En el marco del apoyo que legisladores del PRI le han dado a reformas constitucionales al interior de la Cámara de Diputados, se presentó una segunda generación de iniciativas de Morena y aliados para acotar a los poderes autónomos, con propuestas que van desde reducir personal, disminuir atribuciones o remover funcionarios, hasta eliminar a estos órganos.
En este segundo año legislativo, algunos diputados de Morena han presentado propuestas para limitar a poderes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Cámara de Diputados, entre otros.
Sólo en materia electoral, las bancadas de Morena, PT y PVEM en San Lázaro han presentado 56 iniciativas para reformar el sistema actual, con propuestas como reducir el número de consejeros, eliminar a los legisladores plurinominales, establecer que la elección de consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral sea mediante voto ciudadano, la desaparición de los OPLE y tribunales electorales locales y modificar el sistema de fiscalización de las campañas, entre otras.
Las anteriores se suman a la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 28 de abril, para desaparecer al INE y sustituirlo por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
El 13 de septiembre, el grupo parlamentario de Morena, en representación de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, propuso una reforma a diversos artículos de la Constitución, a fin de prohibir a la SCJN invalidar o “interpretar” los preceptos de la Carta Magna.
La iniciativa sostiene que el Máximo Tribunal no tiene la facultad de invalidar los preceptos constitucionales, tal como recientemente se buscó hacer al eliminar la prisión preventiva.
“Esta iniciativa trata de limitar el poder político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la posibilidad de caer en la tentación de inaplicar un precepto constitucional o interpretarlo de tal manera que le resten validez y eficacia; al respecto, se plantea la siguiente pregunta: ¿puede la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar un precepto constitucional? La respuesta categórica es que no”, señala.
En la misma línea de acotar autonomías, destaca la más reciente propuesta de la bancada del PT que, a nombre de la diputada Margarita García García, interpuso una iniciativa para prohibir al presidente de la Mesa Directiva interponer controversias constitucionales, a excepción de que sea avalado previamente por el pleno.
El presidente de la Cámara Baja, Santiago Creel, se pronunció al respecto y advirtió una “grave violación” a las atribuciones que se le confirieron como máximo representante del recinto legislativo de San Lázaro.
“Por supuesto que puedo presentar controversias en el momento que así lo determine, cuando considere que deba defender las competencias y funciones constitucionales de la Cámara. Y no lo duden, lo haré cuando sea necesario, a pesar de que alguien, algunos o la mayoría pidan mi remoción.
“Quitarme facultades en estas condiciones, y sobre todo las que está viviendo el país, me parece de lo más grave. Ya están aconteciendo situaciones graves por sí mismas para quererle restar funciones a alguien que emerge de la oposición”, declaró Santiago Creel a EL UNIVERSAL.
A espera de dictaminación, está también una propuesta del diputado morenista Martín Sandoval para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de establecer que el presidente o presidenta de la Sala Superior del TEPJF “podrá ser removido por transgredir grave o reiteradamente la Constitución, con el voto de al menos cinco magistrados”.
Otra iniciativa que se analizará en la Comisión de Justicia es la de Marco Antonio Medina Pérez, diputado de Morena, para permitir que el Poder Judicial castigue al Tribunal Electoral. “La presente iniciativa busca hacer eco de la preocupación del Presidente de la República, con la finalidad de otorgar al CJF herramientas para poder vigilar y castigar al TEPJF”, señala.
En contraste, en la Cámara de Senadores no hay registro de propuestas encaminadas a limitar poderes autónomos.