Ayer, que me preguntaron si íbamos a presentar una denuncia sobre el hackeo, pues no. El que nada debe, nada teme. Estoy seguro que todo eso que hackearon ya se ha dicho —hasta lo de mi enfermedad ya se había dicho—, y hasta faltó…”, dijo ayer el presidente López Obrador sobre la ordeña de seis terabytes (o seis mil gigabytes), equivalentes a 36 millones de documentos PDF, un millón y medio de fotografías o tres mil horas de video a la Secretaría de la Defensa Nacional.
En este espacio aventuré este lunes que el gobierno federal echaría mano de la normatividad a su alcance, al menos formalmente, para perseguir y castigar a los responsables de tan escandaloso delito cibernético.
Pese a la voluntad presidencial, bastaría una denuncia de quien sea para que la Fiscalía General de la República hiciera lo conducente, o que el Ejército, como institución agraviada, procediera para no alentar la impunidad.
Supongo que no, pero ignoro si fueron denunciados los hackeos a Petróleos Mexicanos (noviembre de 2019 por la banda DoppelPaymer exigiendo “rescate” de casi cinco millones de dólares en bitcoins) y a la Lotería Nacional (junio de 2021 por Avaddon que, según Ciberseguridad de Australia, solía exigir 40 mil dólares, también en bitcoins).
No parece que Guacamayas pretenda chantajear a nadie sino, mediante la difusión de informaciones que los gobiernos mantienen en reserva por razones obvias (en particular las que guardan sus ejércitos), patalear por la colonización y expoliación del Continente Americano.
La suya es una lucha estéril que con honradez intelectual debieran ampliar a los saqueos precolombinos perpetrados por las naciones más voraces y mejor armadas que sometieron a millones de “pueblos originarios”.
Establecidas las diferencias entre los guacamayos y quienes hackearon a Pemex y a la Lotenal, ¿será la coincidencia en el polvoriento tema de la Conquista la razón de que AMLO renuncie a su facultad y obligación de perseguir a quienes han dejado en ridículo al Ejército del que es comandante supremo?
De acuerdo con las disposiciones previstas en el artículo 21, párrafo primero de la Constitución y el correlativo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público tiene autoridad para proceder inclusive de oficio a la investigación de los delitos de los que tenga noticia y su tarea debe realizarla de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial.
Eso quiere decir que lo que el Presidente de la República diga sobre un asunto criminal carece de validez legal, sobre todo si respetara la independencia operativa de la Fiscalía General.
Se dirá que Guacamayas es un grupo extranjero y que pretender su persecución y captura de sus hackers es ilusorio, pero cabe la posibilidad —salvo prueba en contrario que solo aportaría una investigación ministerial— de que el saqueo del acervo informático de la Sedena contó con la colaboración de un topo: un militar en activo, o más…