El problema de la inseguridad no sólo son los ejecutados, las personas secuestradas, los negocios extorsionados, los ciudadanos vejados y las familias divididas. Además de ello está el deterioro del tejido social, la debacle económica, el incremento del desempleo y e éxodo masivo. La lucha no es sencilla, sobre todo cuando quien está al frente no acepta la realidad de las cosas.
La seguridad fue bandera de campaña del PRD en Morelos, pero la inseguridad es el punto que ha hecho naufragar al gobierno de Graco Ramírez. En la nueva visión el tema se maneja de una sola manera y no se acepta ninguna versión distinta: para el PRD el Mando Único es la panacea y los resultados son siempre positivos. Aunque el modelo de seguridad en Morelos no funciona, el discurso triunfalista se maximiza porque es el eje de la campaña del tabasqueño en la carrera presidencial. En Morelos el MU fracasó.
El debate sobre la viabilidad del modelo de seguridad impuesto en Morelos es duro, porque paso de ser una opción a una imposición en todos los municipios. El discurso oficial se adecúa al estado de ánimo del gobernador y se mueve según los intereses personales del tabasqueño: cuando conviene se habla del deseo de los alcaldes por sumarse; cuando no se acusa a los ediles de proteger a los delincuentes y se les obliga a entregar el control de las policías.
Lo mismo ocurre con los escenarios que rodean a este plan de seguridad: en diciembre el gobernador decía que Morelos era territorio de paz, que el mando único daba resultados y que el avance en la lucha contra la delincuencia era palpable. En enero, luego de la ejecución de la alcaldesa de Temixco el discurso cambió radicalmente: se habló de una crisis de inseguridad en 15 municipios y se impuso el MU en dichas localidades.
Pero el problema de fondo no es el mando único, ni los arrebatos hormonales del gobernador. Lo más grave es la indefensión en la que se encuentran miles de ciudadanos, la doble victimización que sufren miles de personas y el acelerado desprestigio de las instituciones y cuerpos de seguridad. El Mando Único puede ser el camino para que la situación mejore, pero la forma como se ha implementado este modelo en Morelos no es adecuado porque se sintetiza en el control total de las policías en lugar de fomentar la profesionalización, la capacitación, la depuración y la investigación.
El comisionado de seguridad de Morelos es un actor que sabe vender su producto, pero no ha sido capaz de ganarse el liderazgo entre las corporaciones locales. El primer paso que dio el Rambo de Tijuana fue traer personas de la frontera que no conocen la entidad, ni la cultura ni la geografía de esta región; peor aún: el Tijuana Squad ha dividido a las corporaciones morelenses, ha marcado territorio y generado molestia entre los uniformados locales. En lugar de tener una sola policía cohesionada hoy existen muchos grupos e intereses dentro de la CESP.
El gobierno estatal defiende desesperadamente su modelo de seguridad porque le representa millones de pesos (muchos de ellos no fiscalizables) y le concede el control total de las corporaciones de seguridad en todo el estado. Visto desde un ángulo optimista tenemos un solo cuerpo de seguridad, pero si se piensa con un poco de perversidad lo que ha sucedido es que se puso el estado en manos de un grupo de personas que vienen de la frontera para que hagan con el estado lo que mejor convenga a sus intereses.
En resultados la historia también se puede leer de diferentes maneras: en los boletines oficiales se destaca el éxito de un proyecto que tiene el centro de control más moderno del país y ha disminuido (muy poco) los niveles de inseguridad; frente a ello aparecen las cifras oficiales que colocan a Morelos como uno de los estados más inseguros de México y en donde, a pesar de las miles de cámaras (supuestamente) instaladas, los delitos se siguen cometiendo a plena luz del día sin que quede registro de ello en los equipos de videograbación.
