Añadir una segunda vuelta en las elecciones presidenciales, acotar las conferencias mañaneras, reglamentar los gobiernos de coalición, fortalecer la autonomía presupuestaria del Instituto Nacional Electoral (INE) y endurecer las penas a la intervención de grupos del crimen organizado en los comicios. Estas son las propuestas de la oposición para contrarrestar la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador, una de sus máximas prioridades de aquí al final del sexenio.
La Cámara de Diputados ya se prepara para la inminente discusión en comisiones de una nueva reforma constitucional, lo que augura otro capítulo de tensiones entre la oposición y el bloque oficialista. PAN y Movimiento Ciudadano ya han mostrado con firmeza sus reservas a la iniciativa del Gobierno. Mientras que el PRI se mantiene de momento más ambiguo. Los votos del partido tricolor son claves, porque su apoyo sería suficiente para aprobar una iniciativa presidencial que incluye remover y reemplazar a todos los consejeros y los magistrados electorales, erradicar los institutos electorales locales, recortar el financiamiento público a los partidos y eliminar la representación proporcional plurinominal en el Congreso, medidas estas dos últimas que afectarían gravemente a los institutos políticos minoritarios.
La electoral es una de las reformas prioritarias López Obrador, además de la eléctrica y la recién aprobada modificación constitucional que avaló extender hasta 2029 la actuación del Ejército en labores de seguridad pública. El cabildeo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, derivó en un “acuerdo político” de largo aliento que ya posibilitó el blindaje del Ejército en las calles. Un acuerdo que, ante una alianza opositora todavía en reconfiguración, parece también encaminar el futuro de la reforma electoral al menos en el Congreso.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, el morenista Ignacio Mier, anunció que esta semana comenzarán las negociaciones entre las fuerzas políticas a fin de integrar un primer documento de trabajo en el que, aseguró, se tomarán en cuenta puntos de las más de 50 iniciativas de reforma presentadas durante los foros de Parlamento Abierto realizados entre julio y agosto y en los que participaron especialistas en materia electoral y legisladores. Con base en ese documento de partida, dijo Mier en conferencia de prensa este martes, las comisiones de Puntos Constitucionales, de Reforma Político-Electoral y de Gobernación comenzarán a preparar, finalmente, un proyecto de dictamen que podría ser votado por el Pleno de la Cámara de Diputados la próxima semana.
El PAN apuesta por una reforma en la que se establezca la segunda vuelta o balotaje para la elección presidencial, a fin de que, si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta de la votación emitida –más del 50% de los sufragios–, los dos primeros lugares vuelvan a contender en un cara a cara. La iniciativa panista sostiene que este modelo garantiza un “resultado electoral irrefutable” y “un amplio respaldo popular para el ganador”, con lo que se evitaría la judicialización de los resultados y se garantizaría la gobernabilidad.
Las iniciativas de la oposición también plantean reglamentar los gobiernos de coalición, para que, en caso de que el partido del presidente no cuente con mayoría absoluta en las Cámaras del Congreso, pueda suscribir un convenio con uno o varios de los partidos perdedores en el que se establezca un programa de gobierno y una agenda legislativa comunes.
El PAN propone que la intervención del crimen organizado sea considerada una causal de nulidad de una elección, ante los indicios –según su propia iniciativa– de que grupos delincuenciales operaron en la elección estatal de Michoacán de 2021, en la que resultó electo el morenista Alfredo Ramírez Bedolla. “Al no estar debidamente regulado por nuestra normativa en materia electoral, se permitió que varias de las elecciones donde hubo una evidente intervención del crimen organizado fueron validadas”, dice el documento.
Respecto de las conferencias mañaneras que encabezan tanto el presidente López Obrador como varios mandatarios locales en sus estados, se proponen modificaciones al artículo 134 constitucional para introducir que las campañas de comunicación social cumplan criterios de “veracidad y verificabilidad”. Para la oposición se trata de un espacio que “promueve la confrontación y la persecución institucional y vulnera el principio de división de poderes”
Movimiento Ciudadano impulsa una reforma que garantice la “autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión” del INE, y que los gobiernos estatales aseguren el financiamiento de los institutos electorales locales, lo que contrasta con la propuesta de López Obrador, que busca la eliminación de estos organismos por considerarlos costosos e innecesarios, dado que, según la iniciativa presidencial, sus tareas han sido desempeñadas cada vez más por el árbitro electoral nacional.