Las reformas a la constitución federal en materia de derechos humanos no han sido suficientes para evitar que las autoridades sigan afectando a la población con sus excesos u omisiones. Nuestra máxima ley reconoce el derecho humano a la salud, a la justicia, a la vida, a un medio ambiente adecuado, a la defensa del interés superior del menor y a otras cosas más, pero nada se cumple.
En los primeros meses de este año muchas personas han sido secuestradas, torturadas y asesinadas sin que se haya detenido a los responsables de los delitos. Cuerpos descuartizados son abandonados en vía pública con mensajes escritos o tácitos que demuestran la falta de temor o respeto a la autoridad y ésta los recibe con indolencia, los guarda y acumula pero no resuelve.
Los muertos sufrieron la primera victimización al ser privadas de la vida por los delincuentes y la segunda la infirió la autoridad cuando sin investigación alguna, basada en los datos visibles, declara que se trata de una ejecución o ajuste de cuentas entre bandas criminales. Esto que se conoce también como criminalización de las víctimas resulta tan grave como lo primero, ya que es la autoridad encargada de investigar el delito quien sin prueba alguna de su dicho afirma cuestiones que ciertas o no implican un prejuicio que llega a la opinión pública, lo que le hace sentirse liberada de la obligación de realizar diligencias o desahogo de pruebas para esclarecer los hechos y determinar qué persona o personas ejecutaron el crimen.
Desde hace tiempo hemos venido observando esta conducta oficial y su falta de resultados. Existen más de cien mil homicidios no esclarecidos en todo el país y a esa cifra se acumula la de cada día. Para no ir más lejos, este fin de semana se cometieron en Acapulco más de cuarenta homicidios y en Morelos llevamos más de cien en menos de tres meses, sin que se haya detenido a los responsables y esta cifra se constriñe a cuerpos localizados, sin contar los sepultados en fosas clandestinas que guardan muchos más.
A pesar de lo evidente, el discurso gubernamental se encamina en sentido contrario al sentir popular, “vamos ganando la lucha a la delincuencia”, “hemos disminuido el secuestro”, “abatimos los delitos graves”, entre otras frases que más huecas no pueden escucharse. No faltan gobernadores que proponen la legalización de la mariguana o la amapola como medio para disminuir la criminalidad, sin valorar que no todos los delitos están relacionados con el narcotráfico. Hoy la extorsión, el secuestro, el robo de vehículos, el robo genérico, el fraude, son cometidos por delincuentes comunes que cuentan con experiencia, equipo y recursos económicos para actuar con mayor eficacia e impunidad, y son precisamente estos grupos los que ponen en riesgo a cada individuo y consecuentemente desestabilizan a la sociedad en general.
Inhibir la denuncia para abatir las estadísticas funciona para el discurso oficial pero no para la población. Todos sabemos que se deja de denunciar porque se pierde mucho tiempo en ello o cuando se denuncia no hay resultados o si se llega a detener al delincuente la víctima se siente amenazada y deja de acudir a las audiencias propiciando la liberación del imputado o se le libera por deficiencias en la integración de la carpeta, lo cual nos lleva a tener un índice de impunidad del noventa y siete por ciento, lo que significa que solamente tres de cada cien delitos lleva a los responsables a recibir una sanción.
La falta de resultados en la investigación pone en riesgo a la población porque los delincuentes actúan con impunidad y si a eso sumamos el maquillaje de las estadísticas delictivas, tenemos el caldo de cultivo en el que todos estaremos en riesgo de ser víctima de algún delito, así que independientemente de lo que diga la autoridad, usted tome sus precauciones, cuide a su familia y proteja su integridad y su patrimonio en la mejor forma posible. Evitemos la doble victimización.