No hay manera de defender con argumentos las cifras que al respecto arrojan diferentes instituciones públicas o privadas. Pese al discurso triunfalista y la presunción de que Morelos es territorio de paz con el MU, nuestra entidad ocupa uno de los primeros cinco lugares a nivel nacional en los cinco delitos de alto impacto más lacerantes. Más aún: a pesar de que el tabasqueño pregona que su estrategia de seguridad es funcional y su gobierno da resultados, en lo que va del presente año 103 personas ha sido ejecutadas y 30 mujeres han sido asesinadas. La última hace unos días a unas cuadras del centro de la capital.
Pero lo más grave de esta historia, más grave que los asesinatos y las ejecuciones, las extorsiones y los secuestros, los levantones y los feminicidios, los asaltos y el cobro de piso, es que este gobierno y su titular no aceptan que hay problemas y consecuentemente no hacen nada por corregir las fallas. En tres años de administración perredista en Morelos han ocurrido más de mil ejecuciones, pero eso no ha sido suficiente para modificar la actitud del gobernador ni para escuchar las voces de dolor que reclaman ayuda.
Entendamos que para Graco Ramírez la prioridad no es Morelos: la agenda que marca el rumbo de perredista está fuera de las fronteras del estado, se ubica en el plano nacional y se centra en la carrera presidencial. El desgaste social y político del jefe de Los Chuchos ha aniquilado sus aspiraciones presidenciales, pero precisamente por ello el tabasqueño se aferra desesperadamente a una candidatura (o algo equiparable) que le pudiera conceder la impunidad que necesita al término de su mandato. Si Graco Ramírez se queda hasta el final de su mandato y su partido pierde las elecciones, es altamente probable que la justicia lo siga y encarcele.
Graco Ramírez es hoy el perredista más priísta de México: fue el primer personaje de la izquierda en reconocer el triunfo de Enrique Peña Nieto, fue uno de los promotores principales del Pacto Por México, fue un alentador entusiasta de las reformas impulsadas por el gobierno de la república y sigue siendo el mandatario que más aplaude todas y cada una de las acciones y decisiones del presidente. Así es el juego de Graco: con Calderón fue el senador que más cabildeó la reforma energética; Graco es un político de la vida galante.
La inseguridad es un flagelo que está lastimando mucho a Morelos, los costos de la inseguridad se reflejan de diferentes formas: el desempleo ha crecido, el desarrollo se ha estancado, las propiedades se han devaluado y la deuda pública aumentó considerablemente. Tan sólo en 2014 la tasa de delitos en el estado de Morelos fue de 29 mil 647, más que la media nacional; en 2012 –cuando asumió el cargo– la tasa de desempleo era 3.5 por ciento; hoy es de 4 por ciento.
El fracaso del modelo de seguridad en Morelos pega al estado de muchas formas. En principio a quienes son víctimas de la delincuencia y objeto del desprecio institucional, pero también aqueja a quienes pierden su empleo, son afectados en su patrimonio o han tenido que cambiar su modo de vida como consecuencia de la inseguridad.
Para que las cosas mejoren, hay que cambiar la forma como opera el plan de seguridad en Morelos. Pero para que eso suceda, primero debe cambiar la actitud del gobernador.
- posdata
Antes de irse de vacaciones los diputados nombraron al nuevo ombudsman de Morelos. Con 23 votos a favor el congreso designó a Jorge Arturo Olivares Brito nuevo presidente de la comisión estatal de los derechos humanos. Su designación, como nunca antes, fue en medio de gritos, descalificaciones y muy serias acusaciones de corrupción y acoso sexual del nuevo defensor de los derechos del pueblo.
La votación de Olivares Brito fue a la vez un duelo de poder dentro del congreso; dos legisladores midieron fuerzas y uno de ellos (Francisco Santillán) demostró más capacidad de operación política y consensos. Hortencia Figueroa se quedo sola, por su candidata sólo votaron tres personas: ella, Jesús Escamilla y alguien más, es decir, en el mejor de los casos sólo convenció a un miembro más de su bancada.
La designación fue compleja desde todos los ángulos: la maniobra política de quienes apostaron por el varón fue excelsa a pesar de que se trataba de un personaje con pocos méritos para ocupar el cargo. Políticamente hubo un ganador, aunque socialmente quedaron muchos perdedores, empezando por los ciudadanos de Morelos.
