), el “Informe Encinas” agrega puro sensacionalismo:
—Que “elementos del Batallón 27 tuvieron una participación estratégica en las horas críticas del “crimen de Estado contra los 43”.
—“La Sedena tuvo en todo momento conocimiento DE LA ATROCIDAD” (así, en mayúsculas).
En realidad el Informe no descubre nada.
Antes de pudrirse en este sexenio, la CNDH reveló que los militares estaban enterados de la presencia y traslados de los normalistas en Iguala y de las persecuciones iniciales y detenciones, pero no hay pruebas de que en tiempo real supieran de las agresiones fatales ni de la desaparición de los jóvenes.
Conjeturas aparte, no hay evidencia alguna de que hayan tenido “en todo momento conocimiento DE LA ATROCIDAD”.
—El jefe del Batallón, coronel José Rodríguez Pérez (acusado de asesinar a seis de los 43 y encarcelado la semana pasada) “tuvo información de primera mano sobre la privación ilegal de la libertad de los normalistas Y NO IMPIDIÓ EL DELITO”, afirma, cuando lo que para ese momento supo no necesariamente era una “privación” de nada y de haber intervenido habría violado la Constitución.
De los asesinatos y desaparición tampoco hay pruebas de su “conocimiento en tiempo real”.
El “Informe Encinas” (y los medios que le dan crédito) soslaya que, por el Cambio de Orden dictado alrededor de las 22:45 horas, según la CNDH, los ataques fatales y la desaparición ocurrieron cuando en el 27 Batallón nadie lo sabía. Por ejemplo el hecho de que el subdirector de la Policía de Cocula, César Nava, acudiera a la Comandancia de la Policía de Iguala para llevarse a normalistas para entregarlos a la narcobanda Guerreros Unidos. Nada prueba que los militares lo supieran en tiempo real.
Peor: de acuerdo con las leyes vigentes en 2014, el Ejército carecía de facultades para entrometerse motu proprio en la seguridad pública, por lo que es una pendejada exigir que el 27 Batallón “debió” impedir la matanza.
—“Por Cadena de Mando” se pretende imputar penalmente al hoy general brigadier pero, ¿y qué con las disposiciones legales?
Las ambigüedades de la Información Actual que aparece en los Cuadros Comparativos del “Informe Encinas” no permiten saber a quién diablos responsabilizar por la presunta “limpieza” del crimen.
Y no queda claro, tampoco, si tal borrado de evidencias fue obra, supuestamente, de los sicarios, los cómplices directos de Abarca, de Tomás Zerón y sus “asesores”, o de los militares (incluido Rodríguez Pérez).
Se alude a una “Captura de Pantalla” realizada por la DEA en la que, aparentemente, Guerreros Unidos prevé “mover los restos” de los normalistas, entre otros lugares al 27o. Batallón para que no los hallen.
En vez de esconder sus “pruebas”, la falsaria comisión y la tendenciosa fiscalía especial debieran exhibirlas y exponerse a la vergüenza pública...
Carlos Marín