SERPIENTES Y ESCALERAS
Seguridad: dos visiones. El problema de la inseguridad no sólo son los ejecutados, las personas secuestradas, los negocios extorsionados, los ciudadanos vejados y las familias divididas. Además de ello está el deterioro del tejido social, la debacle económica, el incremento del desempleo y e éxodo masivo. La lucha no es sencilla, sobre todo cuando quien está al frente no acepta la realidad de las cosas. La seguridad fue bandera de campaña del PRD en Morelos, pero la inseguridad es el punto que ha hecho naufragar al gobierno de Graco Ramírez. En la nueva visión el tema se maneja de una sola manera y no se acepta ninguna versión distinta: para el PRD el Mando Único es la panacea y los resultados son siempre positivos. Aunque el modelo de seguridad en Morelos no funciona, el discurso triunfalista se maximiza porque es el eje de la campaña del tabasqueño en la carrera presidencial. En Morelos el MU fracasó. El debate sobre la viabilidad del modelo de seguridad impuesto en Morelos es duro, porque paso de ser una opción a una imposición en todos los municipios. El discurso oficial se adecúa al estado de ánimo del gobernador y se mueve según los intereses personales del tabasqueño: cuando conviene se habla del deseo de los alcaldes por sumarse; cuando no se acusa a los ediles de proteger a los delincuentes y se les obliga a entregar el control de las policías. Lo mismo ocurre con los escenarios que rodean a este plan de seguridad: en diciembre el gobernador decía que Morelos era territorio de paz, que el mando único daba resultados y que el avance en la lucha contra la delincuencia era palpable. En enero, luego de la ejecución de la alcaldesa de Temixco el discurso cambió radicalmente: se habló de una crisis de inseguridad en 15 municipios y se impuso el MU en dichas localidades. Pero el problema de fondo no es el mando único, ni los arrebatos hormonales del gobernador. Lo más grave es la indefensión en la que se encuentran miles de ciudadanos, la doble victimización que sufren miles de personas y el acelerado desprestigio de las instituciones y cuerpos de seguridad. El Mando Único puede ser el camino para que la situación mejore, pero la forma como se ha implementado este modelo en Morelos no es adecuado porque se sintetiza en el control total de las policías en lugar de fomentar la profesionalización, la capacitación, la depuración y la investigación. El comisionado de seguridad de Morelos es un actor que sabe vender su producto, pero no ha sido capaz de ganarse el liderazgo entre las corporaciones locales. El primer paso que dio el Rambo de Tijuana fue traer personas de la frontera que no conocen la entidad, ni la cultura ni la geografía de esta región; peor aún: el Tijuana Squad ha dividido a las corporaciones morelenses, ha marcado territorio y generado molestia entre los uniformados locales. En lugar de tener una sola policía cohesionada hoy existen muchos grupos e intereses dentro de la CESP. *** Antes de irse de vacaciones los diputados nombraron al nuevo ombudsman de Morelos. Con 23 votos a favor el congreso designó a Jorge Arturo Olivares Brito nuevo presidente de la comisión estatal de los derechos humanos. Su designación, como nunca antes, fue en medio de gritos, descalificaciones y muy serias acusaciones de corrupción y acoso sexual del nuevo defensor de los derechos del pueblo. La votación de Olivares Brito fue a la vez un duelo de poder dentro del congreso; dos legisladores midieron fuerzas y uno de ellos (Francisco Santillán) demostró más capacidad de operación política y consensos. Hortencia Figueroa se quedo sola, por su candidata sólo votaron tres personas: ella, Jesús Escamilla y alguien más, es decir, en el mejor de los casos sólo convenció a un miembro más de su bancada. La designación fue compleja desde todos los ángulos: la maniobra política de quienes apostaron por el varón fue excelsa a pesar de que se trataba de un personaje con pocos méritos para ocupar el cargo. Políticamente hubo un ganador, aunque socialmente quedaron muchos perdedores, empezando por los ciudadanos de Morelos. La de Jorge Arturo Olivares Brito no será una gestión sencilla: su personalidad y sus antecedentes en el sector público no advierten nada bueno y por el contrario, es posible suponer que en breve la comisión se entregará a los brazos del gobernador y dejará de lado la enorme responsabilidad social que tiene con los ciudadanos y las víctimas de la violencia. Insisto: políticamente la designación del priísta es un triunfo para sus promotores; socialmente es un enorme retroceso para la lucha a favor de los derechos humanos. *** Así lo escribió hace unos días Héctor Gutiérrez en El Financiero: “Graco Ramírez, gobernador de Morelos, prometió durante su campaña, someter su mandato a revocación cada dos años. “(…) Que el ciudadano tenga acceso pleno a la iniciativa popular; referéndum y plebiscito e incorporar en la legislación estatal la figura de la revocación de mandato cada dos años”, se lee en su plataforma de campaña. Nunca lo cumplió. Incluso el 5 de junio de 2012, en campaña, sostuvo vía Twitter: “Cada dos años, como gobernador de Morelos, me someteré a votación para que la gente decida si me quedo o me voy. Habrá revocación de mandato”. Una vez ganadas las elecciones y, para romper esta promesa de campaña, en 2014 ordenó que las leyes locales se “armonizaran” con la reforma electoral que acababa de ser aprobada por el Congreso de la Unión, situación que aprovechó para desaparecer de la Ley de Participación Ciudadana de Morelos al órgano local que sería el encargado de someter a consulta la revocación de su mandato. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), por cada 100 delitos cometidos en 2014, sólo diez se denunciaron. Esto, de acuerdo con Gerardo Becerra, se debe a que “la ciudadanía ha perdido totalmente la confianza en sus autoridades”. Y es que, de acuerdo con esta encuesta, de cada diez delitos que se cometen en Morelos, en menos de un caso de denuncia se inició la averiguación previa correspondiente. según la ENVIPE 2015, tan sólo en 2014 la tasa de delitos en Morelos por cada 100 mil habitantes fue de 29 mil 647, superando incluso la media nacional, que fue de 28 mil 200. También se comprometió a generar miles de fuentes de empleo. Cuando asumió el gobierno, a finales de 2012, la tasa de desempleo, de acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo, era de 3.5 por ciento, pero hoy en Morelos 4 de cada 10 habitantes no tienen empleo, es decir, la tasa de desempleo subió .5 por ciento. En cuanto a la pobreza, en la plataforma de campaña de Graco Ramírez se establece: “Esta visión de Morelos nos llevaría en un relativo corto plazo, a reducir la pobreza, aumentar el bienestar de la mayoría de los morelenses (…)”. La realidad es otra. Incluso el Coneval reporta que Morelos es la entidad en donde la pobreza creció más entre 2012 y 2014; es decir, cuando Graco Ramírez asumió el gobierno, 45.5 por ciento de la población de Morelos vivía en la pobreza. Dos años después, 52.3 por ciento de los morelenses lo estaban.