Afirma Alejandro Robledo, defensor de José Rodríguez y de 3 militares, que subsecretario actúa en caso Iguala como MP y viola la Carta Magna; en carpeta lo señalan por crimen organizado, no por desaparición, dice; acusación, basada en dichos de El Gil, cuestiona; Sedena participa en defensa
El General José Rodríguez, detenido por el caso Ayotzinapa, está acusado de delincuencia organizada y no de desaparición forzada, y únicamente con base en la declaración de un solo testigo protegido inválido, aseguró su defensa.
En entrevista con La Razón, el abogado Alejandro Robledo advirtió también que, por medio de un amparo, se busca echar abajo el informe presentado el mes pasado por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, al considerarlo ilegal.
“Con un testigo protegido falso, miembro de la banda (Guerreros Unidos), preso durante muchos años y que hoy aprovecha la oportunidad para salir en contra de los militares, de repente decide acordarse de cosas que no se había acordado de antaño y declararlo. Hay un principio del derecho que dice: ‘el testigo único, testigo inválido’, porque no tiene otros medios de prueba que soporte en su dicho”, afirmó, categórico, el defensor del general y de otros tres integrantes del Ejército mexicano.
Previamente, expuso que la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa utilizó al testigo protegido identificado como “Juan”, pero que en realidad se trata de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, exintegrante del grupo delictivo Guerreros Unidos.
El General José Rodríguez Pérez, aclaró el abogado, únicamente está acusado del delito de delincuencia organizada, a pesar de que el informe de la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj-Ayotzinapa) señala que el mando militar ordenó retener a seis de los 43 estudiantes normalistas durante cuatro días y luego presuntamente ordenó su asesinato.
En cambio, los otros implicados: el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita están acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, dijo Robledo.
“Delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, pero no para todos; desaparición forzada, para el General, no; para los otros tres, sí”, subrayó.
-¿Por qué el General no está acusado de desaparición forzada?
-No sé por qué él está acusado sólo de delincuencia organizada. Puede que haya otra investigación aparte, quizá, no lo sé. O sea, no te podría contestar porque no he visto todas las constancias y, aun cuando las hubiera visto, no te podría decir el por qué solamente decidió acusar al General por ese delito y no por todos los demás o por otros delitos, explicó el litigante.
Hizo hincapié en que la investigación en contra de los cuatro militares es “ilegal”, pues el subsecretario Alejandro Encinas carece de facultades para ello y suplanta al Ministerio Público, por lo que ya se promovió un amparo en su contra.
Robledo insistió en que el General Rodríguez Pérez no enfrenta cargos en este proceso por la desaparición y muerte de los normalistas, y rechazó que los teléfonos de los jóvenes desaparecidos hayan permanecido activos y geolocalizados en el campo militar.
“Eso es falso y además la acusación que hoy versa sobre el General no tiene nada que ver con el informe que rindió el subsecretario Encinas; es decir, esos seis supuestos homicidios cometidos o desapariciones forzadas cometidas, en general no son parte de esta investigación y de este proceso. No sé si exista otro; en éste no lo son”, apuntó.
Este miércoles, el juez segundo de Procesos Penales en el Estado de México, con sede en Toluca, Enrique Beltrán Santes, deberá determinar si decreta el auto de formal prisión en contra del General José Rodríguez y contra el resto de los acusados, quienes serían enjuiciados bajo el anterior sistema penal.
Por lo pronto, la defensa de los militares acusó que el juzgador no les ha permitido acceder al expediente, por lo que presentarán también un amparo, queja y todos los recursos legales, para forzarlo a cumplir con su obligación constitucional.
El amparo promovido contra el informe de la Covaj-Ayotzinapa es por “usurpación de funciones” del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, Alejandro Encinas.
“El subsecretario se está asumiendo como autoridad investigadora, como Ministerio Público, hechos por los cuales nosotros ya presentamos la semana pasada una demanda de amparo contra el subsecretario Encinas, a efecto de que deje de violar las garantías constitucionales de nuestro defendido, el entonces coronel, ahora General, José Rodríguez, y se garantice su presunción de inocencia”, expuso.
La falta de acceso al expediente impide conocer si hay más acusaciones e incluso si puede haber otros implicados.
“Son elementos que nosotros defendemos y no sé si haya o no más elementos del Ejército involucrados, porque el juez segundo de Distrito dolosamente no nos ha permitido ver el expediente completo; es decir, podría haber más elementos del Ejército, no lo sé. Yo lo único que te puedo decir con certeza es que defendemos a cuatro”, manifestó Robledo.
Por lo pronto, la defensa de los militares, que actúa de manera conjunta con la Sedena, acusó que el juzgador no les ha permitido acceder al expediente, por lo que presentarán también un amparo, queja y todos los recursos legales, para forzarlo a cumplir con su obligación constitucional.
Juez gira nuevas órdenes de captura contra Abarca, su esposa y su exjefe de policía
Un juez federal giró una nueva orden de aprehensión en contra del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda por el delito de delincuencia organizada.
Además, también se habría girado una orden de captura en contra del exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, y de otras cuatro personas, por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
Las órdenes de aprehensión fueron otorgadas por el juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Enrique Beltrán Santes, luego de que en las investigaciones, al menos 20 testigos dijeran que el exedil está relacionado con el crimen organizado.
Destacar que en días pasados un juez en Tamaulipas liberó al exalcalde y su esposa, al señalar que no había pruebas de su participación en la desaparición de los 43 normalistas los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, lamentó que el mismo juez que habría liberado a 77 personas relacionadas a la desaparición de los normalistas, sea el mismo que otorgó el fallo a favor del exedil; sin embargo, puntualizó que la FGR tenía elementos suficientes para conseguir su reaprensión.
En el informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa se especificó que los 43 estudiantes nunca fueron a “boicotear” un evento de María de los Ángeles Pineda, entonces presidenta del DIF en Iguala, como se mencionó por parte de las autoridades anteriores.
A pesar de que ya no se le sigue proceso por el tema de Ayotzinapa, sí se hace por sus nexos con la agrupación delictiva Guerreros Unidos, que fue la encargada de secuestrar y desaparecer a los estudiantes la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.