De los 11 mil 149 millones de pesos por aclarar reportados en la segunda entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública 2021, 63% corresponde al gasto federalizado ejercido en los estados y municipios.
Entre los pendientes por solventar por parte del gobierno federal destaca el de la Comisión Federal de Electricidad, con mil 634 millones de pesos de cuentas por cobrar.
El reporte de la Auditoría Superior de la Federación, entregado ayer a la Cámara de Diputados, indica que de los siete mil 122 millones de pesos de gasto federalizado que deberán aclararse este año destacan los recibidos por los gobiernos locales bajo el concepto de seguridad, por mil 343 millones. En educación, el monto pendiente es de mil 750 millones y en infraestructura social, de mil 269 millones.
Liconsa tiene por solventar una cantidad de 258 millones, adicionales a los nueve mil 500 que se acumularon en Segalmex.
Además, más de dos mil 913 millones de pesos son recursos no solventados por parte de las secretarías de Agricultura, Economía, Trabajo e Infraestructura, empresas productivas del Estado y el Conacyt.
El auditor David Colmenares dijo a los legisladores que la ASF ha presentado en el último año más de 30 denuncias ante la FGR relacionadas con irregularidades de alto impacto, que podrían constituir delitos.
AUDITORÍA: FALTAN POR ACLARAR 11,149 MDP
La segunda entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública 2021 reporta un monto de 11 mil 149 millones de pesos por aclarar. El 63% corresponde al gasto federalizado que se ejerció en estados y municipios.
De los recursos pendientes por solventar por parte del gobierno federal, destaca el de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) corporativo con mil 634 millones de pesos.
De los montos observados por la Auditoria Superior de la Federación que ayer entregó dicho reporte a la Cámara de Diputados, hubo una recuperación de 643 millones de pesos.
De los 7 mil 122 millones de pesos que en el rubro del gasto federalizado deberán aclararse en lo que resta del año, destacan los recibidos por los gobiernos locales en 2021 por concepto de seguridad con un monto observado pendiente de mil 343 millones.
En educación, la cantidad a solventar suma mil 750 millones; en infraestructura social mil 269 millones; en saneamiento financiero, es decir el recurso destinado para arreglar sus deudas mil 732 millones de pesos.
Y por participaciones referidas a fondos diversos como los de infraestructura social, los estados y municipios en términos globales deberán aclarar mil 22 millones de pesos.
El monto de los 11 mil 149 millones de pesos suma los 836 millones de pesos corresponden a la primera entrega y los 10 mil 312 millones de pesos de esta segunda entrega que ayer presentó vía zoom a la Cámara de Diputados, vía zoom, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo.
El nuevo reporte contiene 692 informes individuales derivados de 102 auditorías de cumplimiento financiero, 26 de desempeño y 564 con ambos enfoques.
Dentro de la segunda entrega, existen 506 auditorías que contienen los denominados pliegos de observación, instrumento jurídico mediante el cual la ASF da a conocer a las entidades fiscalizadas las observaciones de carácter económico, derivadas de las auditorías, en las que se determina un presunto daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. De esa cifra, 339 corresponden al gasto federalizado.
De la administración federal, destacan 10 cuentas por cobrar de la CFE Corporativo, esto significa que se trata de recursos pendientes que esa empresa no ha podido cobrarles a sus deudores, incluidos algunos fideicomisos, servicios a terceros, adeudos del área jurídica, pólizas y reclamaciones de seguros.
Vía zoom, el titular de la Auditoría Superior, David Colmenares, dijo que se han presentado más de 30 denuncias ante la FGR. Foto: Especial
Se trata en cuanto a esta segunda entrega de informes, de la observación con un mayor monto observado en el caso de la administración del gobierno federal, con mil 634 millones pesos.
Igualmente figuran la Comisión Nacional del Agua por el Túnel Emisor Oriente con 120 millones de pesos.
Hay observaciones también por la subcontratación de servicios con terceros para el ISSSTE POR 282 millones de pesos
Y para Liconsa está pendiente por solventar una cantidad de 258 millones que se estaría sumando a los 9 mil 500 que se acumularon a Segalmex en las cuentas públicas e informes que corresponden al actual sexenio.
En el caso de obras federales hay recursos por solventar en el caso de la ampliación del tren eléctrico de Guadalajara por 419 millones de pesos.
Más de dos mil 913 millones son recursos no solventados por las secretarias de Agricultura, Economía, Trabajo e Infraestructura, empresas productivas del Estado y Conayct.
En el acto de entrega, el diputado Victoriano Wences Real (PT) comentó que el 85% de las auditorías son de cumplimiento con énfasis en obras de infraestructura
Dijo el petista que resulta fundamental revisar las considerables irregularidades que se presentan a nivel estatal y municipal
Acción Nacional, por conducto del diputado Iván Arturo Rivera señaló que “contrario a su promesa de acabar con la corrupción, ésta se ha normalizado. Advertimos desde 2019 que se abusa de la figura de adjudicación pública con 8 de cada 10 contratos”.
Comentó el panista que el mayor abuso se ha dado en 99% de las adjudicaciones directas en Insabi y en 98% en Segalmex.
El diputado Rivera remarcó que en el escándalo en Segalmex arrojaba al cierre de 2021 irregularidades por casi 10 mil millones de pesos.
Por Morena, habló el diputado Emmanuel Reyes Carmona, dijo que el modelo de país donde predominaba la corrupción, el despilfarro y la falta de transparencia ha quedado en el pasado.
El auditor Colmenares dijo a los legisladores que en el último año la ASF ha presentado más de 30 denuncias ante la fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con irregularidades de alto impacto que podrían estar constituyendo delitos. Dijo que se tiene un listado de alrededor de 2 mil servidores públicos sancionados por asuntos que ya son cosa juzgada.
Reitero que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación no necesariamente tienen que ver con actos de corrupción, habiendo en términos de la ley, la posibilidad de aclarar y solventar posteriormente las observaciones”, precisó el auditor Colmenares.