La de Jorge Arturo Olivares Brito no será una gestión sencilla: su personalidad y sus antecedentes en el sector público no advierten nada bueno y por el contrario, es posible suponer que en breve la comisión se entregará a los brazos del gobernador y dejará de lado la enorme responsabilidad social que tiene con los ciudadanos y las víctimas de la violencia.
Insisto: políticamente la designación del priísta es un triunfo para sus promotores; socialmente es un enorme retroceso para la lucha a favor de los derechos humanos.
- nota
Así lo escribió hace unos días Héctor Gutiérrez en El Financiero:
“Graco Ramírez, gobernador de Morelos, prometió durante su campaña, someter su mandato a revocación cada dos años. “(…) Que el ciudadano tenga acceso pleno a la iniciativa popular; referéndum y plebiscito e incorporar en la legislación estatal la figura de la revocación de mandato cada dos años”, se lee en su plataforma de campaña. Nunca lo cumplió.
Incluso el 5 de junio de 2012, en campaña, sostuvo vía Twitter: “Cada dos años, como gobernador de Morelos, me someteré a votación para que la gente decida si me quedo o me voy. Habrá revocación de mandato”.
Una vez ganadas las elecciones y, para romper esta promesa de campaña, en 2014 ordenó que las leyes locales se “armonizaran” con la reforma electoral que acababa de ser aprobada por el Congreso de la Unión, situación que aprovechó para desaparecer de la Ley de Participación Ciudadana de Morelos al órgano local que sería el encargado de someter a consulta la revocación de su mandato.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), por cada 100 delitos cometidos en 2014, sólo diez se denunciaron. Esto, de acuerdo con Gerardo Becerra, se debe a que “la ciudadanía ha perdido totalmente la confianza en sus autoridades”.
Y es que, de acuerdo con esta encuesta, de cada diez delitos que se cometen en Morelos, en menos de un caso de denuncia se inició la averiguación previa correspondiente.
Según la ENVIPE 2015, tan sólo en 2014 la tasa de delitos en Morelos por cada 100 mil habitantes fue de 29 mil 647, superando incluso la media nacional, que fue de 28 mil 200.
También se comprometió a generar miles de fuentes de empleo. Cuando asumió el gobierno, a finales de 2012, la tasa de desempleo, de acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo, era de 3.5 por ciento, pero hoy en Morelos 4 de cada 10 habitantes no tienen empleo, es decir, la tasa de desempleo subió .5 por ciento.
En cuanto a la pobreza, en la plataforma de campaña de Graco Ramírez se establece: “Esta visión de Morelos nos llevaría en un relativo corto plazo, a reducir la pobreza, aumentar el bienestar de la mayoría de los morelenses (…)”.
La realidad es otra. Incluso el Coneval reporta que Morelos es la entidad en donde la pobreza creció más entre 2012 y 2014; es decir, cuando Graco Ramírez asumió el gobierno, 45.5 por ciento de la población de Morelos vivía en la pobreza. Dos años después, 52.3 por ciento de los morelenses lo estaban.
- post it
El primer duelo político entre el gobierno capitalino y sus adversarios ocurrió con la selección de los ayudantes municipales. En la selección de las autoridades auxiliares, los gobiernícolas de Cuernavaca y sus contras midieron fuerzas. Al final el acomodo de piezas por afinidad personal o política quedó, dicen, de la siguiente manera:
Manuel Martínez: Chipitlán
PRD: Acapantzingo
PSD: Tlaltenango
PRI: Chamilpa, Santa María, Tetela, San Antón, Chapultepec y Amatitlán
Saque cada quien sus conclusiones.
- redes sociales
Con 103 personas ejecutadas en 87 días ¿Cómo se puede hablar que Morelos es territorio de paz?
¡A claro! Visto desde Polanco.
Comentarios para una columna relajada: eolopacheco@elregional.com.mx
Twitter: @eolopacheco www.facebook.com/Eolopachecomx