Para concretar los beneficios de la reforma que establece los “entornos escolares saludables” y prohíbe la publicidad y comercialización de bebidas azucaradas y comida chatarra en los planteles escolares, es necesaria la reglamentación e intervención de las autoridades de salud.
Así lo advirtió el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (Aepaf) Mauricio Miranda Villalva, quien celebró la recientemente aprobada modificación a la legislación federal, pero advirtió que se necesita de mucha disposición para cumplirla, pues hay intereses económicos de por medio.
El representante de la agrupación hizo énfasis en que no sólo hay intereses de las grandes empresas que elaboran esos productos, sino a más baja escala pero que inciden de mayor manera a nivel de cada escuela, porque son quienes finalmente toman decisiones.
Insistió en que no se han logrado aplicar los lineamientos que ya existían en esta materia - que en Morelos se comenzaron a generar desde hace varios años- por la oposición de grupos, pero primordialmente de las y los directores de las escuelas, que son quienes acaparan el manejo económico de las cooperativas y deciden quiénes son los que pueden ingresan a vender a los centros educativos.
La legislación federal poner en el centro el objetivo de abatir la obesidad infantil, padecimiento en el que México tiene el primer lugar mundial en incidencia.
Entrevistado al respecto, Mauricio Miranda dijo que la única alternativa visible por ahora es que intervengan las autoridades de salud estatales y municipales, para que se verifique realmente el cumplimiento de la norma.
Hizo notar que se necesita un reglamento que considere varios aspectos, entre ellos la capacitación a maestros y directivos e incluso a los propios padres de familia.
Refirió por ejemplo que se han encontrado con constantes inconformidades de madres de familia, porque en las escuelas de nivel preescolar se han enfrentado con maestras que no actúan en lo que respecta a los vendedores de golosinas y demás productos de alto contenido calórico, pero sí les quitan y tiran a los niños cosas como yogurts, jugos, galletas y otros alimentos que les mandan desde su casa.
“Consideramos que en esos casos falta más criterio de las maestras y por otro lado la sensibilización a las familias y capacitación en todos los niveles y actores de las comunidades educativas; también es relevante la participación de los ayuntamientos, si no, otra vez quedará en letra muerta”, concluyó.
Para concretar los beneficios de la reforma que establece los “entornos escolares saludables” y prohíbe la publicidad y comercialización de bebidas azucaradas y comida chatarra en los planteles escolares, es necesaria la reglamentación e intervención de las autoridades de salud.
Así lo advirtió el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (Aepaf) Mauricio Miranda Villalva, quien celebró la recientemente aprobada modificación a la legislación federal, pero advirtió que se necesita de mucha disposición para cumplirla, pues hay intereses económicos de por medio.
El representante de la agrupación hizo énfasis en que no sólo hay intereses de las grandes empresas que elaboran esos productos, sino a más baja escala pero que inciden de mayor manera a nivel de cada escuela, porque son quienes finalmente toman decisiones.
Insistió en que no se han logrado aplicar los lineamientos que ya existían en esta materia - que en Morelos se comenzaron a generar desde hace varios años- por la oposición de grupos, pero primordialmente de las y los directores de las escuelas, que son quienes acaparan el manejo económico de las cooperativas y deciden quiénes son los que pueden ingresan a vender a los centros educativos.
La legislación federal poner en el centro el objetivo de abatir la obesidad infantil, padecimiento en el que México tiene el primer lugar mundial en incidencia.
Entrevistado al respecto, Mauricio Miranda dijo que la única alternativa visible por ahora es que intervengan las autoridades de salud estatales y municipales, para que se verifique realmente el cumplimiento de la norma.
Hizo notar que se necesita un reglamento que considere varios aspectos, entre ellos la capacitación a maestros y directivos e incluso a los propios padres de familia.
Refirió por ejemplo que se han encontrado con constantes inconformidades de madres de familia, porque en las escuelas de nivel preescolar se han enfrentado con maestras que no actúan en lo que respecta a los vendedores de golosinas y demás productos de alto contenido calórico, pero sí les quitan y tiran a los niños cosas como yogurts, jugos, galletas y otros alimentos que les mandan desde su casa.
“Consideramos que en esos casos falta más criterio de las maestras y por otro lado la sensibilización a las familias y capacitación en todos los niveles y actores de las comunidades educativas; también es relevante la participación de los ayuntamientos, si no, otra vez quedará en letra muerta”, concluyó.