'Los 43': omisiones y acciones militares
Entre las argucias para incriminar a militares en la matanza de Los 43, Alejandro Encinas esgrimió la insidia de que el 30 de septiembre de 2014 (el crimen ocurrió los días 26 y 27), “mandos” del Ejército recibieron una llamada anónima informando que seis dizque sobrevivientes estaban retenidos en Pueblo Viejo, y que la Secretaría de la Defensa se tardó dos días (el 2 de octubre) para inspeccionar el lugar.
Y según Encinas, por uno de “80 millones” de pantallazos telefónicos recuperados se sabe que el mismo día de la llamada el comandante del 27 Batallón ordenó asesinar a los presuntos seis que seguían con vida.
Fuera de tan descabellados otros datos, lo único verificable de esos días contra el Ejército son las afirmaciones del ex fiscal de Guerrero Iñaki Blanco y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anterior a la 4T.
El primero afirma:
—Que la noche del 26, el gobernador Ángel Aguirre habló con el comandante de la novena Región Militar (general Martín Cordero Luqueño);
—Que al amanecer del 27, Blanco solicitó el apoyo militar “para que me permitieran concentrar en instalaciones del 27 Batallón a los policías municipales y ese apoyo me fue negado”;
—Que los Guerreros Unidos le querían arrebatar a las personas “que ya teníamos identificadas como autores materiales y así lo corroboran los chats de Chicago (los de Casarrubias Salgado instruyendo a Gildardo Astudillo a organizar una manifestación de transportistas y mineros para presionar por la liberación de los detenidos).
“Volví a solicitar apoyo al Ejército para que nos brindara seguridad perimetral y nos acompañara, porque decidí trasladar a esa gente a Acapulco, y nos negaron el apoyo” (pero la CNDH demostró que seis oficiales y 37 elementos de tropa del 27 y 41 batallones se incorporaron en el trayecto a Chilpancingo).
Y en el 27 Batallón “nos entrevistamos con el coronel José Rodríguez Pérez, se nos negó el acceso a la totalidad de las instalaciones y se adujeron o pretextaron razones de seguridad nacional. Nos pidieron un requerimiento por escrito al comandante de la Región y al secretario de la Defensa, cosa que hicimos, pero nunca recibimos una respuesta…”.
Como haya sido, el testimonio de Iñaki Blanco sobre lo que recuerda que vivió hace ocho años y las negativas u omisiones de que habla no conducen a complicidades con la narcobanda ni homicidio alguno.
Con el gobernador y el fiscal clamando apoyo del coronel y hasta del secretario de la Defensa Nacional, ¿quién puede creer que al comandante del 27 se le ocurrió ordenar que mataran a esos imaginarios “normalistas”?
Lo que importa saber es lo que sí cometió contra la normatividad personal del Ejército.
En la recomendación de la desaparecida Oficina Especial del Caso Iguala de la CNDH se afirma que militares violaron derechos humanos en el hospital Cristina, al despojar a estudiantes de sus playeras y celulares y haberles tomado fotografías.
Mañana: ¿qué con el general Rodríguez Pérez y la responsabilidad institucional de la Sedena…?
Carlos Marín