Tlalnepantla, foco rojo
El 15 de enero de 2004, el municipio de Tlalnepantla amaneció sitiado por cerca de mil efectivos de la Policía preventiva estatal, Ministerial y hasta elementos de la Municipal de Cuernavaca que acudieron en apoyo. Cerca de las 23:40 de la noche una caravana de 60 patrullas intentó ingresar por el acceso principal al centro de la población.
“Las patrullas, por órdenes del secretario de Seguridad Pública del estado, Jesús Sebastián Insunza Gutiérrez, ingresaron por el sinuoso camino asfaltado, pero fueron repelidos con disparos de armas de fuego, piedras y petardos por un grupo de vecinos escondidos entre los cultivos de nopal a las laderas del cerro. Una bomba molotov impactó la patrulla 2083, que encabezaba el convoy, lo que obligó a sus ocupantes a salir rápidamente y subir a otra unidad para escapar”, escribió el corresponsal de La Jornada, Fernando Baltazar.
En la plaza del palacio municipal integrantes del consejo municipal autónomo colocaron barricadas entre la parroquia y la biblioteca, con el propósito de impedir el acceso de 150 simpatizantes del priísta Elías Osorio Torres, quienes al ser informados por teléfono celular de que había fracasado el primer asalto policiaco, se replegaron hacia la unidad deportiva que se ubica a cinco cuadras de esa plaza.
“¡Ya están aquí, a unas cuadras!”, gritaron, y para convocar a la concentración y defensa de su municipio tocaron las campanas; casi simultáneamente la policía estatal soltó las primeras bombas de gas lacrimógeno. La gente instalada en la plaza se replegó y empezó un intercambio de balazos. El primero en caer fue Benjamín Medina. “Hijos, de su... ¡me dieron, me dieron”!, decía al tiempo que con la mano derecha se tocaba el pecho y se veía la mano ensangrentada.
Algunos corrieron y otros, molestos y recordando que el gobernador Sergio Estrada Cajigal había declarado públicamente que no se utilizaría la fuerza pública, fueron a la casa de Elías Osorio, situada a una cuadra de la plaza. Ahí rompieron cristales de la casa y trataron de incendiarla con bombas molotov, luego quemaron una camioneta del alcalde priísta.
En la refriega resultó herido de gravedad Gregorio Sánchez Mercado, de 36 años, quien murió en el hospital general de Cuautla. Además, decenas de personas resultaron heridas por los proyectiles lanzados por la policía.
Han pasado 18 años de esos sangrientos acontecimientos, y nuevamente la sombra de la violencia se vuelve a percibir en ese pequeño municipio ubicado en los límites de Morelos con el estado de México y la capital del país, con poco más de siete mil habitantes que en su mayoría se dedican al cultivo de nopal y aguacate.
El pasado uno de enero tomó protesta como alcalde Ángel Estrada Rubio, un hombre de campo que ganó las elecciones el año pasado bajo las siglas RSP (Redes Sociales Progresistas), un partido propiedad de la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, y que en Morelos le fue encargado a Rosario Herrera alias “La Jefa”. Ella -aunque su hermana era la que aparecía como presidenta del partido- se ocupó de recorrer el estado en busca de líderes que le fueran redituables para obtener alcaldías y diputaciones.
Le fue bien, pues ganaron dos alcaldías (Jantetelco y Tlalnepantla), así como una diputación plurinominal que quedó en manos de la sobrina de Elba Esther, Erika Hernández Gordillo. Sin embargo, en noviem-bre del año pasado “La jefa” fue detenida por presuntos nexos con la delincuencia organizada, sin que nadie sepa de su paradero y status legal.
De esa manera los alcaldes que llegaron bajo las siglas de RSP quedaron “huérfanos”, es decir, sin respaldo político. En el caso de Tlalnepantla, la actuación de Ángel Estrada es controversial. Se dice que “maltrata a los trabajadores”, lo que el edil acepta, pero asegura que es porque no quieren trabajar.
A pesar de que apenas lleva 10 meses en el cargo, ya tiene en contra a todo el Cabildo y varios ayudantes municipales. El domingo antepasado se llevó a cabo una “asamblea del pueblo”, para evaluar su desempeño. Todavía no se discutía nada en concreto cuando un grupo identificado con el regidor Armando Lazcano Granda comenzó a gritar: “¡fuera, fuera, fuera!”.
Al otro día, los regidores Lazcano Granda, Oscar Ramírez Primo y Elpidia Torres Ramírez sesionaron con carácter de urgente y firmaron un acta de Cabildo en la que desconocen a Ángel Estrada como presidente municipal, designando en su lugar a la síndica Gisela Mercado Chávez.
Ambos bandos aseguran tener la razón: “Quieren más dinerito pero no vamos a darles. Eso se acabó. Todo debe ser para la gente y ni los regido-res ni síndicos ni nadien (sic) lo va a impedir hagan lo que hagan”, decía el alcalde en una entrevista a un medio de comunicación local días antes de que estallara el conflicto.
“No hemos pedido dádivas; él hace obras y luego sólo pide que se le firme. Las cosas como son primero se designan, se aprueba y se ejecuta y él hace las cosas al revés”, reviran los funcionarios municipales.
En diversas entrevistas, el edil asegura que los regidores tienen un sueldo de 20 mil pesos mensuales, “pero quieren ganar 30 mil”.
Hasta este momento no se ha aclarado si el conflicto político tiene relación con el atentado que sufrió el alcalde el pasado 3 de junio, cuando un sujeto con sombrero bajó de una motocicleta que era conducida por un segundo hombre y comenzó a dispararle al funcionario que logró refugiarse en su casa. De no haber un video donde se observan los hechos, nadie hubiera creído que hubo un atentado en su contra, pues de todos los disparos que se hicieron, ni uno le atinó.
Después de la “destitución” ambos grupos antagónicos se dirigieron a la capital del estado. Los inconformes se entrevistaron con diputados de la LV Legislatura para que los apoyen en su intención de derrocar al munícipe, en tanto que el aludido se entrevistó con homólogos y con directivos del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (IDEFOM), con funcionarios de la Secretaría de Gobierno y con medios de comunicación, a fin de convencerlos de que se trata de un conflicto que no tiene más sustento que las exigencias de sus compañeros de Cabildo para que se les incremente sus percepciones monetarias.
Mientras tanto, tenemos información de que con anterioridad ya se habían iniciado en la Fiscalía Anticorrupción dos carpetas de investigación por los delitos de abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, así como extorsión; delitos cometidos por el presidente municipal, Ángel Estrada Rubio y su contadora, Arlet Aguilar Ávila, mismas que quedaron radicadas con los numerales FECC/316/2022 y FECC/329/2022.
Según esa denuncia, el alcalde y su contadora habrían exigido a policías municipales el pago de cinco mil pesos para que siguieran trabajando y no fueran dados de baja. Algunos agentes se negaron a pagar la extorsión y por eso fueron despedidos por el presidente Municipal, Ángel Estrada y presentaron una denuncia ante las autoridades correspondientes, misma que permanece en algún cajón del fiscal Juan Salazar Núñez o su brazo derecho, Edgar Núñez Urquiza.
El Gobierno del estado, específicamente la Secretaría de Gobierno que encabeza Samuel Sotelo Salgado, tiene en Tlalnepantla una de las pruebas más difíciles. Urge que intervengan como mediadores, pues ya se comprobó que el uso de la fuerza como ocurrió hace 18 años, no es benéfico para nadie.
HASTA MAÑANA.